Ocuparon titulares y portadas y entre ambos sumaron el centenar de imputados entonces, después investigados, por distintos delitos relacionados con una supuestamente delictiva gestión del dinero, en parte público. Horas de los reporteros a las puertas de los juzgados para intentar coger alguna declaración a los que acudían a declarar, en algunos casos madres de niños de pecho y en otros políticos con cargos destacados que se vieron obligados a dimitir por verse salpicados por un caso judicial en unos tiempos en los que, con una sociedad más que harta de corrupción, la mera sospecha del delito quema.
Han llevado más de tres años de investigaciones en ambos casos, dirigidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al que no le tembló el pulso para llamar a declarar a altos cargos de todopoderosas distribuidoras farmacéuticas, que llegaron a Teruel con chófer, ni a políticos del partido en el poder en Aragón y en Teruel, que tuvieron que dar muchas explicaciones.
Los casos se vivieron en esta pequeña ciudad aragonesa entre el sobresalto por las numerosas detenciones y la sorpresa por algunos nombres propios, pero al final la Audiencia Nacional, en el caso de las farmacias, y la Audiencia Provincial de Teruel, en el del jamón, han dado carpetazo sin mayores consecuencias legales para la gran mayoría de los implicados.
El caso de 'las farmacias'
El caso que saltó las fronteras turolenses fue el conocido como de 'las farmacias', en el que llegó a haber una lista de 80 investigados de distintas provincias de España, y que incluía desde titulares de diminutas farmacias de pequeños pueblos turolenses, hasta responsables de grandes distribuidoras y almacenes.
El delito, según las investigaciones de la Guardia Civil, estaba en una estafa al sistema sanitario mediante lo que se conocía como distribución inversa. Según los agentes, la organización obtenía los medicamentos en farmacias españolas como si fuesen destinados para pacientes y posteriormente los vendían en el extranjero a precios muy superiores, obteniendo en algunos casos un beneficio del 800% sobre el precio de venta en España.
Solo en las farmacias investigadas en Aragón se habría detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros.
El caso se destapó tras la detención de la farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel) en 2014, que finalmente ha sido la única condenada, en su caso por haber falsificado recetas electrónicas, ya que cobraba al Servicio Aragonés de Salud medicamentos que no dispensaba a los pacientes sino que los vendía en una parafarmacia valenciana.
A partir de su detención se sucedieron en cascada las de otros titulares de farmacias, y tras ellos mayoristas y propietarios de almacenes en otras provincias de España, supuestamente por formar parte de una red organizada para llevar a cabo esta estafa.
El caso adquirió tal envergadura que el magistrado turolense se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, y el Juzgado Central número 4 de la Audiencia acabó por desestimar el caso en un auto del pasado mes de febrero. No apreciaba el tribunal delito en esta forma de proceder. Si acaso, decía, se tratarían de infracciones administrativas.
Tras este auto la historia se cerraba definitivamente hace unas semanas con la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, en la que condenaba a 20 meses de prisión a la farmacéutica de Palomar.
El caso 'del jamón'
A finales de este mismo mes, también la Audiencia Provincial acordaba absolver a los únicos tres acusados -presidenta, vicepresidente y gerente- en el caso de la gestión irregular del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, el otro caso estrella en los tribunales turolenses.
El caso llegó a tener una veintena de imputados durante el proceso de instrucción, incluyendo todos los miembros del Consejo Regulador en el periodo juzgado, de 2009 a 2013, además de personal del Consejo, de la gestoría que llevaba las cuentas así como políticos como el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Teruel en aquella legislatura, Antonio Arrufat y Francisco Abril, respectivamente, por la concesión de subvenciones, por las que se llegó a preguntar incluso al Gobierno de Aragón.
La imputación de Arrufat provocó la dimisión del socialista como delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, cargo en el que fue repuesto cuando se archivó la causa contra él.
Las irregularidades en la gestión económica del Consejo salieron a la luz tras las desavenencias internas del Consejo y las acusaciones públicas de mala gestión del presidente que relevó a Pilar Martín en el cargo, Eugenio García, denuncias que luego formalizó ante la Policía.
En la sentencia absolutoria la Audiencia decía que ni quedaba probado “ningún tipo de enriquecimiento en los patrimonios de los acusados”, ni cómo o de qué manera pudieron hacerse con las cantidades de dinero de las que se les acusaba, ni tampoco la gestión a través de otra empresa era dudosa o ilegal.