Uno de cada cuatro residentes en Asturias está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe Arope

Uno de cada cuatro residentes en Asturias, lo que representa un total de 250.000 personas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social. Así lo refleja el informe Arope 2024 que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS) ha presentado este jueves en Oviedo coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Los datos de este estudio vienen a constatar que la tendencia descendente de los últimos años se ha frenado, de forma que aún es insuficiente para recuperar la situación previa a 2015 y a 2008 y está muy lejos de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

La tasa Arope es un indicador que sirve para calibrar fundamentalmente el grado de desigualdad dentro de un territorio y se basa en variables como el acceso a un empleo estable, las condiciones materiales mínimas, de alimento a calefacción, y el riesgo de pobreza en relación a la renta media.

Analizando los indicadores por separado, como tasa de riesgo de pobreza, tasa de baja intensidad de trabajo por hogar y privación material y social severa, la tasa de riesgo de pobreza alcanza al 18,6 por ciento de la población asturiana.

La radiografía

El informe hace hincapié especialmente en la situación extrema de la composición de la pobreza en Asturias ya que a pesar de haber reducido la tasa de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, casi la mitad de las personas pobres tienen unos niveles de pobreza severa al tratarse de hogares con ingresos menores a 611 euros por unidad de consumo al mes.

En Asturias, el 13,6 por ciento de la población menor de 65 años vive en hogares con baja intensidad de empleo (tasa BITH), lo que representa 5,2 puntos porcentuales más que la media estatal. El Principado sigue siendo la cuarta comunidad autónoma con un peor desempeño laboral, por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y la comunidad autónoma de Canarias.

Con respecto a los datos de Privación Material y Social Severa (PMSS), Asturias aumenta su tasa hasta el 6,5 por ciento de la población. Al igual que sucede en el resto de España, casi la mitad de las personas que están en PMSS tienen ingresos por encima del umbral de pobreza. El aumento del coste de la vida, alimentos, suministros y gastos relacionados con la vivienda ha neutralizado el aumento de renta media que se ha producido en los últimos años.

El informe también destaca que el año pasado las personas pobres dedicaban el 37,3 por ciento de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda.

Las transferencias sociales

En este análisis sobre el estado de la pobreza en la región también se aborda el papel de las transferencias sociales como barrera ante la exclusión social. En este sentido, se recalca que en el caso de que no hubiera transferencias sociales, para el 2023 la tasa de riesgo de pobreza en Asturias pasaría del 18,6 al 48 por ciento.

Si mantuviéramos las pensiones y eliminásemos el resto de las transferencias sociales (estatales, autonómicas y locales como el IMV, Salario Social y otras ayudas) la tasa de pobreza aumentaría del 18,6 al 23,9 por ciento.

Según el Informe, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones -incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia-, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades autónomas, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50 por ciento.

Comparativa con otros países

Aún considerando la importancia que tienen estas trasferencias, el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE): mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6 por ciento, en Alemania lo hacen en un 64,9 por ciento, en Francia en un 67,2 por ciento y en Finlandia en un 70,7 por ciento.

Este estudio revela igualmente que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para garantizar condiciones de vida digna a todas las personas y debe acompañarse con políticas redistributivas más intensas.

Esto se refleja en la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de pobreza en las diferentes comunidades autónomas: mientras que el PIB ha aumentado en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza sólo se ha reducido en diez.