Tampoco tiene por qué ser necesario ahora si antes no fue obligatorio, viene a sostener el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, sobre el hecho de que su departamento haya avalado la nueva versión del plan para construir 2.198 viviendas en Cerler sin que el proyecto haya sido, por decisión del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental), previamente sometido a una evaluación ambiental estratégica.
La construcción de esas 2.198 viviendas, en una versión reducida del proyecto para levantar 3.113 que hace una década manejaba Aramón, el hólding semnipúblico aragonés del esquí, duplicaría prácticamente las 2.271 residencias secundarias que ya hay en Benasque, y que suman dos tercios de un parque de 3.349 en un pueblo de 2.121 vecinos.
De ejecutarse, y tras triplicar la superficie urbanizada, saldrían a dos casas y media por habitante estable en un término con capacidad para acoger a 4.158 visitantes ya que cuenta con 25 hoteles que suman 1.782 plazas, once casas rurales que ofrecen otras 97, apartamentos y casas turísticas con capacidad para 1.151 personas y espacio para 1.128 más en tres cámpings.
Esa operación inmobiliaria fue hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis la piedra angular del proyecto que el Gobierno de Aragón e Ibercaja impulsan en Aramón: se trataba de vender los suelos por 120 millones que, además de sanear las cuentas del hólding, iban a financiar la construcción de la estación de Castanesa y su enlace con la de Cerler, por un lado, y, por otro, la modernización de Formigal y su unión con Astún y Candanchú.
Sin embargo, dos procesos judiciales acabaron por enterrar el proyecto que ahora comienza a reanimarse. Por una parte, el Supremo dejaba en vía muerta el plan de Castanesa al constatar, precisamente, que carecía de evaluación ambiental estratégica. Y, por otra, el litigio sobre la propiedad de una parte de los terrenos que iban a financiarlo daba al traste con la venta.
“Cambios de pequeño calado”
La posición del ejecutivo autonómico sobre este tema figura en la respuesta del consejero a una pregunta de la parlamentaria de IU Patricia Luquin, que se había interesado por conocer “los motivos por los que el Gobierno de Aragón ha decidido no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación del plan parcial de Cerler, término municipal de Benasque, solicitada por Fomento y Desarrollo de Benasque SA y tramitada por el Ayuntamiento de Benasque”.
Olona sostiene que ese proyecto no necesitó ser sometido a evaluación ambiental porque cuando fue aprobado en su versión original, en 2005, ese trámite no era obligatorio y la nueva solo “implica cambios de pequeño calado” que “comportan una reducción de los efectos sobre la biodiversidad, en términos generales”. Es decir, que los efectos serán menores que los no evaluados inicialmente.
Esos cambios, que afectan al diseño de los viales y los espacios dotacionales y a las previsiones de los abastecimientos y los suministros, “conllevan un menor volumen de obras respecto al plan vigente”, “una disminución de la ocupación del suelo” y “un menor grado de intervención en el medio”, señala, ya que el proyecto excluye una zona de vías y reduce “las obras de captación”.
Previo a la legislación
El consejero admite que el plan inicial “no tuvo evaluación ambiental estratégica por ser previo a la legislación”. Sin embargo, para la valoración de los efectos de la nueva versión remite a la que debe incluir la modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Benasque.
Esta, señala, “deberá valorar ambientalmente la situación del núcleo de Cerler, justificar la clasificación del suelo prevista, implementar los valores naturales del entorno y las figuras de protección ambiental existentes, compatibilizar los desarrollos planificados con la conservación de los mismos, o adecuar los suelos a los riesgos a los que puedan estar sometidos”.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, de Cha, formación crítica con ese proyecto, se pronuncia en términos similares, aunque con matices, en otra respuesta a Luquin.
Concretamente, Soro matiza que la exención de los trámites ambientales no equivale a un aval, ya que el ejecutivo “no ha manifestado conformidad, ni disconformidad”, con el proyecto formalmente. Y añade que en su consejería no consta ninguna comunicación del ayuntamiento de Benasque sobre la aprobación de la nueva versión del plan.
“Las medidas para garantizar la suficiencia de las infraestructuras necesarias para el adecuado funcionamiento” de la nueva zona urbanizada “serán valoradas” por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca “cuando se solicite el preceptivo informe urbanístico”, que será “previo a la aprobación definitiva”.