Gijón intenta atajar la proliferación de viviendas turísticas con un “apaño” legal que enfada a los vecinos
A pesar de que las administraciones locales no tienen competencias para la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT), en lo que sí son competentes los ayuntamientos es en la gestión de los usos del suelo de sus respectivos municipios, a través de los planes de ordenación urbanística. También lo son en la concesión de las mal llamadas licencias, porque en realidad de lo que se trata es de expedir comunicaciones ambientales, que es lo que autoriza a los responsables de este tipo de alojamientos turísticos a prestar su actividad.
Pues en esto se ha puesto manos a la obra el Ayuntamiento de Gijón, que ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario una moratoria de un año, es decir, la congelación en la concesión de estas comunicaciones para, según explican fuentes municipales, aprovechar los próximos 365 días, a partir de la entrada en vigor de esta medida, y articular los mecanismos que permitan llevar a cabo un control sostenible y viable de estas autorizaciones.
Y es que el consistorio gijonés dispone de dos informes, uno de 2022 y otro actualizado con los datos de 2023, encargados a la Fundación Universidad de Oviedo, que recogen datos “preocupantes” respecto a la implantación de viviendas de uso turístico y vacacional en el municipio, tal y como aseguran personas que han tenido acceso a esta documentación, que son quienes han empujado al equipo de Gobierno a tomar esta decisión.
Se trata del Informe de impacto social y económico generado por las VUT en el municipio de Gijón, del que se desprende por ejemplo, según los datos que el gobierno local ha dejado que trasciendan, que en los últimos cuatro meses se concedieron en la ciudad 208 comunicaciones ambientales para poner en marcha viviendas de uso turístico, del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
Al cierre de 2023 las VUT y las viviendas vacacionales sumaban un total de 1.498, es decir, 243 más de las registradas en 2022. Si hablamos en términos de plazas, la suma en Gijón asciende a 7.472, tres mil más que toda la red hotelera donde, por cierto, se perdieron 400 plazas en el último año.
Los primeros en señalar el problema que comenzaba a plantearse en la ciudad por la proliferación de viviendas de uso turístico fueron los integrantes de la candidatura local de Izquierda Unida, durante la campaña electoral de las últimas elecciones municipales. Y por ello, ya constituidos como grupo municipal en el Ayuntamiento, presentaron una proposición plenaria en septiembre, que fue rechazada por el Gobierno de coalición de Foro Asturias y PP, liderado por Carmen Moriyón, quien fue elegida alcaldesa gracias a los votos de VOX.
El segundo intento de la formación de izquierdas, integrada también por Más País e Izquierda Asturiana, fue en la sesión plenaria de este mes de enero. Fue ahí cuando el Gobierno reaccionó y, antes de la celebración del pleno, se descolgó con el anuncio de que suspendería la concesión de autorizaciones por la “sobredimensión” que había adquirido este asunto en la ciudad y la ausencia de mecanismos de control hasta el momento, teniendo en cuenta que la competencia para la ordenación y regulación de estos establecimientos es autonómica, es decir, del Gobierno del Principado de Asturias.
La moratoria supone la suspensión cautelar, durante un año, de la concesión de autorizaciones, pero no en todo el concejo, como recoge la normativa, sino en tres zonas específicas de la ciudad: el centro, el barrio de La Arena y el casco histórico, antiguo barrio de pescadores de Cimavilla.
Para esta elección se han basado en las reconocidas como Zonas de Gran Afluencia Turística, una disposición de la administración autonómica, definida por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico para afectar a los horarios comerciales, tal y como establece el fundamento de derecho primero de la citada disposición.
Y he aquí el problema, tal y como explican fuentes consultadas por elDiario.es en Asturias, porque la mencionada Consejería no tiene ninguna autoridad sobre los alojamientos turísticos, competencia que recae sobre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Por eso la utilización de esta disposición para justificar sobre ella la no tramitación de declaraciones responsables podría abrir un importante flanco por la vía judicial, que los expertos consideran innecesario, y que la Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias no descarta utilizar, según ha asegurado su portavoz, Herminio García Álvarez.
Así las cosas, la moratoria debería afectar a todo el concejo de Gijón, basando su justificación en los dos informes técnicos sobre viviendas de uso turístico con los que cuenta el Ayuntamiento, en los que se especifican con claridad las exigencias de medición y justificación, en base al interés común y proporcionalidad de la medida de actuación.
Es decir, los informes constatan la existencia de un problema a partir del cual se detecta que la regulación no es la adecuada, se decreta una moratoria según los datos obtenidos en esos informes y se deja la zonificación para el debate que procederá abordar acerca de la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para regular los usos del suelo, como uno de los mecanismos a los que puede recurrir una administración local para regular las VUT dentro de sus competencias.
Existen además dos sentencias del Tribunal Supremo, una de ellas, referente al edificio ‘La Jirafa’ de Oviedo, que dotan a los ayuntamientos de marco normativo al calificar a las viviendas de uso turístico como actividad económica, empresarial o comercial. Por otra parte, en el caso de Gijón, además, el artículo 2.1.8 del apartado 6 a) de las normas urbanísticas y ordenanzas del Plan General de Ordenación, aprobado de manera definitiva en 2019, recoge que “en ningún caso se admitirán sobre plantas destinadas a viviendas, usos compatibles con el residencial”.
El verdadero problema no reside en las viviendas de uso turístico registradas, sino en los miles de establecimientos de estas características que son ilegales
Reacciones
Los primeros en reaccionar a esta medida anunciada por el gobierno gijonés han sido, como era de esperar, los propietarios de viviendas de uso turístico o vacacional en la ciudad. Su portavoz, Herminio García asegura estar harto de los ataques continuados a los que, según sus palabras, este colectivo es sometido de manera permanente, y defiende que no hacen daño a nadie, pues ni son los responsables de los elevados precios de la vivienda, ni de la escasez de viviendas de alquiler.
Tiene claro que las competencias en esta materia son de la administración autonómica, en ningún caso de las locales y reclaman que se les tenga dentro del sector. Defiende que la actividad que desarrollan genera economía y que, en el caso de Asturias, está bien regulada. No obstante, reconoce que el verdadero problema no reside en las viviendas de uso turístico registradas, sino en los miles de establecimientos de estas características que son “ilegales”.
Hace dos décadas se destinaban todos los recursos a la construcción, hasta que la burbuja explotó. Eso es exactamente lo que va a acabar sucediendo con el turismo si no se regula
Quien tampoco está en absoluto de acuerdo con esta medida, aunque por diferentes razones, es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, desde donde aseguran que la suspensión cautelar de la concesión de autorizaciones no es la solución, sin saber qué modelo de turismo se quiere, ni mucho menos lo es si se aplica, como está previsto, en tres zonas de la ciudad y no en su totalidad.
Su presidente, Manuel Cañete, considera que lo que va a hacer el gobierno local no es intentar resolver un problema, sino trasladarlo. “Nos quitamos el problema de encima en el centro para llevarlo a los barrios”, lamenta, con el incremento de precios que conlleva el desembarco de los pisos turísticos allá donde recalan.
Reconoce que Gijón es una ciudad pequeña y “puedes vender playa también a 200 metros de donde se ha estado vendiendo hasta ahora”, dice refiriéndose a la localización de pisos turísticos fuera del centro. A su juicio éste no es un problema generado de golpe, “llevamos tiempo hablando de esto y nadie ha hecho nada”.
Recuerda cuando hace dos décadas se destinaban todos los recursos a la construcción, hasta que la burbuja explotó, asegura que es exactamente lo que va a acabar sucediendo con el turismo si no se regula, porque la riqueza de una ciudad ya no reside en su modelo productivo sino en el turístico, y eso es un problema.
El Gobierno asturiano, por su parte, asegura estar trabajando en una doble vertiente para regular las viviendas de uso turístico. Por un lado, persiguiendo a los establecimientos ilegales, a través del refuerzo de las inspecciones y con una herramienta que permite una rápida detección de las viviendas turísticas no registradas. Por otro lado, a través de la elaboración de una nueva regulación, para lo que se han puesto en contacto con expertos de la Universidad de Oviedo con quienes trabajan conjuntamente. En este sentido, desde el Principado continúan abogando por un turismo sostenible y de calidad.
De momento habrá que esperar hasta el miércoles 24 para saber si la moratoria sale adelante, y también a la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), del 24 al 28 de enero, para conocer las medidas que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Gijón con el objetivo de regular las VUT.
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