Cinco niños demandan al Estado de Guatemala por no luchar contra el hambre

El municipio guatemalteco de Camotán pertenece al departamento de Chiquimula y cuenta con la cabecera municipal, 29 aldeas y 78 caseríos. Allí viven Brayan, Mayrita, Leonel y las hermanas Dina Marilú y Mavelita Lucila, a cuyas familias se ha responsabilizado por negligencia y falta de precaución por su enfermedad y desnutrición crónica. Esta es la historia de cuatro familias que han luchado contra el Estado para defender el derecho a la alimentación de sus hijos. La pequeña crónica de una demanda inédita, de una sentencia histórica.

En Camotán, algunas comunidades están inmersas en la necesidad y en la impotencia. Allí, los ingresos económicos se limitan a conseguir empleo precario en la plantaciones de café de la frontera con Honduras (y aún así, el salario no les permite cubrir necesidades básicas) o depender de la agricultura en caso de tener tierras propias. La alimentación, se reduce al maíz, frijol o milpa que puedan cultivar, comprar o mendigar. A los nances que puedan recolectar de los árboles cercanos a sus casas. Hay días que sus dos comidas diarias se limitan a varias tortillas de maíz. Así, es imposible superar el ciclo de desnutrición que afecta no sólo a los más pequeños, sino a las familias al completo. Muchas no cuentan con ningún tipo de saneamiento y sus comunidades son caldo de cultivo de parásitos y enfermedades digestivas. El acceso al agua potable requiere muchas veces de un largo recorrido a pie, pues utilizar otro tipo de transporte se llevaría buena parte de los ingresos de los que disponen para… malvivir. Muchos niños se ven obligados a trabajar con apenas diez años y dejan la escuela; las niñas se emparejan, casan y quedan embarazadas a los 13 o 14 años.

Y surgen las preguntas. ¿Cómo salir del círculo de pobreza? ¿Está el estado guatemalteco libre de responsabilidad? ¿Hasta qué punto se puede responsabilizar a las familias cuando carecen de alimentos o de trabajo y no tienen acceso a la tierra o a servicios básicos como agua potable o vivienda? ¿Por qué no exigir que el estado repare el daño que la desnutrición y la pobreza extrema ha causado a las familias?

Esta historia se remonta a 2007. Catorce organizaciones –entre ellas ActionAid, nuestro socio internacional en el país– unen fuerzas para crear la campaña Guatemala sin Hambre con la intención de impulsar la lucha y exigir uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la alimentación. Según el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales establecido en la cumbre de la FAO en 1996 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y Ley de la Niñez y Adolescencia de Guatemala, la lucha contra el hambre y la desnutrición es una obligación que el Estado de Guatemala debe cumplir. En noviembre de 2011 llega la demanda, personificada en cuatro familias de Camotán contra el estado guatemalteco por incumplir su derecho a la alimentación. Llega también el precedente jurídico.

El proceso judicial: una sentencia histórica

El 7 de noviembre de 2011, se demanda al Estado de Guatemala en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Zacapa, iniciando un Proceso Jurídico de Protección cuya finalidad es determinar la amenaza o violación de derechos, descubrir quién es el responsable de la misma y restituirla garantizando la no repetición. La Procuraduría General de la Nación (PNG), como abogado del Estado, se enfrenta entonces a un complicado dilema: ¿defendar al Estado o a los niños? Tras varias audiencias y la plena implicación en el proceso de una de las ONG de Guatemala sin Hambre, la Asociación Nuevo Día, el informe antropológico determina que “la situación que viven las familias no les permite romper el círculo de la pobreza y la desnutrición, no tienen horizontes de desarrollo humano”.

En menos de dos años –en abril y mayo de 2013– llegan las sentencias: “El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y realizar el derecho humano a la alimentación y no adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la alimentación adecuada”, reza el juez del juzgado de la Niñez de Zacapa en una sentencia histórica que “declara al Estado responsable por omisión por la violación del derecho a al alimentación, a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo”. En la parte resolutiva, “se declara la responsabilidad del Estado al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud y desnutrución crónica y aguda sufrida por falta de alimentación adecuada, y en consecuencia y velando por el interés superior de los niños y niñas se estima que los derechos humanos violados deben ser sustituidos”. Las sentencias, que incluyen 26 acciones vinculadas a diez órganos de gobierno que tienen alcance individual, familiar, comunitario y nacional, sientan jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales por primera vez en Guatemala.

Sin embargo, el Estado centroamericano intenta revertir esta sentencia histórica. “La lucha continúa, estamos siendo testigos de cómo el gobierno, por medio de sus diferentes dependencias estatales busca por la vía de amparos anular la sentencia. Es un reto para el sistema de justicia, donde se podrá establecer si se defienden los Derechos o se encubre la irresponsabilidad del Estado”, afirma

Arturo Echeverria, director de ActionAid Guatemala: “Será necesario monitorear el cumplimiento de la sentencia, seguiremos apoyando este proceso, a las organizaciones de la sociedad que participan, pero especialmente a las familias que con coraje siguen su lucha para gozar de su derecho a una vida con dignidad”. La bolsa de alimentos que reciben las familias cada mes debido a las medidas cautelares establecidas por el juzgado de Zacapa está pensada para una sola persona. Aún se está a medio camino de una solución definitiva.

En Guatemala, según cifras oficiales, más de un 52% de sus aproximadamente 14 millones y medio de habitantes vive en condiciones de pobreza, estando el 20% en situación de pobreza extrema. Uno de cada dos niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica. Estos cinco casos devuelven la esperanza en la justicia a los más de dos millones de niños guatemaltecos que la padecen. Porque la esperanza, dicen, es lo último que se pierde.

El municipio guatemalteco de Camotán pertenece al departamento de Chiquimula y cuenta con la cabecera municipal, 29 aldeas y 78 caseríos. Allí viven Brayan, Mayrita, Leonel y las hermanas Dina Marilú y Mavelita Lucila, a cuyas familias se ha responsabilizado por negligencia y falta de precaución por su enfermedad y desnutrición crónica. Esta es la historia de cuatro familias que han luchado contra el Estado para defender el derecho a la alimentación de sus hijos. La pequeña crónica de una demanda inédita, de una sentencia histórica.

En Camotán, algunas comunidades están inmersas en la necesidad y en la impotencia. Allí, los ingresos económicos se limitan a conseguir empleo precario en la plantaciones de café de la frontera con Honduras (y aún así, el salario no les permite cubrir necesidades básicas) o depender de la agricultura en caso de tener tierras propias. La alimentación, se reduce al maíz, frijol o milpa que puedan cultivar, comprar o mendigar. A los nances que puedan recolectar de los árboles cercanos a sus casas. Hay días que sus dos comidas diarias se limitan a varias tortillas de maíz. Así, es imposible superar el ciclo de desnutrición que afecta no sólo a los más pequeños, sino a las familias al completo. Muchas no cuentan con ningún tipo de saneamiento y sus comunidades son caldo de cultivo de parásitos y enfermedades digestivas. El acceso al agua potable requiere muchas veces de un largo recorrido a pie, pues utilizar otro tipo de transporte se llevaría buena parte de los ingresos de los que disponen para… malvivir. Muchos niños se ven obligados a trabajar con apenas diez años y dejan la escuela; las niñas se emparejan, casan y quedan embarazadas a los 13 o 14 años.