Dos agentes de Policía llegan a tu puesto trabajo. Te piden que les acompañes a comisaría. En solo 48 horas, la vida que has construido con mucho esfuerzo durante 20 años se ha esfumado. Estás de vuelta en tu país de origen. Sin posibilidad de despedirte de tu mujer, ni de tu hija. Ni siquiera de coger el pasaporte, ni de hablar con un abogado. Esta situación la ha sufrido recientemente un ciudadano de Zaragoza, Abdul, que no ha podido evitar ser expulsado de España, pese a alegar arraigo -tener familia y un trabajo-, por sus antecedentes penales.
“Todavía no nos creemos el trato tan inhumano que ha recibido Abdul”, explica Mari Carmen Ferrero, miembro de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que regenta una empresa de inserción laboral dedicada a la venta de artículos y ropa para niños, en la que trabajaba este hombre de origen marroquí de 39 años. Según explica la religiosa, que lleva varios años acompañando a Abdul desde que lo conoció en el centro penitenciario de Zuera, nunca se imaginaron “que finalmente fuera deportado y menos aún que no les avisarían de la fecha”.
En agosto de 2014 tuvieron la primera noticia de la orden de expulsión, cuando Abdul fue parado por la calle e identificado por varios agentes. A partir de ese momento, comenzó la lucha por evitar su vuelta a Marruecos. Pese a sus esfuerzos, tener el permiso de residencia en vigor hasta el año 2019 y no haber agotado la última vía posible: un recurso de apelación admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), todavía abierto, en el que se alega su arraigo familiar y laboral, la deportación se ha realizado.
Según detalla la hermana Ferrero, “solo le quedaba un mes para terminar la condicional. Cometió un error y entró en prisión, pero sin embargo ha rehecho su vida, ha formado una familia, está plenamente integrado y tiene un puesto de trabajo de responsabilidad en una empresa gestionada por la Conferencia Española de Religiosos, por lo que su expulsión es un acto completamente amoral”.
Movilización contra las “expulsiones exprés”
Tras el conocimiento de este caso tan cercano, el centro Pignatelli –institución dirigida por la Compañía de Jesús– ha manifestado su repulsa ante las conocidas como “expulsiones exprés”. Según el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, “constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”. Aunque también aclara que “antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado.
Para Chema Segura, coordinador del área social Pignatelli, “la reinserción es uno de los pilares de nuestro sistema penal, no entendemos como después de un camino tan largo y tan duro ha podido suceder esto”. “Es una tremenda injusticia que obliguen a Abdul a marcharse de España, dejando a su mujer y a su hija sin recursos por lo que no vamos a dejar pasar por alto lo sucedido, vamos a hacer todo lo posible para que regrese”, añade el también religioso.
Entre otras medidas, Sos Racismo ha convocado a lo largo de esta semana en Zaragoza a diversos movimientos sociales y colectivos de inmigrantes a un gabinete de crisis “para poner en común casos similares y denunciar juntos lo inhumano de estas prácticas por parte del Estado”.