La familia de Pablo Riesgo Rivero, de 26 años, que murió el 7 de febrero de 2021 al no superar las secuelas del covid-19 que contrajo en su puesto de trabajo como técnico en cuidados auxiliares en el área de Urgencias de la Fundación hospital de Jove de Gijón, ha reconocido, a través de un comunicado, que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que confirma la condena al centro sanitario les permite poner “punto final a un duelo que permanecía abierto desde hace tres años”.
Una condena que se produjo una vez que los padres del joven fallecido se vieron obligados a judicializar el caso emprendiendo actuaciones judiciales en cuanto supieron el resultado de la autopsia de su hijo.
“Tristemente, nada de todo esto hubiera tenido que acontecer si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Gijón hubiera realizado con profesionalidad su labor”, lamentan los padres en este escrito al haber sido el organismo al que acudieron en un primer momento, ya que aseguran que el informe se elaboró sin recabar documentación, ni información a la familia.
Los incumplimientos en materia de riesgos laborales
La Sala de lo Social del alto tribunal asturiano condenó a la Fundación Hospital de Jove y a su compañía aseguradora a abonar a la familia del fallecido una indemnización de 257.954 euros al considerar que era una cantidad “proporcionada y ponderada” a la gravedad de los hechos.
En la sentencia, publicada por elDiario.es Asturias el pasado 30 de noviembre, los magistrados sostienen que el fallecimiento del joven no se produjo “por hechos imprevisibles, inevitables y ajenos a la empleadora” y acusan al hospital gijonés de “incumplimientos empresariales” relacionados con la normativa de riesgos laborales. Así lo constató también un informe realizado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que se presentó durante el juicio.
Los padres agradecen expresamente el apoyo que recibieron por parte de otros profesionales médicos con su testimonio como peritos en la vista oral. Entre estos apoyos destacan el del doctor Emilio Prieto, último profesional sanitario que atendió en la UCI del HUCA a Pablo, por comparecer ante la juez de instancia y explicar la secuencia de fases por las que pasó su hijo y otros enfermos de covid que él, personalmente, ha tenido que atender en esta unidad desde la irrupción de la pandemia.
Asimismo, dedican palabras de agradecimiento al doctor José Ángel Rodríguez Getino, “apuntalando las claves médico legales más relevantes de este caso”, subrayan.
La certeza de las razones del fallecimiento
Uno de los aspectos complejos que presentaba este caso era, a juicio de la familia, identificar los incumplimientos de la normativa de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales, en el contexto de la Covid-19. En este apartado, contaron con la ayuda del prevencionista Francisco Javier Llaneza Álvarez, así como un extenso y completo informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que llevó meses de investigación.
De este organismo ensalzan su “derroche de profesionalidad y de trabajo” que permitió identificar “todo lo que falló con Pablo” y devolvió a la familia, según manifiesta expresamente, “la fe en los organismos públicos que se había perdido con la Inspectora de Trabajo que despachó en su día su denuncia”.
El comunicado no se detiene en estos agradecimientos, ya que los hace extensivos también a los compañeros de trabajo y amigos de Pablo y destacan el respeto mostrado por los medios de comunicación.
Un apartado especial lo dedican a la magistrada, titular del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, María Teresa Luarca Gómez, y a la Sala de lo Social del TSJA, que preside el magistrado Francisco José de Prado Fernández, por haber valorado la prueba que ha permitido que, casi tres años después de la muerte de Pablo, sus padres puedan poner fin al duelo que tenían abierto al tener la certeza de las razones del fallecimiento de su único hijo.
“Eso era lo que necesitaban saber, y eso es lo que más les satisface del procedimiento judicial”, señala el comunicado.
El escrito concluye con un ruego de respeto hacia las normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales, porque, según corrobora la familia, “es una materia tan invisible, tan tentadora de minorar para aligerar costes empresariales en los tiempos que corren, que se olvida que cuesta vidas humanas, irrecuperables”.