El riesgo de ser mujer en Centroamérica

Cada 16 horas, una mujer es asesinada en El Salvador y Honduras. En el caso del primero, 2.521 mujeres murieron en los últimos seis años y, en el segundo, a lo largo de la última década la cifra asciende a 4.496 mujeres asesinadas; ello ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar de epidemia los feminicidios en la región. Y es que Honduras o El Salvador no son casos aislados, según el último Informe sobre el estado de la región (2016), los crímenes contra las mujeres en Centroamérica superan las cifras del año 2000 en la mayor parte de los siete países de esta zona.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de estadísticas como éstas, las organizaciones de mujeres siguen reivindicando que no existe información de calidad y actualizada sobre las agresiones contra las mujeres y, principalmente, sobre las muertes violentas. Ejemplo de ello es el caso de El Salvador, donde la situación de violencia social que vive el país hace que las muertes de mujeres se consideren homicidios y no feminicidios, entendiendo estos como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo.

Actualmente, los siete países de Centroamérica cuentan con legislaciones vigentes específicas que penalizan la violencia contra las mujeres que tipifican como delito el feminicidio y, a escala regional, en diciembre de 2013 se aprobó la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SICA), un instrumento público regional que posiciona la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres. Sin embargo, la realidad es que los estados no garantizan que todos los delitos y crímenes sean debidamente investigados, perseguidos, juzgados y sancionados.

Pero la violencia contra la mujer no es sólo aquella que acaba con su vida sino “cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, tal y como define en su primer artículo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará.

En Nicaragua, por ejemplo, en lo que va de año, los registros de violencia contra las mujeres han llevado a que ésta sea considerada un problema de salud pública y seguridad ciudadana. Según los datos, 1 de cada 5 mujeres de la zona urbana ha sido sometida a violencia física; en el caso de las zonas rurales, este índice se incremente en 1 de cada 4.

Esa 1 de cada 4 mujeres nicaragüenses podría ser Francisca Mairena. A sus 39 años vive en la comunidad de Wasaka Abajo, en el municipio de El Tuma-La Dalia, el tercero de todo el país con mayor índice de violencia (se cometen 2,33 delitos por día, 1,7 de ellos son contra las mujeres, la niñez y la adolescencia). Quedó huérfana a los 5 años y se fue a vivir con unos tíos que la maltrataron. Tras el maltrato de sus familiares llegó el de su pareja hasta que decidió salir de allí “porque era mucho lo que sufría”. Fruto del maltrato que recibió, ella también maltrató a sus tres hijos, “gritos, malas palabras, les pegaba cuando llegaba del trabajo”, relata, “pero llegó un día en el dije que no quería que eso volviera a suceder, que yo no podía darles a mis hijos lo mismo que yo recibí”. Aquella reflexión Francisca la hizo en la cárcel de Matagalpa donde pasó 15 días acusada de maltrato de menores.

Como consecuencia de la violencia que ella infringió a sus hijos, la mayor de los tres abandonó el hogar a los 15 años para irse a vivir con un hombre de 38 que también la maltrató y el segundo de ellos, con 6 años, “agarró la calle y andaba en las drogas y esnifando pegamento”; y añade, “muchos me decían que yo era la culpable”. La decisión de Francisca de cambiar su vida vino acompañada de un profundo trabajo personal; desde hace cinco años se ha formado en los talleres de Ayuda en Acción sobre defensa de los derechos de las mujeres y protección de la niñez, lo que la ha convertido en un referente comunitario al que recurren sus vecinos cuando necesitan consejo o ayuda.

Ayuda en Acción está presente en Centroamérica desde 1990 y la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres son transversales a nuestro trabajo de desarrollo territorial integral en la región. Entre otros, realizamos escuelas de género, talleres para la construcción de nuevas masculinidades o de paternidad responsable y educación sin violencia, así como de salud sexual y reproductiva ya que las tasas de fecundidad adolescente, además de por sus graves consecuencias sobre la salud de las mujeres jóvenes, están estrechamente relacionadas con situaciones de abuso y violencia sexual. Estas tasas, como las de pobreza y la baja escolaridad, son mucho mayores en el caso de las zonas rurales, sobre todo en Honduras, Nicaragua y El Salvador donde, del total de niñas de entre 10 y 12 años que dieron a luz en 2012, el 61,3% tenía signos de violencia sexual.

“Aquella Francisca de antes se quedó atrás, yo volví a nacer, gracias a mis hijos y gracias a aquel día que estuve encerrada, yo reflexioné y dije que allí se quedaba aquella y salía otra”, cuenta Francisca. “Gracias al proceso que he pasado y he vivido he sentido que en verdad sí tengo valor y que sí soy útil para mi familia y la comunidad”.

Cada 16 horas, una mujer es asesinada en El Salvador y Honduras. En el caso del primero, 2.521 mujeres murieron en los últimos seis años y, en el segundo, a lo largo de la última década la cifra asciende a 4.496 mujeres asesinadas; ello ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar de epidemia los feminicidios en la región. Y es que Honduras o El Salvador no son casos aislados, según el último Informe sobre el estado de la región (2016), los crímenes contra las mujeres en Centroamérica superan las cifras del año 2000 en la mayor parte de los siete países de esta zona.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de estadísticas como éstas, las organizaciones de mujeres siguen reivindicando que no existe información de calidad y actualizada sobre las agresiones contra las mujeres y, principalmente, sobre las muertes violentas. Ejemplo de ello es el caso de El Salvador, donde la situación de violencia social que vive el país hace que las muertes de mujeres se consideren homicidios y no feminicidios, entendiendo estos como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de serlo.