No todo son malas noticias judiciales para los partidarios de construir y de ampliar pantanos en los ríos aragoneses: la Audiencia Nacional acaba de avalar el proyecto de recrecimiento del embalse de Santolea, en el cauce del río Guadalope a su paso por Castellote (Teruel), al rechazar una demanda de una empresa minera que reclamaba declarar nulo el proyecto.
Aunque esa sentencia no cierra la supervisión judicial del proyecto de recrecimiento, ya que por una parte es recurrible ante el Tribunal Supremo y, por otra, sigue abierto en la Sala de lo Contencioso del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Aragón un pleito sobre las expropiaciones de cuyo resultado depende que el presupuesto se dispare en hasta diez millones de euros, sí supone un aval momentáneo para las obras tras los recientes reveses con los proyectos de Biscarrués y de Mularroya por sus inasumibles planteamientos ambientales.
El proyecto para recrecer el pantano turolense fue recurrido por la empresa Santolea SL, propietaria de derechos mineros en la zona afectada por el recrecimiento y que reclamó la nulidad de la ampliación del pantano y de la ‘adenda’ con la que iba a materializarse, que en realidad era un ‘plan b’ tras quedar de manifiesto la inestabilidad de los terrenos sobre los que fue diseñada la actuación inicial y con la que esta se encarecía en más de dos millones de euros para superar los 26.
Santolea es, con Calanda, Caspe y La Estanca, uno de los cuatro embalses de la cuenca del Guadalope, del que, tras un recrecimiento que elevará en 16 metros la altura del vaso, regularán casi tres cuartas partes del caudal (241 hectómetros cúbicos de 336) para cubrir una demanda anual de consumo de boca, regadío y usos industriales que no llega a la mitad (157).
Otra obra del Pacto del Agua en cuestión
El susto por motivos geológicos no dejaba de ser el enésimo fiasco en el accidentado desarrollo del catálogo de obras del mitificado Pacto del Agua de 1992, que se sumaba a la inviabilidad de Jánovas en el Cinca por su inasumible impacto ambiental, al descarte de Santaliestra (que evitó poner a prueba la cuestionada estabilidad de la cerrada de San Martín, en el Ésera), al desplome de una de las laderas del vaso de Montearagón, en el Guatizalema, y a las sentencias que abortaban los proyectos de Mularroya y Biscarrués, en el Jalón y el Gállego.
En ese escenario, el Val, en el Queiles, y Lechago, en el Pancrudo, son las únicas obras acabadas, aunque en ambos casos carecen de uso al resultar sus costes inasumibles para los regantes de esas zonas, mientras el recrecimiento de Yesa, en el Aragón, sigue engullendo recursos públicos tras haber cuadruplicado su coste el presupuesto inicial.
Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica ha obtenido el aval de los tribunales para seguir adelante con las obras de Santolea a expensas de que el Supremo pueda decir otra cosa en los próximos meses. Esas resoluciones, en cualquier caso, llegarán con las obras del recrecimiento prácticamente terminadas, algo que, de resultar contrarias a los postulados de las administraciones, abriría un incierto escenario.
Cero euros por una concesión que la empresa valora en 9,7 millones
Santolea SL mantenía en su demanda que el expediente por el que el Gobierno aprobó el proyecto definitivo contenía algunos “vicios de nulidad”, entre ellos varios relacionados con la expropiación de los derechos mineros que esa empresa posee en la zona afectada por el recrecimiento del embalse.
La Abogacía del Estado admitió que “se ha producido cierta confusión por parte de la Administración en la identificación del expediente expropiatorio”, recoge la sentencia, aunque eso “no significa que se haya producido una duplicidad de trámites” ni que “en ningún caso podría dar ello lugar a la nulidad del proyecto”, ya que “serían vicios que no afectarían al proyecto constructivo, sino que se refieren a un ámbito más acotado, cual es el del procedimiento expropiatorio”.
Los magistrados de la Audiencia Nacional, que comparten ese criterio, concluyen que “lo que parece subyacer en el presente litigio es el desacuerdo de la recurrente con el justiprecio fijado por la Administración en la expropiación, alegando los perjuicios que ha debido soportar como consecuencia de la expropiación de la concesión minera de la que es titular”.
La discrepancia resulta obvia, ya que mientras la empresa reclama una indemnización de 9,7 millones por la pérdida de la explotación minera el Jurado Provincial de Expropiación de Teruel la valoró en cero euros, un asunto sobre el que próximamente deberá pronunciarse el TSJ de Aragón.