El Gobierno de España, a través de Instituciones Penitenciarias, adeuda 6 millones de euros al Ejecutivo autonómico (PSOE-CHA) por la asistencia sanitaria en las cárceles de la Comunidad. A esta cantidad, además, hay que sumar el gasto de 2016 y el derivado del tratamiento para la Hepatitis C.
El director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, Manuel García Encabo, cifró en 1,5 millones de euros la cantidad facturada, anualmente, por el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) a Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, la inexistencia de un convenio entre la Administración estatal y las distintas comunidades desde 2012, hace que lleven cuatro años sin hacer efectivo el pago.
García apuntó que es un ámbito que deben “asumir cuanto antes mejor pero, sobre todo, bien financiado”. Aseguró que la asistencia se iba a seguir prestando como hasta ahora, “con la misma calidad y unas condiciones óptimas”. Ningún ciudadano que esté en un centro de reclusión, dijo, “va a dejar de recibir ninguna prestación ni cuidado que esté en la cartera de servicios”.
Asumir las competencias
En la misma situación que Aragón están el resto de CCAA, excepto Euskadi (con la sanidad penitenciaria transferida) y Cataluña (que ostenta competencia en todo lo relacionado con política carcelaria). La situación en funciones del Gobierno estatal no ayuda a que el futuro convenio se pueda negociar.
Las diversas fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés apuestan porque la Administración autónoma asuma las competencias. Aunque en todo momento incluyen la coletilla de “bien financiada”. PP, PAR y Grupo Mixto (CHA e IU) se mostraron favorables a estudiar esa asunción, “pero no a cualquier precio”, como señaló la diputada aragonesista Berta Zapater.
Un poco más allá fueron desde Podemos, que registró una proposición no de ley para llevar este debate al Pleno del Parlamento autonómico. La portavoz de Sanidad de los morados en las Cortes de Aragón, Itxaso Cabrera, señaló que “duplicar la competencia hace que el coste de la atención sanitaria sea más elevado y dificulta la coordinación”. Explicó que la transferencia de las competencias, “además de reducir los costes del servicio, supondría mejoras para los profesionales sanitarios que ejercen su actividad en las prisiones”.
En la actualidad, comentó Cabrera, hay en España alrededor de 65.000 personas presas, de las que 2.000 cumplen su pena en Aragón, “que es la única Comunidad en la que ha aumentado la población reclusa”.