El Ayuntamiento de Zaragoza se juega más de 27 millones de euros con el mantenimiento, o la eliminación, según se mire, de los vestigios del franquismo que permanecen en el callejero de la ciudad: si no los ha retirado a finales de noviembre, cuando venza el plazo para suprimir las “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista” que establece la Ley de Memoria Democrática de Aragón, se expone a “ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas” de la comunidad.
Esos fondos rondan los treinta millones de euros anuales según las cuentas de la comunidad y los 45 de acuerdo con las del consistorio: 18,6 para financiar los servicios sociales y 8,9 o 27, según quien haga los números, por el convenio de la Ley de Capitalidad.
La Ley de Memoria, que también obliga a retirar las “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública” realizados “en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo”, contemplaba inicialmente un plazo de retirada que concluía el 22 de agosto, pero la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos por el estado de alarma entre el 15 de marzo y el 21 de junio lo aplazó casi cien días, hasta el último fin de semana de noviembre.
El Ayuntamiento de Zaragoza habrá tomado antes su decisión si se cumple el calendario que maneja la Vicealcaldía de Sara Fernández (C’s). La comisión, que se reunió a finales de julio con presencia de todos los grupos municipales y con el apoyo de un equipo de técnicos, los historiadores Ángel Sesma y Guillermo Fatás y la periodista Pilar Barranco, “volverá a reunirse a principios de octubre para estudiar los dos informes que están elaborando” los técnicos y los expertos, explicaron fuentes municipales, antes de elevar la propuesta a la Junta de Gobierno del ayuntamiento.
Once calles sobre la mesa
“Lo que decida la comisión irá al Gobierno para que lo tramite”, añadieron las mismas fuentes, con lo que, salvo sorpresa, el ayuntamiento habrá aprobado los cambios en el callejero antes de que finalice el plazo que marca la Ley de Memoria.
El grupo de trabajo está analizando los eventuales cambios con tres propuestas sobre la mesa: el paquete de ocho calles impulsado por ZeC (Zaragoza en Común) y cortocircuitado por PSOE y C’s alegando defectos de forma, el bloque de cinco que impulsó la Fundación 14 de Abril con el mismo resultado, y sobre el que todavía deben pronunciarse los tribunales, y los incluidos por la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón en un informe remitido al consistorio.
De ahí, según informó el propio ayuntamiento, sale un primer listado de once calles dedicadas a Agustina Simón, Rigoberto Doménech, uno de los arzobispos de cabecera de Franco; Juan José Rivas Bosch y Mariano Horno Liria, primer y último alcaldes franquistas; Miguel Merino, el último preconstitucional; Miguel Allué Salvador, presidente de la Diputación Provincial en plena sublevación militar, entre agosto de 1936 y marzo de 1937; Antonio de Gregorio Rocasolano, primer director de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario; Gonzalo Calamita Álvarez, rector de la Universidad de Zaragoza y diseñador de las normas de las escuelas durante la dictadura; Jorge Jordana Fuentes, jefe del vertical SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios); la enfermera requeté Agustina Simón, el soldado franquista Pedro Lázaro y el jurista Rumesindo Nasarre Ariño.
Tres olvidos que pueden tener un coste millonario
Sin embargo, ese listado no tiene en cuenta la presencia en el callejero de otros destacados personajes del franquismo, lo que mantendría al ayuntamiento zaragozano expuesto a quedarse sin los fondos autonómicos por incumplir las normas de memoria.
Entre esas ausencias destacan la del segundo alcalde de la dictadura, Francisco Caballero, que ocupó el cargo entre 1941 y 1946; los jefes de la División Azul, los generales Agustín Muñoz Grandes y Santiago Amado Lóriga, y, también, José María Albareda, que entre 1939 y su muerte en 1966 fue secretario general del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).
Estos últimos figuran en el requerimiento para cumplir la Ley de Memoria Histórica estatal que la presidenta del Senado, Pilar Llop, remitió en mayo al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tras acordarlo la mesa de la cámara a propuesta del senador de Compromís Carles Mulet.
En el caso del general Amado Lóriga se da la circunstancia de que fue declarado hijo adoptivo de la ciudad, en la que residió y acabó muriendo tras dirigir la Academia General Militar. La normativa también obliga a los ayuntamientos a “revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos definidos como títulos de alcaldes honorarios, hijos predilectos o hijos adoptivos”, junto con “las denominaciones de vías, espacios o edificios públicos y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”.