Cuando ocurre un cambio de Gobierno es habitual que los nuevos inquilinos de la casa noble se encuentren fiambres en los armarios. En el caso del Ayuntamiento de Zalla, una localidad con 8.500 habitantes, la lista de cadáveres que dejó el PNV a su salida en 2011 no tiene desperdicio: Una emisora de radio con un coste de 80.000 euros anuales que emite una hora de contenido propio al día, un hotel restaurante pagado con fondos públicos que nunca se puso en marcha y cuyo mobiliario le cuesta al consistorio 100.000 euros al año en concepto de alquiler y una residencia con un servicio de catering que cuesta otros 200.000 euros anuales y que nunca se ha licitado de forma pública.
En total, son más de 350.000 euros de facturas anuales sujetas a contratos plurianuales sobre los que el nuevo Gobierno, compuesto por los independientes de Zalla Bai, tiene escaso margen de maniobra. El nuevo equipo trata ahora de reanimar todos estos despojos mediante la creación de una sociedad mercantil que los gestione, Enkarterri Berri Zerbitsuak S. L. El problema es que por el camino han acabado creado su propio monstruo de Frankestein de las empresas públicas con unos estatutos que delegan sobre ella gran parte de las competencias municipales.
Realmente Enkarterri Berri Zerbitsuak no será una sociedad completamente nueva, se trata de la reconversión de una empresa pública que ya existía y que se encargaba únicamente de gestionar la radio. Ahora sus estatutos también le darán control sobre la residencia u otros servicios de pisos tutelados y centros de día que el consistorio pudiera crear y también sobre el hotel restaurante municipal. Además, se le atribuyen competencias urbanísticas, de vivienda y de explotación del patrimonio y bienes municipales, así como de compra, producción y distribución de energía.
Y claro, para poder gestionar este enorme cajón desastre de bienes y servicios municipales hace falta personal. Por eso los nuevos estatutos prevén la posibilidad de nombrar hasta tres consejeros delegados y un gerente, establecer dietas para los miembros del consejo de administración que sean concejales de Zalla y salarios para los que no lo sean.
También establecen algunos controles sobre su funcionamiento. Por ejemplo, la junta de accionistas estará formada por todo el pleno municipal y tendrá facultades para fiscalizar la sociedad. Sin embargo, sólo se reunirá una vez al año y, en cualquier caso, el partido que tenga mayoría en el Ayuntamiento tendrá control sobre ella. Los estatutos también prevén que el consejo de administración esté formado al menos por un miembro de cada partido con representación en Zalla y que a todas sus reuniones asista la secretaria municipal, pero la figura del interventor no se menciona por lo que los contratos no estarían controlados por un funcionario independiente.
“Cubrir todos los nichos de mercado”
“Cubrir todos los nichos de mercado”El alcalde de Zalla, Javi Portillo, admite que los estatutos de la sociedad “son mejorables”. “No somos expertos en esto, hay partes en las que hemos hecho ‘copy-paste’ de otros textos similares y es posible que tengamos que revisarlas”, se sincera el primer edil. Sin embargo, justifica el ‘tótum revolútum’ competencial que recibe su criatura. “Queremos que en un futuro promocione vivienda para dar respuesta a la escasez de VPO que hay en el pueblo y que en la medida de lo posible alivie el 22% de paro que tenemos en el pueblo con nuevas contrataciones”, asegura Portillo. “El objetivo es que cubra todos aquellos nichos de mercado que no estén cubiertos en Zalla”, añade.
El alcalde de la localidad encartada argumenta que la figura de una S. L. es necesaria porque “de otra forma, con la nueva ley de bases, corren riesgo de desaparecer estos servicios municipales en tanto en cuanto no equilibren sus cuentas”. “Además, nos permite licitar la gerencia de esa sociedad a una empresa con experiencia en la gestión de ese tipo de servicios y con profesionales adecuados para ello, de forma que cobren un % de la facturación y un % de los beneficios que consigan”, añade portillo y recuerda que dichos servicios parten con un déficit anual de más de medio millón de euros.
De buenas a primeras, la nueva Sociedad no ha establecido el pago de dietas ni salarios para los miembros del Consejo y la licitación de la Gerencia, publicada el pasado viernes en el boletín, limita el salario de la empresa o profesional que gane el concurso al 8% de los ingresos de la nueva sociedad excluyendo los que vengan de las arcas municipales. Es más, el propio Portillo recalca que actualmente la junta de la residencia está compuesta por 7 concejales que cobran 350 euros cada vez que se reúne, “que además paga el ayuntamiento”. Sin embargo, admite que están estudiando la manera de evitar futuros abusos.
“Nos gustaría poner más salvaguardas, una vez que empecemos a funcionar pensaremos en blindarlo todo más”, comenta el regidor. “Pero hay que tener en cuenta que no hizo falta crear una sociedad mercantil para dar a dedo el servicio de catering de la residencia o para crear una emisora cuyo único propósito es repetir la señal de una radio privada”, añade.
La oposición, por el contrario, no ve suficientes garantías en una declaración de buenas intenciones. Josu Montalbán, portavoz del PSE, cree que la nueva sociedad “añade opacidad” y “elude el control del interventor municipal”. “Es una privatización encubierta de los servicios del Ayuntamiento porque una sociedad mercantil no se rige por los mismos criterios que una institución pública”, critica Montalbán. El portavoz socialista recalca que la nueva empresa podría aplicar la reforma laboral sobre los trabajadores de la residencia, que pasarán a ser parte de su plantilla, o ignorar las leyes de contratación pública cuando recurran a nuevo personal.
A falta de ver cómo se realizarán las nuevas contrataciones, el sindicato mayoritario de los trabajadores de la residencia, ELA, hizo la única alegación a los estatutos y ésta fue aceptada. Esta modificación incluyó a toda la plantilla dentro de la Relación de Puestos de Trabajo(RPT) del Ayuntamiento y ha provocado que los trabajadores estén “satisfechos con el proceso hasta el momento”. El alcalde de Zalla asegura, además, que seguirán el mismo procedimiento con los nuevos empleados “siempre que sea posible” recurriendo una vez más a las buenas intenciones.