La pandemia del Covid-19 ha constatado la importancia de la salud y la necesidad de un sistema público eficiente. Si el coronavirus nos ha hecho conscientes de la importancia de la salud física, sus consecuencias y el confinamiento domiciliario lo han hecho de la salud mental.
Mucha gente ha recurrido a profesionales de la salud mental. Sin embargo, la crisis sanitaria hizo que las consultas, tanto públicas como privadas, se vieran desbordadas, formando listas de espera de varios meses. “En el ámbito público nos encontramos, además de listas de espera interminables, con atenciones telefónicas cada cuatro meses con una duración de no más de 15 minutos. En ocasiones no se hablaba con el psicólogo o psiquiatra, si no con el enfermero de este”, explica María Peralta -graduada en Psicología por la UNED, con doble mención en Psicología de la Salud e Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento-. De esta forma, se produce una discontinuidad en el tratamiento “totalmente contraproducente” para el paciente y profesional, ya que es necesario un seguimiento que permita el estudio del caso y facilite un trato individualizado.
La saturación hizo que, desde los Colegios Oficiales de Psicólogos y desde el propio Gobierno, se pidiera a los profesionales una actuación voluntaria que se alargaba mes a mes y que perdura en la actualidad. “Como hemos dicho en numerosas ocasiones, no nos importó trabajar de forma voluntaria ante la emergencia y necesidad del momento, pero viendo que esta se alargaba en el tiempo, el hecho de no ofrecer contratos y seguir pidiéndonos la actuación voluntaria nos hace sentirnos denigrados como profesionales”, comenta María. En su caso, trabajó como voluntaria en la asociación “Pedagogos solidarios”, ayudando a familias con problemas económicos, padres con el divorcio paralizado confinados en la misma casa, rebeldías de adolescentes o adicciones a las nuevas tecnologías, entre otros. Como ella, ante el colapso generado, muchos fueron los psicólogos y las psicólogas que decidieron ayudar de forma voluntaria y que aún lo siguen haciendo.
La habilitación sanitaria
España contaba en 2018 con una media de seis psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes, una cifra tres veces menor que la media europea y que varía según la Comunidad Autónoma. Paradójicamente, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2017 había más de 12.000 profesionales colegiados en situación de desempleo.
“El principal problema con el que nos encontramos es que no se define correctamente lo que es el ámbito sanitario, ni las funciones del psicólogo dentro de él y del resto de ámbitos -explica María-. Así pues, se ha llegado a un punto en el que las empresas exigen como requisito esencial tener la habilitación sanitaria como forma de ‘cubrirse las espaldas’ ellos mismos y evitar problemas”. La habilitación sanitaria corresponde al Máster de Psicología General Sanitario, que se exige aproximadamente desde 2014 y del cual se ofrecen unas 1.400 plazas públicas en toda España. Un número escaso si se tiene en cuenta que solo en el curso 2018/2019 terminaron la carrera de Psicología más de 8.000 estudiantes. Además, a nivel privado el precio del máster es de 10.000 euros. De esta forma, a los profesionales de la salud mental no se les permite trabajar sin el título en casi ningún ámbito.
Ante esta situación, en enero de este mismo año nace la “Plataforma de Psicólogos/as por una profesión digna”, que actualmente está integrada por más de 1.000 personas entre los distintos grupos que la conforman. María, representante de la plataforma en la Comunidad Autónoma de Aragón, comenta que la idea venía de lejos y que el principal motivo de su creación es la dificultad con la que se encuentran los psicólogos para ejercer su profesión. Por ello, han lanzado un manifiesto y una petición en change.org en el que se exige una regulación del Máster de Psicología General Sanitario.
Un reto pendiente
Al igual que ha sucedido con muchos otros sectores, la pandemia ha puesto el foco en la importante labor de los y las profesionales de la salud mental. Y, de la misma forma, también se ha hecho visible la precarización. Más allá de los voluntariados prolongados en el tiempo, María pone otros ejemplos: “nos encontramos con compañeros a los que han echado de sus puestos de trabajo, llevando en ellos más de diez años, por no contar con la famosa habilitación”.
Trabajar como falsos autónomos es también algo habitual dentro del colectivo. Otra situación frecuente es el intrusismo laboral que existe en la profesión. Mientras que psicólogos graduados no pueden ejercer, un coach puede realizar una terapia. Estas incoherencias han generado un sentimiento de abandono en el gremio que se ha ido acentuando con el paso de los años.