Una treintena de educadores trabajan en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza, el primer recurso residencial y educativo – y las primeras caras- que se encuentran cada año unos 300 menores que precisan una protección urgente por su situación personal y socio familiar. Los educadores piden que no se ponga en riesgo el cumplimiento de la Ley de Infancia mediante “recortes encubiertos” y que se saque a la plantilla del “limbo laboral” en el que entraron el día 3 de octubre de 2014, con la publicación del Gobierno de Aragón de los nuevos pliegos del servicio, que traían la disminución de 154.277 euros del presupuesto en tres años y un “modelo silencioso y dañino”, según la plataforma Educadores en Lucha.
Al concurso solo se presentó la empresa que actualmente gestiona el servicio, la Fundación de Ayuda Integral al Menor (FAIM), con una rebaja del 7,5% en el precio. Se retiró, el concurso quedó desierto y no se convocó uno nuevo. Desde entonces, varias empresas se han ofrecido para su gestión. “Han venido a ver las instalaciones empresas de fuera pero ni nos han avisado”, señala el coordinador del COA, Javier Itxaso. Los trabajadores denuncian “total opacidad” en el futuro proceso de contratación y afirman que el Gobierno de Aragón no les ha dejado ver el expediente administrativo abierto con la empresa Intress, interesada en el relevo.
Los menores salen de sus casas y llegan al centro, donde no están más de dos meses, hasta que se encuentra una residencia más apropiada. Se les saca de situaciones de maltrato, abandono, desamparo, abusos, incluso pueden presentar problemas de conducta, drogas y enfermedades mentales sin diagnostico. Elena López, educadora durante cuatro años y medio en el centro, asegura que la red de protección con la que se encuentran en ese momento “no puede ser tan carencial y contar aún con menos educadores y recursos”, porque afecta a su seguridad. “Por eso es difícil entender el mercadeo que impulsa la Administración con estos contratos públicos”, apunta.
Desde la plataforma Educadores en Lucha, denuncian que estos menores “están siendo silenciados” y expuestos “a subasta”, obviando sus necesidades y priorizando el ahorro económico. Para Noura Eddahbi, que entró en el COA a los 17 años, faltaba y falta personal: “Es algo que se ve cada día. Si te pones malo y el educador tiene que acompañarte al médico, o vamos todos o alguien se queda solo”, asegura. Ahora, tiene 20 años, trabaja en una escuela taller de jardinería y pide “oportunidades para los menores y que se les escuche”. Para Óscar Ballonga, que entró con 15 años y estuvo, en varios periodos durante cinco meses, “llegar con una situación de riesgo de exclusión, sin nada, y encontrarte con que apenas hay ropa o que faltan cosas básicas te genera aún más nervios”.
La plantilla, declarada en huelga desde hace seis meses pero obligada a cumplir con el 100% de los servicios mínimos, pide que una comisión compuesta por parlamentarios de las formaciones con representación en las Cortes de Aragón visiten los recursos residenciales de menores en protección y reforma de forma anual. “Verán cómo no es posible hacerse cargo de nuevos gastos cuando la gestión tiene que ser educativa o añadir cuatro días más de acompañamiento en ingresos hospitalarios o visitas familiares”, apunta la técnica de Intervención social en Médicos del Mundo, Erika Chueca.
La plataforma ha pedido “no dejar en manos privadas las decisiones cuando es el Gobierno de Aragón - con la figura del Director Provincial del Servicio de Protección a la Infancia- quien ostenta la guarda de los menores”, porque esta situación “genera desamparo e incumple con las obligaciones legales en los términos recogidos en la Ley de la Infancia y la Adolescencia en Aragón”.
Los trabajadores del COA han anunciado que si el Ejecutivo autonómico y cualquier empresa llegan a un acuerdo con las mismas condiciones, recurrirán ese contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Asimismo, han pedido a todos los partidos que, de cara a las elecciones, aseguren que la administración pública aplique en estos contratos criterios sociales para su adjudicación.