Doblegar la sexta ola requiere que la Conferencia de Presidentes apruebe restricciones

El considerable repunte de contagios por COVID-19 en España y la creciente presencia de la variante ómicron han alcanzado proporciones que obligan a tomar medidas que interrumpan la transmisión y que van más allá de la vacunación, tal como está ocurriendo en el resto de Europa y como ha recomendado el análisis de riesgos publicado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades el pasado 15 de diciembre. España no es una excepción por avanzada que esté la cobertura vacunal; el Gobierno y los presidentes autonómicos deben entenderlo, cerrar filas y actuar en consecuencia adoptando restricciones como las que se han puesto en marcha en numerosos países de nuestro entorno europeo y de las que Cataluña parece haber tomado buena nota con las decisiones anunciadas este pasado lunes.

El crecimiento de la incidencia de nuevos casos de infección por SARS-Cov2 está siendo imparable desde hace varias semanas, lo que ha incrementado la presión asistencial tanto en la atención primaria como en los hospitales (los ingresos casi se han triplicado en el último mes), incluyendo las UCI. Por desgracia también está aumentando, aunque más lentamente, la mortalidad.

La sexta ola en la que ya estamos inmersos no va a remitir únicamente aconsejando prudencia a la ciudadanía para que aplique estrictamente las medidas de protección habituales (uso de mascarillas, distancia de seguridad, higiene de manos o  ventilación de espacios cerrados), o con la continuación e intensificación del programa de vacunación tanto en lo que se refiere a los refuerzos vacunales con las terceras dosis o la vacunación a los menores de 5 a 11 años, o exigiendo el llamado pasaporte Covid en la  hostelería, el ocio nocturno y otros eventos públicos. 

Todas ellas son medidas necesarias, pero no suficientes para frenar la creciente transmisión comunitaria y evitar así un incremento de la presión asistencial que puede llegar a colapsar nuestra sanidad, con los adicionales efectos negativos en la salud y en la mortalidad al afectar a la respuesta asistencial que necesitan otras muchas patologías.

Es cierto que el éxito alcanzado en nuestro país por nuestro sistema sanitario al lograr la magnífica cobertura vacunal conseguida ofrece una protección relevante frente a la severidad, el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte por coronavirus. Esta protección se comprueba al constatar que las cifras de ingresos hospitalarios y de fallecidos están siendo muy inferiores a las que sufrimos con incidencias similares en olas anteriores cuando no había acceso a la vacuna o este era aún limitado. Las vacunas minimizan el daño en la salud y hay que seguir trabajando para aumentar el porcentaje de personas al que se han administrado las dosis de recuerdo, así como el grado de cobertura de la vacunación infantil. Y también para tratar de convencer al alrededor de los 3,5 millones de personas mayores de 12 años que todavía no se han vacunado. Todo lo cual requiere esfuerzos pedagógicos y de comunicación pública más intensos que los realizados hasta ahora.

Sin embargo, la aparición de la variante ómicron, que según la última actualización publicada por el Ministerio de Sanidad ha pasado desde el 3,4% de los casos al 47% entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre está modificando drásticamente el panorama. Todo parece indicar que esta variante es mucho más transmisible que las anteriores y presenta un cierto grado (aún por determinar) de escape a la inmunidad tanto natural como a la inducida por las actuales vacunas. La OMS acaba de alertar una vez más sobre ello. Todo lo cual obliga a replantear la estrategia para conseguir doblegar la curva y evitar daños en la salud de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario. 

A todas luces es necesario un cambio de guion en la forma de enfrentar la pandemia tal como lo han hecho otros países europeos y esto no debería ser objeto de polarizaciones políticas sino de consensos ante los que todo el abanico de Gobiernos autonómicos cierre filas con el Gobierno central para a ver lo que debe hacerse en un momento como este.

La celebración de la Conferencia de Presidentes convocada para este miércoles abre una oportunidad para efectuar ese replanteamiento tomando por supuesto en cuenta la situación epidemiológica en cada territorio, pero asegurando una similar protección de la salud en situaciones epidemiológicas similares. Y tiene que actuarse con determinación, con liderazgo y con coordinación y compromiso ante la ciudadanía.

La reciente modificación del llamado semáforo covid, al que se le quitaron las medidas que se deberían adoptar según el grado de alerta definido, fue un error y debe rectificarse. Hay que asumir que la evolución de la incidencia y la consecuente evolución de la presión asistencial requieren medidas restrictivas de intensidad gradual en función del grado de alerta, más aún cuando estamos en periodo navideño, en el que las reuniones sociales y familiares, las compras y las celebraciones festivas auguran una enorme interacción social que incrementa el riesgo de contagio y difusión comunitaria del coronavirus. De no hacerse así, podríamos asistir a un verdadero tsunami de casos en las próximas dos o tres semanas, a medida que la variante ómicron se vaya extendiendo por el territorio, lo que parece estar haciendo con gran rapidez.

No nos hagamos falsas ilusiones: ni el pasaporte Covid ni la realización de tests de forma masiva e indiscriminada frenarán esta ola. Ninguna medida aislada lo hará. Junto con la vacunación y la responsabilidad individual se requieren medidas de salud pública que compete adoptar a los Gobiernos central y autonómicos. Estas medidas deberían incluir cierres o importantes limitaciones horarias en el ocio nocturno; la limitación de aforos en los interiores de la hostelería, teatros, espectáculos deportivos y similares; la implantación de teletrabajo en donde sea posible; la prohibición o severa limitación de los eventos masivos (deportivos y festivos, campanadas de navidad incluidas), la prohibición o severa limitación de reuniones y celebraciones públicas y privadas de más de 10 personas e, incluso, la implantación de toques de queda nocturnos como acaba de proponer Cataluña. Por supuesto, será necesario redoblar la protección de las personas mayores y discapacitadas de nuestras residencias actualizando y reforzando los protocolos.

Además, la evolución de esta ola debería monitorizarse diariamente publicando las cifras de casos, ingresos y fallecidos (desglosadas por situación inmunológica) con periodicidad diaria o casi diaria para evaluar la situación y desarrollar acciones pedagógicas. Y si en las Comunidades y territorios con las incidencias más elevadas las medidas anteriores no fueran suficientes, en un plazo de dos a tres semanas habría que proponer medidas adicionales del tipo de las que ya están adoptando algunos países de la UE. Y dependiendo de la situación, a la vuelta de Navidad, habría que estudiar la prolongación de las vacaciones escolares y el refuerzo de los protocolos preventivos en los colegios. Todas ellas, insistimos, deberían ser medidas contempladas y vinculadas al semáforo covid.

Estamos reaccionando tarde, pero aún tenemos la oportunidad (y la obligación) de vencer esta sexta ola con las medidas que sabemos que funcionan, adaptando su intensidad y su extensión a la situación actual y aplicando lo que hemos aprendido desde que en enero de 2020 se inició esta pandemia. Se trata de evitar un verdadero tsunami de casos que comprometa de nuevo el funcionamiento del sistema sanitario. Hacerlo de forma coordinada es posible si la Conferencia de Presidentes afronta la situación con la mirada puesta en la ciencia y en la salud pública y pone por encima de todo la salud y la vida de los ciudadanos. No es hora de esconder la cabeza bajo el ala o de mirar hacia otro lado sino de gobernar, por impopulares que resulten algunas de las decisiones que se requieren.

La Conferencia de Presidentes tiene una gran responsabilidad al definir hoy lo que deberá guiar la acción en España durante las próximas semanas. No puede quedarse ni en vaguedades, ni en recomendaciones genéricas. No puede hacerse a un lado y dejar que las cosas sigan avanzando cuando está en sus manos adoptar las restricciones que se necesitan. Tiene que definir un marco de actuación vinculante que dé respuesta a la intensificación del riesgo ante el que nos enfrentamos en la actual situación. Ninguna posición errática o insensata de alguna Comunidad Autónoma en particular debería secuestrar el consenso al que hay que llegar en este ámbito de cogobernanza que hoy se celebra y que requiere altura de miras, valentía política y sensatez en materia de actuaciones sanitarias.

El considerable repunte de contagios por COVID-19 en España y la creciente presencia de la variante ómicron han alcanzado proporciones que obligan a tomar medidas que interrumpan la transmisión y que van más allá de la vacunación, tal como está ocurriendo en el resto de Europa y como ha recomendado el análisis de riesgos publicado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades el pasado 15 de diciembre. España no es una excepción por avanzada que esté la cobertura vacunal; el Gobierno y los presidentes autonómicos deben entenderlo, cerrar filas y actuar en consecuencia adoptando restricciones como las que se han puesto en marcha en numerosos países de nuestro entorno europeo y de las que Cataluña parece haber tomado buena nota con las decisiones anunciadas este pasado lunes.

El crecimiento de la incidencia de nuevos casos de infección por SARS-Cov2 está siendo imparable desde hace varias semanas, lo que ha incrementado la presión asistencial tanto en la atención primaria como en los hospitales (los ingresos casi se han triplicado en el último mes), incluyendo las UCI. Por desgracia también está aumentando, aunque más lentamente, la mortalidad.