Anticorrupción pide a la jueza que no devuelva los bienes a Fernández Villa por formar parte de la trama del caso Hulla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La fiscal Carmen María García Cerdá basa esta petición en su convicción de que el que fuera secretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) durante 34 años estaba inmerso en el procedimiento en calidad de investigado porque “formó parte de la trama”.

Así lo pone de manifiesto en el recurso de reforma que este miércoles ha interpuesto contra el auto de la magistrada-jueza María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, por el que el pasado 2 de abril acordó, por razones médicas, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relativas a Fernández Villa en una causa en la que están siendo investigadas una veintena de personas.

El posible desvío de fondos públicos

En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la fiscal recuerda que se investiga este supuesto desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica.

Añade, además, que parte del capital desviado se recibió mediante entregas de dinero en efectivo que permanecieron ocultas a la Hacienda Pública hasta que finalmente afloraron “en el circuito financiero legal a través del mecanismo de la regularización fiscal”.

Fernández Villa, que entre 1979 y 2013 ejerció el cargo de secretario general del SOMA-UGT, regularizó 1,2 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012 del entonces ministro del PP Cristóbal Montoro.

El juzgado investiga la posible comisión, entre otros, de los delitos de blanqueo de capital, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos.

Entre las personas investigadas se encuentran el que fuera 'mano derecha' de Fernández Villa, el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández, el arquitecto Manuel Sastre y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández.

José Antonio Postigo se acogió también a la amnistía fiscal y, en su caso, la cantidad regularizada ascendió según los informes policiales a 436.000 euros.

La fiscal pide un nuevo informe del estado de salud

La magistrada-jueza explicó en el auto, dictado el pasado 2 de abril, que el estado de salud actual del exlíder minero, a tenor de los informes de los médicos forenses, no le permitía declarar en el procedimiento ya que su deterioro hacía inviable su comprensión sobre el desarrollo del proceso “con las debidas garantías y en condiciones de igualdad y sin indefensión”.

Sin embargo, la fiscal en su recurso recuerda que en la causa hay varios informes que ponen de manifiesto la existencia de “un estado degenerativo que no le incapacitó en su momento para declarar en las actuaciones”. Y es por ello que insta a que Fernández Villa sea de nuevo reconocido por los médicos forenses del juzgado, a los efectos de que emitan un informe actualizado sobre su situación mental y su capacidad volitiva e intelectiva.

Carmen María García Cerdá entiende que, en caso de que se corrobore ese empeoramiento, procedería dictar un auto como el que emitió la magistrada-jueza instructora sobreseyendo la causa relativa sobre el exsecretario general.

El futuro decomiso de los bienes

En este recurso, la fiscal alega también sobre el alzamiento de las medidas cautelares. En este sentido, incide en que éstas se adoptaron “no sólo para garantizar las responsabilidades civiles que se puedan acordar en sentencia, sino para asegurar los futuros decomisos del producto del delito y la ganancia ilícita” y por ello, estima que “deben mantenerse embargados”.

Al considerar que Fernández Villa formó parte de esta trama investigada también se pronuncia a favor de que siga con el capital embargado “como ganancia ilícita del delito, para su posterior decomiso”.

El recurso de reforma concluye recordando que el Código Penal regula “el decomiso autónomo y permite que el Tribunal acuerde el decomiso aunque no medie sentencia condenatoria cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio, entre otros en el supuesto de que el investigado sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento”.

El perito entrega finalmente su informe

Por otra parte, el perito que había sido requerido por la magistrada-jueza instructora para que presentara el informe que le había solicitado en 2021 sobre las obras de construcción del geriátrico ayer mismo “como fecha inexcusable” finalmente ha entregado su dictamen.

El perito había venido dilatando su entrega. Solicitó inicialmente un aplazamiento en junio de 2022, al que siguieron otras peticiones para retrasarlo en febrero, septiembre y noviembre de 2023 y la última vez en febrero de este año 2024.

Esta es la última prueba que quedaba pendiente antes de que la jueza instructora llame a todos los implicados en el caso para la declaración indagatoria.