La catalogación como suelo urbano de La Lloreda en Gijón aboca a los vecinos a tasas de IBI que no pueden afrontar

Isabel, María Antonia y Aurora son mujeres, jubiladas, viudas y llevan toda su vida viviendo en La Bareza-Lloreda, un enclave localizado entre la Autovía del Cantábrico y el polígono industrial de Lloreda, reconocido como núcleo rural, hasta una recalificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2019 y recogida en el Plan General de Ordenación, por la que esos terrenos pasan a considerarse núcleo urbano.

La situación de estas tres mujeres es la misma a la que se enfrentan las vecinas y vecinos que viven en la veintena de casas distribuidas en el camino de Lloreda a la Picota y que les ha puesto la vida patas arriba al enfrentarse a incrementos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 45%.

Sentadas en torno a una mesa, en casa de María Antonia, estas tres vecinas y amigas, cuentan su historia con pena e indignación, pero también con las ideas muy claras y es que pelearán contra lo que consideran una injusticia por parte de la administración y un espolio a sus bolsillos, ya de por sí mermados por pensiones demasiado ajustadas.

Isabel y Aurora rondan los 68 años, María Antonia ya ha cumplido los 80. Recuerda con nostalgia cuando las vacas pacían donde hoy está sentada junto a sus vecinas y en el piso de arriba guardaban las varas de hierba, cuando trabajaba como modista para sacar a su hijo adelante, y siempre en esa casa, en la que nació y a la que su padre llegó con cinco años.

Le cambia el semblante al referirse a la notificación de la Agencia Tributaria, en la que le reclaman 1.300 euros en concepto de atrasos del IBI de 2020, 2021 y 2022. Reconoce que no es la que más apuro económico tiene, pero no piensa callarse ante la injusticia porque bastante se ha callado ya, como cuando, explica, le fueron poco a poco recortando terreno para dárselo a la autopista que hoy cruza, atronadora, por debajo de su casa.

¿Cómo voy a pagar 933 euros de impuesto con 600 euros de pensión?

Isabel es la que peor parte se lleva. Administrativa de profesión, se dedicó al cuidado de su padre, tras quedarse en el paro, y de aquellos cuidados le ha quedado hoy una pensión de 600 euros. Cuenta preocupada cómo va a hacer frente a los 371 euros que le han llegado de IBI más otros 562 euros en concepto de atrasos. “¿Cómo voy a pagar 933 euros de impuesto con 600 euros de pensión?”, se pregunta con lágrimas en los ojos, y recuerda cuando tenía que pagar los impuestos con recargo porque no tenía dinero suficiente para afrontarlos al llegar el cargo.

El caso de Aurora es algo distinto, ella aún no ha recibido nada, pero mira recelosa y de reojo al buzón, porque sabe que también le tocará “el premio”. Vive en una casa con panera y se pregunta qué tiene de urbano Lloreda, donde a los terrenos siempre se les ha dado uso agropecuario, donde hay hórreos, paneras y explotaciones ganaderas.

Es ella quien aprovecha para denunciar la falta de servicios que tiene la zona, por ejemplo, que la única línea de autobús que comunica esa zona con el centro urbano, las deja a un kilómetro de sus casas.

Junto a ellas, José Luis Fernández Bernardo, a quien todo el mundo conoce como Aguirre, es el presidente de la asociación vecinal y compañero en esta batalla. Recuerda que Lloreda ha sido núcleo rural durante los últimos 300 años y se pregunta qué pasará con las fincas que tienen animales, porque las hay con cabras, ovejas, vacas, gallinas, pavos y patos, dentro de un núcleo urbano.

En 2016 la asociación vecinal presentó más de 200 alegaciones al Plan General de Ordenación para mantener la valoración de núcleo rural, calificación cuyo cambio acabó aprobando el Pleno del Ayuntamiento de Gijón el 14 de febrero de 2019, a pesar de que, tal y como explica Aguirre, los usos de los terrenos no han cambiado, por tanto, esta conversión solo puede responder a un afán recaudatorio, en vez de a una realidad objetiva.

El presidente vecinal recuerda que la mayor parte de los habitantes de La Bareza-Lloreda son personas mayores que ya destinan el 15% de sus ingresos, pensiones en su mayoría, al pago del IBI y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución, la contribución de cada personal al sostenimiento de los gastos público debe hacerse de acuerdo con su capacidad económica. Fue precisamente ese artículo el que utilizó el Tribunal Constitucional, señala, para anular el impuesto de la Plusvalía.