Este martes han aparecido, colgadas con una cuerda, del puente de la Senda en la localidad de Villanueva, en el concejo de Santo Adriano, la cabeza y la cola de un lobo ibérico decapitado. Un nuevo episodio de protesta contra la permanencia de la especie en el Listado de especies silvestres en régimen de protección (Lespre).
La denuncia de los hechos ha tenido una importante repercusión en redes sociales. Asociaciones ecologistas no han dudado en pedir de inmediato explicaciones al Gobierno del Principado que lleva más de un año solicitando que el lobo salga de ese listado de especial protección y se le permita aplicar su Plan de Gestión de la especie.
Las asociaciones que trabajan en la conservación de la especie exigen una investigación de los hechos y que se detenga a los responsables.
La colaboración del Principado para castigar a los autores
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha ofrecido la colaboración del Gobierno regional para lograr el total esclarecimiento de estos hechos que ha calificado como “un acto de salvajismo detrás del que se sitúan radicales que actúan de manera ajena a la normativa”.
Asimismo, ha subrayado que el ejecutivo asturiano no defiende que el lobo sea especie cinegética, sino la aplicación del plan de gestión, de modo que se garantice la convivencia entre la ganadería extensiva y la preservación de la fauna silvestre y ha recordado la oposición del Gobierno regional a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (LESPRE) .
Este es otro más de los episodios luctuosos en los que el lobo se convierte en víctima de la imposible convivencia que parece tener el mundo ganadero con su presencia en el espacio natural asturiano. El anterior conocido públicamente tuvo lugar en el mes de abril cuando otras dos cabezas de lobos decapitados esperaban al presidente y consejeros del ejecutivo asturiano en la escalinata del Ayuntamiento de Ponga donde iban a celebrar su reunión semanal.
Dos años en el Lespre
En septiembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) incluyó al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Comenzaron entonces una serie de desencuentros entre el Gobierno del Principado de Asturias y el central porque esta medida chocaba frontalmente con el Plan de Gestión de la especie del ejecutivo asturiano.
Un año después, en agosto de 2022 las dos administraciones alcanzaron un acuerdo y se publicaba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023. Este programa recoge que para abatir lobos y controlar su población se debe contar con una autorización administrativa que demuestre que eliminar al animal limita los daños que este pueda causar sobre el ganado.
Hasta que esto no se produzca, tal y como afirmó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en el primer pleno de la Junta General de la actual legislatura, ni el Principado ni ninguna de las comunidades autónomas afectadas por la protección del lobo tienen “margen de actuación” contra los ataques de estos cánidos.
Líndez anunciaba que el gobierno asturiano se había dirigido también a la Comisión Europea para hacerle llegar un informe técnico sobre la situación de lobo en la región y los efectos negativos que la eliminación de los controles poblaciones está teniendo en las ganaderías.