¿Es lo mismo reparar un tubo roto que construir un polideportivo? Obviamente, no. Pero en España, a efectos legales, la respuesta es “sí”: la nueva Ley de Contratos del Estado, diseñada para atajar la corrupción en la obra pública y evitar alcaldadas, incluye el absurdo de que reparar un reventón requiera un informe previo del Ministerio de Hacienda. Sin recetas sobre cómo explicarle la situación a los vecinos, claro.
La nueva normativa, que entró en vigor el 9 de marzo y cuyos objetivos declarados incluyen atajar la corrupción y prevenir los conflictos de intereses, el fraude y el favoritismo en la contratación pública, está comenzando a obstruir el funcionamiento de los pequeños ayuntamientos.
La principal novedad, no obstante, se encuentra en el artículo 118, que obliga a disponer de un informe previo de una “oficina de supervisión” de la que carecen los pequeños ayuntamientos para cualquier obra, con independencia de su coste, que afecte a “la estabilidad, seguridad o estanqueidad” de una infraestructura o equipamiento.
La nueva regulación lleva al absurdo de exigir en la práctica ese informe previo para la reparación de cualquier tubería o para cualquier intervención que obligue a extender cables eléctricos, por ejemplo.
“Ninguna obra menor queda a salvo”
La ley exime de ese requisito a los llamados “contratos menores”, que son los de obras cuyo coste no alcance los 40.000 euros y los de suministros y servicios que no lleguen a 15.000, aunque con la excepción de aquellos cuyos trabajos puedan “afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra”.
Esos informes, previos, preceptivos y que deben valorar el respeto a las normas de contratación y las exigencias técnicas, deben emitirlos las “oficinas de supervisión o unidades de supervisión” a las que se refiere el artículo 235, lo que, de hecho, obligaría a los pequeños ayuntamientos a tener que solicitárselos a la Oficina Independiente de RegulacioÌn y SupervisioÌn de la ContratacioÌn, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para poder reparar un reventón.
“No hay obra menor en cuya ejecución quede a salvo su seguridad, estanqueidad o estabilidad”, explican fuentes de la administración local, que muestran su asombro ante el hecho de que los ayuntamientos vayan a verse “obligados a solicitar un informe preceptivo como si fuese una obra de 500.000 euros de presupuesto, mientras se puede estar inundando el pueblo y sin poder hacer nada mientras”.
La medida, por otro lado, supone un nuevo obstáculo para los autónomos y microempresas de las zonas rurales, los cuales, especialmente en los casos de la albañilería, la carpintería, la fontanería, la electricidad, la pintura o el pequeño comercio, en ocasiones tienen una vía de ingresos en la realización de chapuzas y suministros urgentes para los ayuntamientos de la zona.
Bibliotecas sin libros y contratos telemáticos
Por otra parte, servicios como las bibliotecas municipales se ven en la situación de tener que cubrir complejos trámites administrativos para poder comprar libros cuando, además, se trata de un artículo en el que los proveedores habituales (librerías locales, principalmente) apenas tienen margen de maniobra para modificar los precios.
Lo habitual en pueblos pequeños es realizar compras en los comercios del lugar de manera rotativa, lo que en términos teóricos vendría a ser una medida básica de estímulo de la economía de proximidad.
La nueva ley impone otras exigencias burocráticas como la generalización de la contratación electrónica, que obliga a todas las administraciones a realizar los trámites de los concursos a través de internet.
Esta tercera medida, que tiene como finalidad aumentar la transparencia en los expedientes de contratación, por las dificultades para manipular los expedientes electrónicos debido a los rastros que deja cada comunicación, también lleva camino de convertirse en una traba en el mundo rural, en el que buena parte de los proveedores de pequeña escala de los ayuntamientos mantienen con estos relaciones directas, sin medios telemáticos.