El Gobierno de Aragón da por superados los recortes de la legislatura 2011-2015 en Sanidad, según indica el consejero del ramo, Sebastián Celaya, en una respuesta parlamentaria a la diputada del PP Carmen Susín.
“El gasto real realizado en 2017 fue de 1.901.977.505 euros, ligeramente superior al gasto realizado en 2011”, sostiene el consejero, que señala que la “notable” reducción de los recursos destinados a la sanidad pública en esa época, bajo el Gobierno PP-Par de Luisa Fernanda Rudi, se realizó “sin valorar su incidencia en la calidad de los servicios ni en la demanda real de cada centro y territorio”.
Aragón fue, anota Celaya, “una de las comunidades autónomas que más disminuyó el gasto durante este periodo”. La parlamentaria conservadora se había interesado, tras asegurar el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, que “en dos años y medio se ha recuperado la práctica totalidad de los recortes en el servicio público de Sanidad”, por conocer “los recortes en servicios sanitarios que se recortaron, especificados y cuantificados, y cuáles, especificados y cuantificados, los que se han recuperado en dos años y medio”.
Celaya divide los recortes en dos bloques: gasto e inversión, cuyos descensos cifra, respectivamente, en un 13,61% y un 11,41%.
La accesibilidad y la calidad del servicio
“Desde 2010 al 2014 el gasto total dedicado a la asistencia sanitaria disminuyó al menos en un 13,61% y más en concreto en un 11,41% en gastos de personal”, señala, lo que repercutió “especialmente en el número de profesionales sanitarios”, que pasaron de 16.696 a 16.295; es decir, que la plantilla fue recortada en un 2,4%. “Por las características del servicio sanitario los profesionales se relacionan directamente con la accesibilidad y la calidad de los servicios”, añade.
El segundo vector de los recortes en materia sanitaria, que se dieron tanto sobre el gasto total como en su peso sobre el PIB, que en ese periodo cayó casi cinco puntos al pasar de 34.406 millones de euros a 32.801, afectó “en más de un 50%” al gasto real en inversiones.
Ese desplome tuvo una especial “repercusión en la reposición y adquisición de tecnología, otra de las variables que influye en la calidad de los servicios y en este caso especialmente en enfermedades con importante mortalidad y repercusión en la calidad de vida”.
La valoración de los efectos reales que tuvieron en los ciudadanos los recortes del Estado de bienestar durante la pasada legislatura está, no obstante, pendiente de realizar, aunque se trata de una de las tareas que tiene sobre la mesa el ejecutivo autonómico para lo que queda de legislatura.
Así figura en una de las 35 resoluciones aprobadas por las Cortes al avalar el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión presupuestaria del ejercicio de 2014. Incluye el mandado de “auditar las consecuencias, no sólo económicas, sino sobre todo sus efectos sociales y humanos, para la ciudadanía aragonesa de los recortes ejecutados” en educación, sanidad y servicios sociales en, al menos, ese año.
Margen de recuperación en Educación
La recuperación no es tan clara en el apartado de Educación, según concluye un estudio de Comisiones Obreras (CCOO).
Este indica que la ‘factura educativa’ comenzó a reducirse ya en 2010, con el Gobierno PSOE-Par de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, cuando cayó un 3,1% antes de perder otro 15,7% y descender hasta el 84,2% en 2014. Esas cifras indican que el gasto real en educación perdió casi la sexta parte de su peso (15,8%), en un desplome del que en los dos años siguientes se recuperó menos de la mitad: un 7,1% que sitúa la movilización de recursos casi nueve puntos por debajo (91,3%) de la de 2009.
El peso relativo de la ‘factura educativa’ sobre el PIB cayó del 3,5% de 2009 al 3,15% de 2014, para recuperar algo más de una décima, casi 400 millones de euros, en los dos siguientes ejercicios.
La comunidad, no obstante, sigue con ese 3,26% del PIB muy lejos del 5% que le dedica la UE como media; concretamente, 627 millones por debajo. Y también se encuentra casi un punto por debajo del 4,22% español.
Esa “evidencia de un porcentaje del PIB dedicado a Educación mucho más bajo que la media estatal” ha llevado a la diputada de IU, Patricia Luquin, a preguntar a la consejera del ramo, Mayte Pérez, “qué planes tiene su departamento para corregir ese déficit de financiación”.