Vecinos de Granda (Siero) se rebelan contra la instalación de un parque de baterías a 150 metros de las casas

Los vecinos de Granda, en el concejo asturiano de Siero, no quieren un parque de baterías a menos de 150 metros de sus casas y han escenificado su protesta en la calle. Convocados por la asociación vecinal “Valeriano León’ ayer aprovecharon el pleno ordinario que celebraba el Ayuntamiento de Siero para protagonizar una concentración a las puertas de la Casa Consistorial.

Los vecinos, a través de su abogado Víctor Martín, han solicitado a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado la nulidad de la resolución que otorgó la autorización administrativa previa a la promotora Axpo Storage ES1 S.L. para su instalación adosado a las instalaciones de tres empresas del Polígono Las Peñas.

El letrado asegura que su petición se fundamenta en varias irregularidades detectadas en el procedimiento que dejaron a los vecinos en “una absoluta indefensión, real y efectiva”, privándoles de poder alegar en defensa de los intereses medio ambientales de la localidad sierense.

Martín asegura en un comunicado que, a pesar de que la asociación está inscrita desde hace años en el Registro de Personas Jurídicas interesadas en los expedientes de evaluación ambiental de Siero “sorprendentemente y de manera inexplicable, los vecinos no fueron notificados de la apertura de la evaluación ambiental del parque de baterías proyectado en Granda”, lo que supuso un total desconocimiento por su parte de la existencia del procedimiento y una vulneración de sus derechos.

“No se entiende ni se encuentra explicación a que no se les notificase este procedimiento”, añade.

El letrado afirma que no es esta la única irregularidad, pues, tras una comparativa con el resto de los procedimientos incoados en el Principado sobre este tipo de instalaciones, “solo en el referente a Granda se publicó el emplazamiento indicando únicamente el concejo de ubicación y unas coordenadas UTM, cuando en todos los demás expedientes figuran las referencias catastrales de las parcelas y otros datos como la población o la parroquia”.

“Este dato supuso -continúa- que ningún vecino de Granda ni la asociación pudieran concer la existencia del procedimiento, que se desarrolló sin oposición vecinal alguna”.

Las presuntas 'triquiñuelas' jurídicas

El abogado lamenta que la Consejería no requiriese a la promotora para que completase esa información, para evitar “lo que podrían ser triquiñuelas jurídicas por parte de las promotoras para evitar el conocimiento del procedimiento por parte de los vecinos y la asociación y evitar un movimiento social en contra de la instalación”.

Martín señaló, asimismo, que la promotora sí hizo constar en el proyecto los datos catastrales de las parcelas afectadas por la línea de evacuación, por lo que “no puede considerarse como un descuido no haberlo hecho con la parcela de ubicación de la planta, que es un dato muy relevante”, si bien hizo constar la población y aquellos datos catastrales en el documento ambiental.

“Al no haberlo hecho en el proyecto, y contar con la falta de diligencia por parte de la Consejería de Industria a la hora de velar por el derecho de defensa de la asociación, ello generó un total desconocimiento de este procedimiento durante toda su tramitación”, aseveró.

La asociación, por su parte, denunció “un oscurantismo total durante todo el proceso”, ya que tampoco el Ayuntamiento de Siero comunicó a la Consejería durante la tramitación del procedimiento que la asociación era parte interesada y no estaba personada, lo que podría haber evitado la indefensión.

Además, advirtió de que llegará “hasta donde haya que llegar” para que sea reconocido este “atropello sin precedentes” a sus derechos y reestablecido su derecho a alegar en este procedimiento.

El recurso de la Coordinadora Ecologista

Los vecinos de Granda han manifestado su apoyo expreso a la Coordinadora Ecologista de Asturias, que, estando personada en el procedimiento, ha interpuesto recurso contra la autorización alegando varias vulneraciones a la ley de evaluación ambiental.

Los vecinos y vecinas de Granda aseguran que se han quedado “perplejos al leer el análisis técnico del expediente elaborado por el propio órgano ambiental del Principado de Asturias, en el que se señala que el promotor no hizo un análisis pormenorizado relacionado con los peligros asociados a este tipo de baterías, que se consideran por el órgano ambiental como muy importantes y graves, aludiendo a los riesgos de incendio y explosión”.

Unos incendios que, según se refleja en el análisis técnico han sido ampliamente documentados debido a su rápida propagación y dificultad para extinguirlos, junto a la complicación añadida de que se liberan productos de combustión altamente tóxicos (fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbón y óxidos de nitrógeno) que ponen en riesgo la salud de las personas expuestas a los gases.

Los riesgos

Según explican, en el análisis técnico se afirma que el documento ambiental de la promotora no analiza estos riesgos, y que no se recoge información relacionada con la población potencialmente en riesgo por proximidad, y su posible afección. En especial, a aquellas personas que, debido a su proximidad, puedan estar expuestas a los gases de carácter tóxico en el caso de riesgo de incendio y de explosión inherente a este tipo de instalaciones.

Ni la Coordinadora Ecoloxista, ni Stop Baterías Asturias, ni la asociación de vecinos de Granda alcanzan a comprender cómo, con este análisis técnico, se ha podido emitir por el mismo órgano un informe de impacto ambiental a favor del proyecto, lo que supone “una falta absoluta de preocupación por la seguridad de las personas”.  

El abogado, que también asesora jurídicamente a la plataforma Stop Baterías Asturias, indica que “quizá es un buen momento, ahora que quedan todavía unos cuantos procedimientos de esta naturaleza por pasar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, para que el presidente Barbón se plantee una nueva reorganización de las consejerías e integre al ámbito administrativo de Medio Ambiente en la Consejería de Ordenación del Territorio y no lo mantenga dentro del organigrama de la Consejería de Industria”.

Martín recordó, además, que concejos como Siero se caracterizan porque suelos industriales, prados y viviendas unifamiliares se integran en una configuración urbanística peculiar y particular que no puede suponer en modo alguno una diferencia de trato en la protección de las personas respecto de otros vecindarios asturianos, que, a su juicio, “es lo que parece está aconteciendo con estas instalaciones a cuyos proyectos parece dárseles carta blanca por el hecho de que se ubiquen en suelos industriales”.

Denuncia la pasividad empresarial y sindical

Víctor Martín denuncia igualmente “la parsimonia y pasividad del sector empresarial y, sobre todo, sindical de los polígonos industriales”, que en su opinión muestran una total despreocupación por los posibles efectos nocivos “derivados de tener no ya a escasos metros, sino adosada, una instalación de este tipo”.

El abogado no entiende “que no haya nadie defendiendo los intereses de estos trabajadores y lo tenga que hacer una Coordinadora Ecoloxista d’Asturies y la plataforma Stop Baterías Asturias”.

Más diálogo social

Además, recomienda a las promotoras que, “antes de apresurarse en la presentación de un proyecto, intenten un diálogo social con los vecindarios que van a resultar afectados, ya que no es buen camino -comenta- tratar de obtener la autorización sea como sea en contra de quien se siente atacado y perjudicado en su calidad de vida ambiental y salud pública”.

El letrado sostiente que, de haber existido esa voluntad de diálogo social desde un primer momento, “la problemática de las plantas de almacenamiento de energía BESS habría discurrido por otros derroteros”.