El futuro del embalse de Almudévar se dirime en los juzgados. El recurso contencioso-administrativo presentado en la Audiencia Nacional por Ecologistas en Acción para pedir su cancelación llevó a las partes a un encuentro la pasada semana en Madrid, donde volvieron a escenificarse dos posturas opuestas. Los regantes la consideran una obra viable y necesaria; los ecologistas, de un elevado coste y con un impacto medioambiental incalculable. Los peritos de unos y otros explicaron sus pareceres a partir de unos informes en la denominada fase de prueba.
Presumiblemente en septiembre, la Audiencia Nacional emitirá una sentencia que podría invalidar el trabajo realizado hasta el momento. Su construcción se puso en marcha a comienzos de 2017 y en este momento se está levantando una de las dos presas. El embalse tendría una capacidad total de 169 hectómetros cúbicos y se han invertido por el momento 50 millones de euros: 13 en trabajos y 37 en la expropiación de más de 1.000 hectáreas a los propietarios de los terrenos e inmuebles afectados.
Ecologistas en Acción pedirá la paralización inmediata de los trabajos si la justicia le da la razón. Aduce la dificultad y el alto coste del llenado de un embalse que se construye fuera del cauce y se abastece por el Canal de Monegros. Según los ecologistas, la capacidad de transporte está diezmada porque parte del año está en uso para llevar agua al regadío, reparación y mantenimiento. También se alude al elevado coste eléctrico de su llenado.
El sindicato UAGA, por su parte, defiende la sostenibilidad ambiental y económica del embalse y asegura la recuperación de los costes por su utilidad; “si hay un gasto energético lo asumiremos en su totalidad los regantes, y el coste del primer llenado no superará los 700.000 euros. Esta cifra, además, será más reducida en los siguientes”, explica José Manuel Penella, exsecretario general de UAGA y responsable del área de Desarrollo Rural.
Biscarrués, en el Tribunal Supremo
El proyecto de Almudévar se encuentra ligado al del embalse de Biscarrués, que se encuentra ahora pendiente del dictamen del Tribunal Supremo. Las organizaciones ecologistas lograron también hace dos años, en julio de 2017, que se anulase el anteproyecto de 35 hectómetros cúbicos y la declaración de impacto ambiental de Biscarrués. Riegos del Alto Aragón presentó un recurso que sostiene en el Tribunal Supremo contra la resolución de la Audiencia Nacional.
Almudévar se ha diseñado como balsa de almacenamiento en una zona regable. El Ayuntamiento de la localidad presentó otro recurso porque el Ministerio inició las obras a falta del plan de restitución para las mil hectáreas inundadas. La Audiencia Nacional decretó el 17 de julio de 2017 la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra la aprobación del embalse de Almudévar.
El Decreto de la Audiencia Nacional requería al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para que ordenase la remisión de los expedientes administrativos que se impugnaban para que pudieran ser examinados por Ecologistas en Acción. Esta asociación había detectado “una serie de irregularidades que considera graves en los procedimientos administrativos relacionado con el embalse de Almudévar. Se trata de irregularidades de naturaleza administrativa y técnica”, señala.
Ecologistas en Acción, en lo referente a los proyectos de regulación del río Gállego, insta a la presidencia de Riegos del Alto Aragón a que “desista en su empecinamiento en unas obras hidráulicas que les aportarían una cantidad de agua muy pequeña a un coste muy elevado, y con un enorme impacto ambiental y socioeconómico”. Igualmente, considera “muy inoportuna” la intención de los regantes de ampliar aún más el regadío, “no sólo por el impacto ambiental asociado, sino por la imposibilidad hidrológica de satisfacer las nuevas demandas de agua que se generarían, dada la desorbitada cantidad de agua por hectárea que utiliza el sistema regable. Las previsiones del cambio climático, con menos agua y más calor en un futuro inmediato, harían todavía más inviable la extensión del regadío”.
Almudévar y Biscarrués deberían ser “paralizados a raíz de las sentencias de la Audiencia Nacional acerca del embalse de Biscarrués. En las sentencias, se evidencian irregularidades muy graves en el procedimiento administrativo del embalse de Biscarrués, que deberían dar lugar a una depuración de responsabilidades en la administración hidráulica y a la dimisión del presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, por no velar apropiadamente por los intereses de sus representados y por obcecarse en seguir avanzando por callejones sin salida”.
Por su parte, los regantes esperan como agua de mayo los 169 hectómetros cúbicos de Almudévar. César Trillo, cree que “el embalse puede cambiar la situación porque en estos momentos podríamos tener 170 hectómetros cúbicos, que hace ver las cosas de otra manera al lado de lo poco que tenemos”.