Los familiares de las personas que fueron asesinadas en la Guerra Civil española en Pomer estaban expectantes. Los trabajos de exhumación de dos fosas comunes donde, según la documentación, se encontraban los restos de hasta 14 vecinos de este pueblo de la comarca del Aranda habían comenzado. Todo marchaba según el plan previsto por el equipo técnico desplazado al lugar. Sin embargo, un error administrativo truncó por unos días la ilusión de los familiares, que tuvieron que ver cómo después de localizar con éxito la fosa, la recuperación de los restos humanos se posponía sine die a la espera de más financiación. El dinero era el principal inconveniente para dar digna sepultura a estos vecinos que perdieron su vida en 1936 fusilados por el bando sublevado.
La financiación con la que en un primer momento contaba la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) para sufragar los costes se redujo prácticamente a la mitad por un fallo administrativo. Según cuenta el presidente de la organización, Miguel Ángel Capapé, ellos contaban con una subvención del Gobierno de Aragón, que sumada a la de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), alcanzaba para llevar a cabo los trabajos. Tener el presupuesto disponible es un requisito imprescindible para esta asociación. Aseguran que no comienzan los trabajos de exhumación de una fosa de esta envergadura, si no cuentan con el dinero suficiente. Así evitan situaciones como la que ocurrió en Pomer.
“Justo el día que comenzamos a localizar las fosa nos comunican desde el Ejecutivo autonómico que ese día terminaba el plazo para justificar los trabajos, cuando la convocatoria había salido unos días antes, ”el 10“, comenta Capapé. ”No nos daba tiempo a presentar la documentación, por lo que tuvimos que rechazar la subvención“, manifiesta. Después de esto, llegó el momento más complicado: comunicar a los familiares que, tras haber comenzado la excavación de la fosa, no podían seguir con la exhumación. ”Esa fue nuestra gran preocupación: ¿cómo íbamos a decirle algo así a los familiares cuando estaban viendo los restos en la fosa?“. Con la financiación de la DPZ, una cantidad de 16.000 euros, solo podía realizarse la primera fase, esto era localizar los restos óseos y volverlos a tapar en el terreno.
Como era de esperar, la noticia cayó como un jarro de agua fría entre las personas interesadas en recuperar los restos. Muchos se habían trasladado desde Barcelona y otros puntos de Aragón, para presenciar la excavación. Pero la indignación pronto se transformó en propuestas. Los familiares no se resignaban a volver a echar tierra sobre los restos, sin antes identificarlos y darles digna sepultura, por lo que decidieron impulsar una campaña de crowdfunding para recaudar los fondos necesarios, que movilizaron a través de las redes sociales. Necesitaban al menos 7.800 euros, y acabaron recaudando el doble, 13.000 euros. Las mayores aportaciones llegaron por parte del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y cinco concejales de su grupo municipal, Zaragoza en Común (ZeC).
El alcalde de Zaragoza donó la mitad de la cantidad necesaria
Santisteve aportó de sus ahorros prácticamente la mitad de la cantidad que se necesitaba para continuar con la exhumación, unos 3.400 euros. Con esta aportación, más las realizadas por los concejales de ZeC, el objetivo quedaba cubierto. Fernando Rivarés puso 1.500 euros, mientras que María Luisa Broto, Elena Giner y Teresa Artigas aportaron 1.100 euros cada una. “Antes nos preguntaron si nos parecía bien y, por supuesto, contestamos que sí”, indica Capapé.
En total, gracias a otras donaciones de particulares y de otras asociaciones, la recaudación llegó hasta 19.090 euros. Con esta cifra, se pudo devolver a los familiares los 5.000 euros que habían aportado inicialmente y continuar con los trabajos. “No queríamos que los familiares pusieran dinero, ya han tenido bastante como para que encima esto les cueste dinero”, indica Capapé.
Finalmente, la exhumación pudo llevarse a cabo y los restos se encuentran en un laboratorio para su informe antropológico. No obstante, desde Arico no dan por finalizados los trabajos en Pomer, ya que esperaban encontrar los restos de 15 personas y solo hallaron los de diez: seis en una fosa y cuatro en otra. “No nos cuadra con la documentación que tenemos, así que volveremos al año que viene”, precisa.
Pomer, un pequeño municipio que en 1930 tan solo contaba con 448 habitantes, hizo frente al bando sublevado tras el al golpe de Estado de 1936. Tal es así que ese verano, en los primeros meses de la Guerra Civil, el municipio sufrió la pérdida de un importante número de sus habitantes. Aunque las cifras se desconocen con exactitud, Arico ha identificado al menos a 21 de estas personas. La mayor parte de los fusilamientos se llevaron a cabo en las tapias del cementerio de la propia población de Pomer,