Más de 700 personas disponen en Aragón de una licencia de la Intervención de Armas de la Guardia Civil para portar una pistola o revólver por motivos de defensa personal, según señala el Ministerio del Interior en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, que considera “escandaloso” el número de ciudadanos que cuentan en este tipo de autorizaciones en el país, que superan los 15.000, casi la mitad de ellos en Madrid.
La pregunta del senador se interesaba por conocer cuantas licencias de armas de tipo B o cortas, que habilitan para poseer más de un arma con su correspondiente permiso, se han expedido en España en los últimos cinco años. La cifra total es muy superior, si bien este tipo de autorizaciones se conceden con una vigencia de tres años, por lo que a lo largo de este ejercicio comenzarán a caducar las expedidas en 2016.
Por provincias, y en Aragón, el grueso de las licencias se encuentran en Zaragoza. Concretamente, nueve de cada diez, con 657. El número es escaso en Huesca, donde en los últimos tres años se expidieron 39, y todavía menor en Teruel, donde fueron trece.
La estadística facilitada por el ministerio revela una reducción en la demanda de este tipo de autorizaciones, especialmente en Teruel y Huesca, donde pasaron de nueve a dos y de 26 a nueve entre 2013 y 2017. El descenso fue mucho menor en Zaragoza, donde la cifra varió de 232 a 213 en ese mismo periodo.
El elevado número de autorizaciones contrasta con el bajo volumen de denegaciones, que se quedó en 30 en esos cinco años y que se reduce a 22 en los últimos tres ejercicios; es decir, solamente un 3% del total.
“La defensa de personas o bienes no justifica la concesión”
La licencia para armas cortas, que no tiene nada que ver con la necesaria para las pistolas de tiro deportivo, tiene “carácter restrictivo” y “se limitará a los supuestos de especial riesgo”, señala la Guardia Civil en su web, lo que obliga a hacer constar en la solicitud “los motivos que, a su juicio, justifican la posesión”.
En cualquier caso, añade, “la razón de defensa de personas o bienes, por sí sola, no justifica la concesión de la licencia”, sino que su expedición “tendrá carácter restrictivo” y únicamente se concederá en “supuestos de existencia de riesgo especial y de necesidad”.
En la práctica, se conceden a miembros de las fuerzas de seguridad, a jueces y a fiscales, aunque también es relativamente habitual su posesión entre joyeros, vigilantes, escoltas y militares y, en menor medida, entre otros colectivos como los abogados.
Certificados de penales y de violencia machista y test psicotécnico
Para concederlas, la Intervención de Armas de la Guardia Civil exige, además de un certificado ‘limpio’ de antecedentes penales y de violencia de género, superar una prueba de aptitudes psicofísicas similar a la del carnet de conducir, pagar una tasa y justificar documentalmente los motivos por los que se solicita.
Esto último puede hacerse presentando sentencias o denuncias o, también, la documentación tributaria de ocupaciones como escolta, joyero o armero.
Quienes poseen las licencias están obligados a presentar las armas ante la Intervención o ante las fuerzas de seguridad en caso de ser requeridos para ello, a guardarlas en un lugar seguro y a “declarar inmediatamente” la pérdida, robo, destrucción o sustracción de las armas o de su documentación. En este último caso, las armas serán depositadas hasta obtener nuevos documentos“.