El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, ha presentado este lunes, en las Cortes autonómicas, la memoria de la Fiscalía de la región. En ella, se constata que las denuncias contra la libertad sexual en Aragón crecieron un 30 % en 2017. También crecieron, en un 4,48 %, las diligencias más graves para los casos de agresiones sexuales.
La violencia de género, ha apuntado el fiscal, experimentó un nuevo crecimiento en un año en el que, solo en la provincia de Zaragoza se incoaron 3.426 procedimientos penales frente a los 2.724 de 2016. Rivera ha resaltado la “especial sensibilidad y preocupación” mostradas por el Ministerio Fiscal ante los delitos contra la libertad sexual y ha constatado el “rechazo social que tanto estos delitos como los de violencia de género provocan en la sociedad”.
En el ámbito de la violencia doméstica, en el que las denuncias crecieron de 436 en 2016 a las 539 en 2017, el fiscal superior ha mostrado también su “preocupación” tanto por el aumento de los ataques de padres a hijos, como por los casos de agresiones de hijos a padres, situaciones estas últimas en las Rivera ha manifestado que muestran “especial cuidado” porque se denuncian “cuando ya están especialmente agravadas”.
En cuanto a los delitos cometidos por menores, ha explicado que de las 1.446 diligencias preliminares incoadas en 2017 (44 casos más que en 2016), 851 correspondieron a delitos y el resto a faltas tras la entrada en vigor de la reforma del Código penal de 2015. Del total, 115 diligencias resultaron archivadas porque fueron cometidas por menores de 14 años. También ha destacado los casos de acoso escolar, sobre los que, “afortunadamente, se ha cambiado la idea que había para afrontarlos” y la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a Aragón.
Sí ha querido matizar el importante crecimiento que el informe anual recoge sobre los homicidios por imprudencia, que pasó de las 19 diligencias previas de 2016 a la cifra de 41 expedientes abiertos por esta causa en 2017. Rivera ha explicado que es un dato tomado a “beneficio de inventario” porque “en muchos casos las diligencias previas califican provisionalmente de esta manera y luego ya veremos, como cuando un conductor se sale de una vía y se califica como homicidio por imprudencia, pero en realidad es una muerte por imprudencia del conductor”.
Sobre el sistema de gestión procesal Avantius, recientemente implantado, Rivera ha destacado el “progreso” que supone en el proceso de digitalización de la labor de la Fiscalía, que ya funciona con el mismo programa que maneja Justicia y que ya fue implantado en otras regiones como Cantabria y Navarra y en el Principado de Andorra. Y sobre las necesidades materiales, el fiscal ha mostrado su “confianza” en que la nueva oficina fiscal traiga en los próximos meses una dotación específica de puestos de trabajo, asunto el de la RPT que deberán “luchar” en la Comisión Mixta.