El 26M reparte poder... dinero y empleo

El domingo 26 de mayo, los principales partidos no se juegan solo el poder político de la España descentralizada. Se juegan también mucho dinero y mucho empleo: varias docenas de miles de millones de euros anuales de gestión de dinero público y muchos miles de puestos de trabajo para sus respectivos cuadros internos. Como en diciembre pasado en Andalucía, donde los socialistas perdieron el poder autonómico tras ejercerlo durante 36 años consecutivos, algunos ataques de nervios de estos días tienen poco que ver con la ideología y la visión y la misión de cada fuerza política y mucho con el pago de la nómina, para los próximos cuatro años, de los muchísimos afiliados que han encontrado o están buscando en la política su modo de vida, su sustento económico.

En términos de gestión presupuestaria, las anteriores elecciones autonómicas y locales, celebradas en mayo de 2015, fueron desastrosas para el PP y muy beneficiosas para el PSOE y para candidaturas afines a Podemos. De las 13 comunidades autónomas que celebraban comicios, el Partido Popular perdió el Gobierno en seis de las diez donde lo tenía: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares y Cantabria. De entre las 15 ciudades más pobladas, lo perdió en ocho de las diez que gestionaba: Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba y Valladolid. Los presupuestos de las seis comunidades mencionadas sumaban por entonces un dineral: unos 42.560 millones de euros. Los de los ocho grandes ayuntamientos, 7.551 millones más. El número de asesores y contratados a dedo que se quedaron sin puesto de trabajo es incalculable... porque ni comunidades ni ayuntamientos, cualquiera que sea su signo político, son muy dados a publicar sus datos al detalle.

La mayoría de las encuestas indican que el 26 de mayo próximo se confirmarán en las urnas las grandes tendencias de votos que se apuntaron en las elecciones generales del 28 de abril pasado, con un PSOE pujante, un PP en caída libre, un Ciudadanos rampante, un Unidas Podemos (UP) declinante y un Vox emergente. Pero de ninguna de esas tendencias se puede hacer todavía una traslación directa a la pérdida y a la toma del poder tras el 26M. En la nueva España del pentapartidismo (PSOE, PP, Ciudadanos, UP y Vox) y de un número aún mayor de partidos o coaliciones nacionalistas muy sólidos en sus respectivos territorios (ERC, JxCat, PNV, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Partido Regionalista de Cantabria...), todas las elecciones son ya a doble vuelta: una primera en las urnas con el voto de los ciudadanos y una segunda en los despachos con la negociación entre los partidos para buscar sumas -en ocasiones trasversales- que den una mayoría suficiente para una investidura.

Así las cosas, al PSOE le puede ir bien en el porcentaje de votos ciudadanos que logre el 26 de mayo en la primera vuelta y aun así puede perder algunas de las plazas que conquistó hace cuatro años porque su aliado natural, Unidas Podemos, no aporte el número suficiente de escaños que garanticen la mayoría absoluta. Y al PP le puede ir tan mal como el pasado 28 de abril y aun así retener por los pelos y con muletas (la de Ciudadanos y/o la de Vox) algunas de las joyas que aún conserva o incluso recuperar alguna de las que perdió en 2015. A Unidas Podemos le resultará difícil mantener incólume el enorme poder municipal que logró hace cuatro años. Ciudadanos y Vox son, con diferencia, los que más pueden ganar, pues casi nada tienen que perder (pues casi nada, o nada, tienen). La formación de Albert Rivera aspira no solo a ser muleta del PP en algunas de las batallas, sino a sobrepasar a la de Pablo Casado y llevar la vara de mando (de alcalde o de presidente autonómico) en algunos lugares clave.

En cuanto a los asesores y contratados políticos, nada indica que las cosas vayan a cambiar. Los nuevos partidos, que llegaron hace muy poco con la declarada pretensión de regenerar la vida pública, no han puesto mucho empeño en abordar esta cuestión cuando han tocado poder. Sería una sorpresa que lo hicieran ahora, cuando muchísimos de nuestros gobiernos autonómicos y municipales van a ser multicolores, de varios partidos, y cada uno de estos querrá quedarse con la parte alícuota de contratados directos que crea que le corresponden.

El domingo 26 de mayo, los principales partidos no se juegan solo el poder político de la España descentralizada. Se juegan también mucho dinero y mucho empleo: varias docenas de miles de millones de euros anuales de gestión de dinero público y muchos miles de puestos de trabajo para sus respectivos cuadros internos. Como en diciembre pasado en Andalucía, donde los socialistas perdieron el poder autonómico tras ejercerlo durante 36 años consecutivos, algunos ataques de nervios de estos días tienen poco que ver con la ideología y la visión y la misión de cada fuerza política y mucho con el pago de la nómina, para los próximos cuatro años, de los muchísimos afiliados que han encontrado o están buscando en la política su modo de vida, su sustento económico.

En términos de gestión presupuestaria, las anteriores elecciones autonómicas y locales, celebradas en mayo de 2015, fueron desastrosas para el PP y muy beneficiosas para el PSOE y para candidaturas afines a Podemos. De las 13 comunidades autónomas que celebraban comicios, el Partido Popular perdió el Gobierno en seis de las diez donde lo tenía: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares y Cantabria. De entre las 15 ciudades más pobladas, lo perdió en ocho de las diez que gestionaba: Madrid, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba y Valladolid. Los presupuestos de las seis comunidades mencionadas sumaban por entonces un dineral: unos 42.560 millones de euros. Los de los ocho grandes ayuntamientos, 7.551 millones más. El número de asesores y contratados a dedo que se quedaron sin puesto de trabajo es incalculable... porque ni comunidades ni ayuntamientos, cualquiera que sea su signo político, son muy dados a publicar sus datos al detalle.