La guerrilla global de científicos que intenta proteger los datos ambientales de interferencias de los gobiernos

Laura Rodríguez

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Cuando en noviembre de 2016 Donald Trump nombró como director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a un negacionista del cambio climático, el antropólogo ambiental Nick Shapiro decidió a escribir un email urgente a una docena de científicos.

La conversación que el investigador había tenido con un par de compañeros le puso en guardia sobre el problema que el nuevo presidente podría crear en el futuro. El Gobierno conservador de Stephen Harper en Canadá había eliminado datos científicos irrecuperables durante su mandato de 2006 a 2015, y en la época de George W. Bush varias páginas del organismo dedicado a la protección del medio ambiente se habían “caído”. Escuchar a Trump referirse a la Agencia de Protección Ambiental como “el hazmerreír del mundo” tampoco tranquilizaba. “Quizá es el momento de salir de nuestras respectivas madrigueras”, dijo Shapiro a sus colegas en el email, “intercambiar opiniones, pensar en nuestras formas de investigación y empezar a trabajar”.

Nick Shapiro recuerda un tanto sorprendido cómo aquel mensaje puso en marcha un movimiento que descubrió un problema con un impacto global y en el que todavía queda mucho por hacer. El correo, al que respondieron tanto científicos como personas que trabajaban en la protección del medio ambiente, desencadenó un debate para proteger el acceso a las bases de datos a través del llamado “archivo de guerrilla”.

En los primeros meses, Shapiro y el pequeño grupo, que tomaron el nombre de Environmental Data & Governance Initiative (EDGI en sus siglas en inglés), copiaron y analizaron miles de páginas web del Gobierno y las pusieron a disposición del público a través de la biblioteca digital Internet Web Archive. Además, empezaron a buscar personal de la Agencia de Protección Ambiental para hacer entrevistas que recogieran su experiencia y conocimiento. Esas entrevistas, que hoy llegan a 150 y han empezado a publicarse tras el cambio de Gobierno con nombres reales, resultan, según sus autores, una fuente de enorme valor sobre lo que estaba ocurriendo desde dentro.

Hoy en día, EDGI sigue trabajando para asegurar el acceso del público a la información ambiental. “El trabajo aún no ha terminado”, asegura Shapiro, que ahora colabora en el proyecto de forma más ocasional. En el último año, la organización empezó a publicar las sanciones de la agencia ambiental para que las comunidades puedan encontrar en qué regiones las compañías incumplen las leyes ambientales. También ha creado las tarjetas informativas para los distritos congresuales, donde se recopila para cada distrito las infracciones y cómo han variado en el tiempo.

La idea es evitar que los cambios de Gobierno interfieran en la información que recibe el público o con pérdidas de evidencias ambientales. “Solo cuando los ciudadanos pueden acceder a los datos hay una verdadera democracia”, explican los organizadores detrás de este proyecto.

La Administración de Trump sirvió para aprender en el propio terreno los obstáculos al conocimiento que puede crear un cambio gubernamental. Según los informes que ha publicado este organismo, durante los primeros meses de su presidencia, el término cambio climático descendió casi un 40% en las páginas de las agencias ambientales federales de Estados Unidos; algunas páginas gubernamentales dificultaron el acceso a la información sobre la contaminación; y ciertas webs que contenían datos sobre las regulaciones dirigidas a proteger el aire y el agua de diferentes regiones se retiraron previamente a que la Administración de Trump propusiera revocarlas.

Nick Shapiro asegura que movimientos similares de protección de los datos serían útiles en otras zonas del mundo. “En el centro de nuestra crisis ambiental se encuentra un problema de imputar responsabilidades y nuestros gobiernos no van a implementar protecciones por sí solos”, señala, “más bien necesitan que lo exija una coalición amplia apoyada con evidencias”.  

El trabajo de EDGI trascendió enseguida a los medios de comunicación y muchos de los que allí trabajan creen que esto frenó algunas acciones. Pero los científicos también descubrieron que, incluso en el gobierno federal dominaba la desorganización y competían diversos intereses, por lo que ninguno está seguro de los motivos de algunos cambios.

Alejandro Paz, un estudiante de la Universidad de Boston al que un colega recomendó el proyecto de EDGI, se sorprendió cuando descubrió por sí mismo como voluntario el caos detrás de las páginas federales. “Como bibliotecario estaba interesado en las nuevas tecnologías digitales que facilitan nuestra tarea”, dice Paz, “y en ver cómo podía mejorar hacer accesible y fácil de encontrar la información. Aprendí lo importante que era el archivo de páginas web para la libertad de información”.

Tanto Paz como Shapiro admiten que el gran éxito de EDGI ha sido construir una infraestructura y un programa informático que permite mantener un control sobre millones de páginas en todo Internet. El trabajo del equipo internacional de informáticos ha conseguido una herramienta que ahora forma parte del corazón del megaarchivo digital Internet Wayback Machine y que podría tener ramificaciones globales.

Pero Shapiro admite que, cuando mandó su primer email, no tenía claro cómo acabaría. “No estaba seguro de qué podía esperar, si te soy sincero”, contesta en uno de los mensajes que intercambiamos. “Había un sentido de anticipación y una corazonada que pendía sobre nosotros y nos motivaba a trabajar al máximo. Al cabo de dos meses vimos que algo muy especial estaba ocurriendo. Y sentimos que era un trabajo de equipo, como un esfuerzo colectivo que podía conseguir intervenciones importantes”.

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