El cierre de varios puestos de vigilancia en los montes de la provincia de Teruel y la consiguiente reducción de trabajadores ha puesto en jaque a sindicatos y empleados de la empresa púbica Sarga, que denuncian las condiciones de trabajo y la falta de vigilancia en más de 15.000 hectáreas de la provincia: “Esto sucede en pleno verano y en cualquier momento puede haber un incendio”.
Según el comité provincial de la empresa pública Sarga, de un total de 80 puestos fijos de vigilancia forestal en Aragón, 53 tienen la calificación de riesgos triviales o moderados y 27 de riesgo importante con deficiencias que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De estos, en 18 las deficiencias han sido consideradas como graves y todos ellos pertenecen al Gobierno de Aragón.
Esta situación repercute especialmente a los puestos de vigilancia de la provincia de Teruel, donde, de un total de 36 puestos, 20 están afectados. “Esta situación significa que, hasta que no haya una solución para el estado óptimo de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados van a ver comprometido su trabajo”, denuncia el comité de empresa en un comunicado.
Ya el pasado mes de mayo solicitaron a la Dirección General de Gestión Forestal valorar alternativas para los trabajadores afectados por la situación y realizar una planificación para la subsanación de las instalaciones que no estaban en condiciones. Sin embargo, tal y como señala una de las trabajadoras, las deficiencias se han corregido y trabajan a pie de campo, en una caseta o cubiertos con apenas una lona, porque no pueden subir a las torretas.
Explica además que, en la Sierra de Albarracín, tres puestos de vigilancia continúan cerrados en plena campaña de incendios y recuerda que los seis trabajadores que deberían de haber cubierto esas zonas, ya que en cada puesto hay dos, no se han contratado. “Ya no es solo las condiciones en las que estamos trabajando, es que si no hay personal suficiente el monte se queda sin vigilar”, indica.
A las reivindicaciones también se suma CCOO, que calcula que debido a la eliminación de la actividad de los puestos fijos de vigilancia se han dejado de vigilar 15.396 Hectáreas de monte: 7.140 hectáreas en Orihuela del Tremedal, con el cierre del puesto Cerro Marinero, 5.079 hectáreas en Frías de Albarracín, clausurando el de El cuerno, y 3.177 hectáreas en Griegos, al no abrir el de Cruz de Santa Bárbara. A estos puestos inactivos habría que sumar el de San Juan de Flumen, en Huesca.
CCOO culpa a la Consejería de Medioambiente
El sindicato culpa directamente de esta situación a la política llevada a cabo por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona y manifiesta que la vigilancia es una “actividad esencial para la prevención”, en la que la experiencia es “fundamental”.
“Desde CCOO Sarga no podemos entender cómo un gobierno que dice apostar por el territorio pone al frente de la gestión forestal a alguien cuya práctica es la de liquidar toda protección del monte, considerando un gasto superfluo lo que es una responsabilidad ecológica y un medio de vida en el ámbito rural”, aseveran.
De esta manera, la organización sindical exige que “todos los puestos fijos de vigilancia en Aragón estén operativos” y, en especial, que esas 15.396 hectáreas de monte de la provincia de Teruel, en la comarca de Albarracín, “estén vigiladas y protegidas”. Contactada por este medio, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón ha preferido no pronunciarse al respecto.