- Pedro Santisteve anunció una querella contra el líder popular después de que este le llamara “amigo del Grapo”, por la celebración de una charla con una exmiembro de este grupo en un centro social cedido por el Ayuntamiento
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, anunció que había presentado una querella contra el presidente del PP, Pablo Casado, por un delito de injurias graves. Es la respuesta del edil a lo dicho por el popular en un acto de su partido, el pasado 16 de febrero, en la capital aragonesa. Casado aseguró que Santisteve “es conocido por ser amigo del Grapo y por hacerle un homenaje a una presa del Grapo, a unos de Alsasua e intentar, incluso, tal y como hace Carmena y por supuesto Ada Colau, decir que Zaragoza es un sitio amable para los independentistas”.
El líder popular (en lo concerniente al acto con la exmiembro de los Grapo) se refiere a la Jornada Antifascista que, en noviembre de 2018, organizó el Centro Social Comunitario Luis Buñuel de Zaragoza, y en la que participó Carmen López, miembro de esta banda terrorista, quien fue condenada por el atentado de la cafetería California en Madrid en 1979.
En el escrito presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza al Juzgado de Primera Instancia de Madrid, con fecha de 21 de marzo, al que tuvo acceso EFE, se solicita celebrar el acto conciliatorio previo a la interposición de la querella por presunto delito de injurias graves con publicidad para que Casado reconozca los hechos y rectifique públicamente esta afirmación.
El texto argumenta que el alcalde de Zaragoza y el Consistorio “no intervinieron ni participaron en la organización o celebración de la charla programada por este centro social, que dispone de un inmueble en la ciudad cedido legalmente por el ayuntamiento”.
“El PP solo sabe usar la mentira, el engaño y la descalificación como instrumento y herramienta política”
Un día después del anuncio, Pedro Santisteve ha hecho unas declaraciones asegurando que “no podemos consentir que el señor Casado siga diciendo barbaridades sin que nadie le ponga coto”. Para él, “la ambición desmedida que el PP tiene por el poder, por el sillón y por descalificar a todo el que hace un trabajo de gobierno es más que evidente. Ahí está su irresponsabilidad, su incapacidad y lo poco que tienen que aportar”.
En opinión del alcalde, “el PP solo sabe usar la mentira, el engaño y la descalificación como instrumento y herramienta política. No hay argumentos racionales ni debates políticos sobre modelo de país, de ciudad o sobre políticas públicas y es un problema que tenemos en la vida política nacional, autonómica y municipal”. Ese afán de los populares por seguir usando el terrorismo, ha dicho, “es inconcebible; es como si no se quisiera reconocer que este país va avanzando, alcanzado logros”.
Sobre la posibilidad de que Casado pudiera rectificar en el acto previo de conciliación, Santisteve no es en absoluto optimista: “Dudo que Casado diga estas cosas sin haber recapacitado, porque saben bien contra quién tiran, cómo tiran y qué argumentos viles están utilizando”.
Catalunya, Alsasua, Grapo
En su momento, tanto PP como Ciudadanos pidieron que no se celebrara el acto con la exmiembro de los Grapo. Ya lo hicieron antes (con resultado positivo para sus intereses) consiguiendo la suspensión (al menos en el interior del lugar elegido, ya que se acabó celebrando en la calle) de un acto por el derecho a decidir en Catalunya, que tuvo lugar en la capital aragonesa. Y también se opusieron a una charla de las madres de Alsasua (esta vez sin consecuencias, como en el caso del acto con la exGrapo).
El alcalde se ha referido (como suele ser habitual cada vez que se solicita la suspensión de algún evento) a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que dictaminó que la prohibición de la charla sobre Catalunya no fue ajustada a derecho so argumento de que se podría “estar patrocinando una censura previa proscrita por el artículo 20.2 de la Constitución”.
A este respecto, Santisteve ha reiterado que no tuvo nada que ver con la organización de ese acto y que son los jueces “los que deben supervisar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión y, solo a posteriori, analizar si ha habido algún tipo de exceso en su uso. Eso lo han dicho los jueces y un gobierno municipal no está para coaccionar el ejercicio de derechos fundamentales”.