María Teresa Aladro Calvo, de 48 años, se convirtió en la primera víctima mortal de violencia de género en Asturias en 2021 tras recibir por la espalda dos disparos de escopeta en su domicilio en la localidad asturiana de Pola de Laviana. Su marido, Senén Fernández, de 51 años, del que estaba en trámites de divorcio, admitió inicialmente que la mató ante su firme negativa a reanudar la convivencia. Ahora proclama que la muerte fue accidental.
El giro en la estrategia de defensa se escenificará este miércoles cuando, tras la renuncia de dos letrados anteriores, su nuevo abogado Luis Fernández del Viso defienda en el juzgado la tesis de que se trató de “un desgraciado accidente”.
Según esta nueva versión, la víctima habría desviado la trayectoria de los disparos al golpear la escopeta en un último intento para evitar que su marido, que era incapaz de aceptar la ruptura, se suicidara; un alegato que rechazan las acusaciones al sostener que el acusado ejecutó un “plan premeditado para matar a su esposa” ante su negativa a volver con él.
Una audiencia para revisar la prisión provisional
La magistrada Emma Fernández Lemus, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Laviana, ha dictado una providencia por la que ha convocado a una audiencia a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a la abogada de la acusación particular Ana García Boto, a la acusación popular que ejerce la asociación Abogadas por la Igualdad y al abogado defensor.
En esta audiencia, las partes fijarán su posicionamiento sobre la prórroga de la prisión provisional y en la misma comparecerá el acusado a través de una videoconferencia desde la cárcel de Asturias, donde está recluido desde que ocurrieron los hechos, en mayo de 2021.
El matrimonio, con un hijo adolescente, convivía en un domicilio en Pola de Laviana, pero la mujer decidió a principios de 2021 trasladarse a otra vivienda para la que sólo ella y su hijo disponían de llaves. Senén Fernández no aceptó la ruptura y le decía a María Teresa que “le estaba jodiendo la vida”, le preguntaba insistentemente “si tenía otra relación” e insistía en que se iba a suicidar, según las acusaciones.
La angustia y temor de la víctima
El acusado controlaba su situación económica y sus redes sociales e intentaba que su hijo intermediase entre ambos para retomar la relación, provocando en la mujer “una sensación de presión, angustia y temor ante la situación”.
Un mes antes del crimen, María Teresa Aladro acudió al Centro Asesor de la Mujer de Laviana para informarse sobre los trámites del divorcio porque había decidido “de manera firme”, según las acusaciones, no volver a reanudar la convivencia pero aún estaba pendiente del reconocimiento de asistencia jurídica gratuita para iniciar los trámites.
El 20 de mayo, sobre las 3:45 horas de la madrugada, el acusado se llevó el juego de llaves de la casa de María Teresa que tenía en su poder su hijo y “con el firme propósito de acabar con la vida de su esposa” cogió una escopeta del calibre 16 que escondió en una bolsa de deportes y se dirigió al domicilio de ésta, según recoge el escrito de Fiscalía.
Sin opciones de defensa
La mujer no pudo ni defenderse ni reaccionar ante la presencia de Senén Fernández, quien “de manera sorpresiva” realizó dos disparos a corta distancia con la escopeta. El primer disparo le alcanzó en la región abdominal y el segundo impactó a la altura de los pulmones cuando la víctima se había girado dándole la espalda al marido. La víctima quedó tirada boca abajo en el suelo de la habitación, con un shock hipovolémico que le causó necesariamente la muerte, según las acusaciones.
Tras el crimen, Senén Fernández regresó a la vivienda y le dijo a su hijo: “he matado a tu madre”. Por el contrario, la defensa asegura que Senén Fernández no maltrataba a la mujer y que el control de las redes se restringía “a ver lo que publicaba” porque era “información pública”.
Según su versión, el día de los hechos el acusado volvió a pedir a María Teresa que reanudaran la relación porque “si no se suicidaba” y cuando ésta sin darle importancia regresó a la habitación, Senén Fernández la siguió, “se puso de rodillas, colocó el cañón contra su barbilla y cuando procedía a dispararse, María Teresa golpeó el arma para quitársela, con lo que el tiro que intentaba evitar lo recibió ella”.
La horquilla de petición de penas
El acusado, que será juzgado por un tribunal con jurado, se enfrenta a una horquilla de penas que oscila entre los 27 años de cárcel que solicitan la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Abogadas por la Igualdad, los 37 años que pide la acusación particular y la pena de un año de prisión que propugna la defensa.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado imputan al acusado sendos delitos de asesinato y allanamiento de morada con las agravantes de género y parentesco y piden que a la pena de 27 años de cárcel se sume una medida de libertad vigilada durante cinco años, así como la prohibición de aproximación y de comunicación con su hijo durante 30 años. Abogadas por la Igualdad se adhiere a las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero eleva la medida de libertad vigilada a diez años.
La acusación particular pide 37 años por un delito de asesinato con allanamiento de morada, pero suma los siguientes delitos: un delito de violencia física y psíquica habitual en el ámbito familiar, dos delitos de maltrato de obra sin causar lesión, un delito de acoso y un delito de tenencia ilícita de armas en su modalidad de depósito de armas de guerra. Asimismo, reclama que el acusado no pueda residir ni acudir a los concejos de Laviana y de Caso por un periodo de diez años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
La defensa califica los hechos como un delito de homicidio imprudente utilizando arma de fuego, con las atenuantes de confesión y reparación del daño y la agravante de parentesco y pide un año de prisión y privación del derecho de tenencia y porte de armas durante 3 años.