'Las seis de La Suiza' afrontan su ingreso en prisión “con coherencia” por apoyar a una trabajadora en un caso de acoso

Una taxista, una veterinaria, una artista, una trabajadora del ámbito social, una empleada del sector de la hostería y un profesor. Son las actividades laborales de las seis personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo (TS) a una pena de tres años y medio de prisión por el caso conocido como 'Las Seis de La Suiza'. Afrontan “con coherencia y dignidad” este revés judicial que califican como un “peligrosísimo precedente” de persecución sindical por apoyar a una trabajadora que denunció a su jefe por acoso laboral y sexual con concentraciones delante del negocio, ubicado en Gijón.

Pese al complicado momento que están viviendo actualmente, a las puertas de un inminente ingreso en prisión, dos de las personas condenadas y una tercera que fue inicialmente imputada en la causa han accedido a relatar a eldiario.es Asturias cómo se encuentran, cómo se desarrolló el proceso judicial y qué pasos van a seguir a partir de ahora para defender que sus acciones se enmarcan dentro de la libertad sindical.

Desde hace siete años están inmersas en este largo procedimiento judicial que les llevó hasta el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que confirmó la condena en primera instancia del magistrado Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón por las protestas y manifestaciones que secundaron delante de la pastelería, en solidaridad con una trabajadora.

Esta empleada había acudido a las oficinas del sindicato CNT para pedir su asesoramiento tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

Coacciones graves o defensa de una trabajadora

Para el alto tribunal, sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016 y la condena les sitúa a un paso del ingreso en prisión tras responsabilizarlas del cierre del negocio.

Ellas, por el contrario, sostienen que se limitaron a defender a una trabajadora que sufría acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones. En estas concentraciones participaban representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

Luara: “Seguimos teniendo fuerza”

“Estamos en un punto de mucho estrés, en un momento complicado de todo esto. Nos afecta, pero seguimos teniendo fuerza para enfrentar todo esto y lo llevamos con toda la dignidad y y ánimo que podemos llevarlo”, explica Luara, una de las mujeres que participó en estas concentraciones con su marido Héctor, también condenado.

El matrimonio tiene un hijo de ocho años, que ha crecido casi paralelamente al procedimiento judicial. Sus padres empezaron a ir a las concentraciones cuando él solo tenía un año. Ahora, están pendientes de ver si finalmente los recursos que presentarán las defensas ante el Tribunal Constitucional, como paso previo a posibles actuaciones en el ámbito judicial europeo, salen adelante o si, por el contrario, tendrán que buscarle una alternativa mientras ellos cumplen la pena.

Héctor: “Estábamos haciendo un bien ayudando a una mujer”

“La vida se trata nada más que de mirarte al espejo y ver qué imagen te devuelve. Y eso es lo que cuenta”, resume Héctor. Él dice con una sola palabra la imagen que ven desde el espejo: “la imagen es la de la coherencia”, apunta.

A su lado, su mujer Luara explica que la tranquilidad que les queda es saber que pueden dormir a diario con la conciencia tranquila.

“Hicimos lo que hicimos convencidos de que estábamos haciendo un bien ayudando a una mujer, a una persona que lo necesitaba en ese momento. Y además, estábamos haciendo algo que es un derecho. Mostramos nuestro apoyo desde un punto de vista sindical y feminista. Se hizo sindicalismo y se hizo feminismo”, apostilla.

Los dos estiman que las vecinas y vecinos del barrio de El Llano, la sociedad gijonesa y la sociedad asturiana en general entendieron la finalidad de sus acciones, cuando secundaron la convocatoria del sindicato CNT, al que acudió la trabajadora de la pastelería para denunciar su caso de acoso.

“En aquel momento notamos también el apoyo de muchísima gente que ni siquiera estaba en el sindicato pero que entendía que era un problema que, por desgracia, pasa mucho en la sociedad y muy pocas veces se denuncia y se hace justicia. Ahora ha pasado mucho tiempo y en el momento en el que hay unas personas condenadas a prisión por hacer sindicalismo, la gente tiende a pensar que algo habrá pasado porque nadie en su sano juicio puede entender una cosa así”, comenta Luara.

“Hubo detenciones por pedir una reunión”, asegura

En esta causa llegaron a estar imputadas más de una treintena de personas. Una de ellas es Sara, que pertenece al movimiento feminista asturiano y que también expone a este diario su punto de vista sobre el caso.

“Yo llegué a estar imputada al principio. Éramos unas treinta y pico personas, pero al final se fue cribando y solo quedó gente que estaba afiliada a la CNT. Ni siquiera sabemos muy bien cuáles eran los criterios”, afirma.

Durante la investigación se incluyó a personas cuyo papel se había limitado a solicitar a una empresa una reunión con el sindicato; otras por acudir a esas reuniones.

Héctor recalca que todas las concentraciones eran convocatorias legales que contaban con la autorización de la Delegación del Gobierno. En todas ellas había presencia policial y no levantaron actas de disturbios, ni incidentes.

Héctor hace hincapié en algunas de las contradicciones en las que, en su opinión, incurre la condena. Por un lado, se declara como responsable civil subsidiaria a la organización sindical CNT y por el otro se considera que las acciones de las personas juzgadas y condenadas se desligan de las siglas del sindicato, como si hubieran actuado al margen de la organización.

“No se condena al sindicalismo, sino a un grupo de personas. Si eso es así, ¿Por qué se condena a la CNT como responsable civil subsidiaria?. Si operamos al margen del sindicato, la CNT sería víctima y no responsable civil subsidiario. Y si la CNT es responsable civil subsidiaria, entonces nosotros es que operamos dentro del marco de una organización sindical y por tanto, al amparo de la Ley de libertad Sindical y de la Constitución”, incide.

Otro hecho que llama la atención es que se llegaron a presentar hasta 35 denuncias por estos mismos hechos que fueron archivadas sucesivamente por el juzgado e incluso por la Audiencia Provincial que confirmó su sobreseimiento.

“Es curioso que estemos condenadas precisamente por esas mismas denuncias que anteriormente fueron archivadas hasta que cayó en el juzgado que finalmente nos condenó. ¿Cómo es posible?”, interpela el matrimonio.

La denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral

Luara, Héctor y Sara inciden en la importancia de que, a pesar de este revés judicial, no queden impunes las denuncias por acoso sexual en el ámbito laboral y se sigan denunciando para depurar responsabilidades.

“El acoso sexual en el ámbito laboral es mucho más común de lo que la gente pueda pensar. Éste no es el único ni el primer caso que conocemos, pero sí que es una asignatura pendiente, porque a pesar de que es uno de los que más se producen, también es uno de los que menos se condena. Es solo la punta del iceberg y estamos hablando de un porcentaje que es incalculable porque casi nunca se denuncian”, lamentan.

Además, ponen el acento en el hecho de que a pesar de ser las principales víctimas, en la mayoría de las ocasiones es la mujer la que tiene que irse de ese puesto de trabajo, ya sea por el acoso sexual de un jefe o por el acoso sexual de un compañero.

“Normalmente es la mujer la que paga con su vida, con su cuerpo, con su trabajo y su salud”, corroboran.

Una situación que es más preocupante a raíz de esta sentencia porque, según advierten, en el momento en el que una mujer decide denunciar un supuesto acoso sexual por la vía judicial y decide pedir ayuda en su sindicato, se encuentran con que la denuncia de la trabajadora es archivada por falta de pruebas al enmarcar este tipo de delitos en una esfera más privada donde se precisa tener pruebas que lo confirmen.

“El hecho de que sea archivado por falta de pruebas, no quiere decir que no las haya. El problema que hubo en el caso concreto de La Suiza -describen- es que después de que la denuncia por acoso sexual se archivó por falta de pruebas denunciaron a la trabajadora por denuncia falsa y por dos veces archivaron esa denuncia y ya en la Audiencia Provincial dijeron muy claro que no era una denuncia falsa, simplemente no se había podido demostrar, con lo que condenan a esta mujer por el hecho de contarlo y no se le ha hecho justicia en el caso de acoso sexual”, inciden.

En principio acudiremos al Tribunal Constitucional y no descartamos acudir también a instancias europeas. Todo es un sinsentido, la condena es totalmente injusta y fuera de lugar

El apoyo sindical, político y social

El matrimonio condenado resalta el importante apoyo que han sentido desde los sectores sindicales, político y social en estos siete años, tanto desde Asturias como a nivel estatal. También destacan el importante respaldo del movimiento feminista. Incluso, según comenta, el presidente del Principado, Adrián Barbón que está “al tanto” de su situación y de todo el proceso les transmitió su preocupación por el caso.

Ahora, con la sentencia del Supremo valoran con los abogados cuáles serán los siguientes pasos a seguir. En principio, van a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

“En principio acudiremos al Constitucional y no descartamos acudir también a instancias europeas aunque ya sería un poco cicatrizar la herida, aunque en realidad -manifiesta Luara- nos podrías librar de poco, porque si la sentencia se ejecuta y finalmente nos dieran la razón se supone que ya estaríamos cumpliendo la pena”.

La esperanza dicen que es lo último que se pierde y, en su caso, sigue con el ánimo muy fuerte, lo que no impide que califique todo este calvario que están sufriendo como “un sinsentido, un caso totalmente injusto y fuera de lugar”, añade.

A la pregunta de cómo se están preparando psicológicamente para su ingreso en prisión, lo tienen claro: “con el apoyo y la solidaridad de muchísima gente que nos está ayudando un montón a descargarnos también un poco de trabajo y y ayudando en absolutamente todo. Al final es algo que ya tienes muy interiorizado, muy asumido y que afrontas con muchísima fuerza y muchísima dignidad, pero con toda la amplitud de la palabra”, resumen.

“La condena no va a condicionar nuestras vidas”, afirman

En estos siete años, el matrimonio ha seguido realizando su vida con normalidad. Luara reconoce que no se ha visto más limitada en su actividad diaria por esta condena.

“En ningún momento he dejado de vivir mi vida, ni un solo día, ni un solo momento. He vivido mi vida plenamente y no me ha condicionado nunca. Si, en el peor de los casos, yo tengo que entrar en prisión, estaré el tiempo que tenga que estar y luego saldré y seguiré con mi vida. Además, eso es lo que ellos quieren y no les vamos a dar ese regalo. Nosotros vivimos la vida con orgullo y con dignidad. Y cuando esto acabe, seguiremos viviéndola igual. En la vida hay cosas mil veces peores”.

Está convencida de que lo más injusto de toda la situación es que se ha condenado al sindicalismo y a una mujer por denunciar haber sido víctima de acoso laboral y sexual.

“En la cultura popular y en el imaginario colectivo de este país se dice que la ley no es igual para todos. Y cabe preguntarse ¿Por qué?”, concluye Héctor dejando en el aire su interpelación.