La Fiscalía del Principado de Asturias ha elevado de dos a tres años y medio de prisión la petición de condena para Francisco Álvarez-Cascos, fundador del partido Foro de Ciudadanos (FAC) y exvicepresidente del Gobierno durante la etapa de José María Aznar, al considerar que, entre 2011 y 2017, cargó presuntamente gastos personales al partido que ascendieron a 181.648 euros frente a los 7.793 euros que le imputaba inicialmente. La Audiencia Provincial de Asturias ha acordado la suspensión del juicio que estaba señalado para los próximos días 31 de mayo y 1 de junio contra él por su presunta autoría en un delito continuado de apropiación indebida.
El Ministerio Fiscal ha llegado a esta conclusión tras el análisis de las nueve cajas con documentación que le remitió, el pasado mes de enero, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tras la entrega efectuada por un particular como representante de una fundación. En estas cajas se incluía abundante documentación, entre la que figuraban escrituras públicas, innumerables facturas y contratos de alquiler.
En este nuevo escrito fiscal se recogen, de forma detallada, los gastos personales que Álvarez-Cascos cargó al partido aprovechando que era considerado el “líder absoluto” y ante la falta de fiscalización.
Álvarez-Cascos era “el líder absoluto”
Álvarez-Cascos recibió una oferta profesional para liderar un proyecto político -unos meses antes de que se constituyera FAC, acrónimo de su nombre, en febrero de 2011- donde se incluían una retribución a cambio de dedicación exclusiva, facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y para ejercitar el régimen de visitas con sus hijos, lo que incluía alojamientos en Asturias, desplazamientos con o sin conductor y gastos inherentes al desplazamiento.
Además, se le dejaba capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido en el territorio que considerase, “si bien sujeto a control posterior”, según se recoge en el escrito. La oferta, por tanto, excluía otros gastos de carácter personal, de libre disposición sin sujeción a autorización del partido y de comidas ajenas a la actividad política.
Álvarez-Cascos aceptó la oferta y fue nombrado presidente del partido, un cargo que ejerció de 2011 a 2015, momento en que pasó a ostentar la secretaría general. La Fiscalía detalla que “era la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma”.
La falta de fiscalización y control de gastos
La falta de fiscalización de los gastos era absoluta, ya que FAC funcionaba en base a criterios de “confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido”, explica la Fiscalía. A esta ausencia de control se sumaba que el Tribunal de Cuentas se limitaba a “aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos”.
Tampoco había tesorero y la comisión directiva se centraba especialmente en la actividad política, por lo que las personas que ejercían la gestión y control del gasto se limitaban al funcionamiento formal, sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto. “Se trataba, por tanto, de personal con competencias para abonar los gastos, pero no de fiscalizarlos y que, tras gestionarlos, los pasaban a un supuesto filtro de firma y autorización, que era automático, basado en la confianza y huérfano de toda calificación sobre la procedencia o improcedencia de los cargos”, añade la Fiscalía.
Esta ausencia de control permitió a Álvarez-Cascos cargar al partido que fundó toda una serie de gastos que nada tenían que ver con su actividad política. La Fiscalía inicialmente calculaba que, entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, llegó a pasar a FAC gastos que ascendían a 7.793 euros, aunque a posteriori ha comprobado que la cifra se quedaba muy corta, a tenor de la nueva documentación analizada.
Hoteles, comida, entradas para la Copa Davis y museos
Entre las facturas había gastos de procurador por “asunto político previo relacionado con otro partido político y procurador por asunto personal; psicotécnico; zapatos, gastos de cuatro desplazamientos a A Coruña y gastos de hotel y alimentación; hotel de un familiar; pedidos de comida a domicilio particular y a nombre de familiares; un juego de videoconsola; billetes de AVE; entradas para la Copa Davis, para el Museo Thyssen y para el Museo del Prado”.
También compró presuntamente a costa del partido una cama completa, compuesta por colchón, patas y canapé, además de una moqueta, tapicería y visillos; o gastos de restaurantes en localidades de veraneo, hamburguesería y pizzería.