Hay que parar la injusticia que sufren los interinos

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Estos días los interinos han vuelto a ser los protagonistas. En elDiario.es somos defensores de la participación de la Administración Pública en la economía. Los trabajadores públicos son fundamentales para realizar unos servicios que hacen una sociedad más igualitaria y justa. Ahí están los funcionarios y los empleados públicos de la Sanidad, la Educación, la Cultura y muchos más ámbitos donde es necesaria la intervención del Estado. Entonces, por qué se trata de manera tan injusta a los interinos, personas que llevan años y años trabajando en los mismos puestos de la Administración Pública pero siguen teniendo contratos temporales.

Con la reforma laboral que aprobó el Gobierno de coalición se ha reducido muchísimo la temporalidad del empleo, salvo en el sector público. España es uno de los países europeos que más abusan de la temporalidad en el empleo público y ahí juegan un papel clave los interinos. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Función Pública, más de 755.000 personas trabajan en régimen de interinidad para las distintas administraciones.

Solo hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que los interinos de larga duración pasen a ser fijos sin que sean considerados funcionarios con la intención de limitar la posición de abuso de la Administración. Era la enésima vez que los tribunales españoles le habían pasado la pelota a los magistrados europeos para que tomaran la decisión. El pasado marzo el Tribunal Supremo anunció que remitía una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para solventar “algunas dudas suscitadas” tras la sentencia del pasado febrero que, en la práctica, acotó el abuso de la figura del interino de larga duración, instando a hacerlos fijos. Posteriormente, el mismo Tribunal Supremo dictaba una sentencia en mayo en la que señalaba que “es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública”.

La cuestión es que los jueces españoles no se ponen de acuerdo sobre la fijeza. En los juzgados de todo el país se dictan resoluciones contradictorias sobre cómo aplicar la sentencia europea que reconoce la estabilidad como solución a situaciones de abuso de la temporalidad en las administraciones públicas estatales, regionales y locales.

Hay que dar un golpe de mano ya y terminar con la esquizofrenia de los tribunales españoles con este colectivo laboral. No es una cuestión de partidos políticos, pero sí de voluntad política. Es un problema que afecta a todas los ámbitos de la Administración y no hay formación política que haya dado pasos contundentes para solucionarlo: PSOE, Sumar, PP, PNV, Podemos, ERC, Junts, Vox... Todos están al frente de alguna administración estatal, regional o local y el problema de los interinos sigue sin solventarse año tras año.

Entrevistamos al juez que preguntó a la justicia europea por los interinos y nos contestó: “Creo que la sentencia obligará al Gobierno a modificar la ley para adaptarla a la jurisprudencia europea. Que esto suceda o no suceda ya no depende de los tribunales, sino de la voluntad política del Gobierno”.

Es cierto que el Gobierno de coalición ha dado pasos para arreglar el problema, a pesar de que ya van seis ministros en seis años con el mismo reto. El Ejecutivo pactó con una serie de formaciones políticas reformar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se aprobó una Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y estabilizar los puestos estructurales ocupados por temporales desde hace más de tres años. Por cierto, Vox llevó esta norma al Constitucional para tumbarla pero el Alto Tribunal rechazó el recurso del partido de ultraderecha.

Otro ejemplo, el anuncio de la eliminación de la tasa de reposición, aprobada por el Gobierno del PP, que limitaba la oferta de empleo público. El Gobierno prevé ofertar este año unas 40.000 plazas de funcionarios. El ministerio que dirige José Luis Escrivá prepara un real decreto de Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. Es una oferta ligeramente superior a las 39.574 del pasado ejercicio, y que según el Ministerio “garantiza la generación de empleo neto”.

Sin embargo, hay que dar pasos más contundentes. Es necesario acabar de una vez por todas con la interinidad de los empleados públicos. Hay respaldo de la Justicia europea. Hay que hacer las modificaciones legales necesarias y que los interinos pasen a ser empleados públicos fijos.

El Gráfico

El Gobierno ha anunciado que extenderá la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos que empezó a aplicar en 2023 para moderar la inflación. Una medida que caduca este mes de julio pero que provoca muchas dudas de su eficiencia. De hecho, aunque lleva ya muchos meses en marcha, los alimentos nos han parado de subir precios y alimentar la inflación. Por ejemplo, el pasado mes de mayo el precio de los alimentos se elevó un 4,4% mientras que la inflación general fue del 3,6%, espoleada por el encarecimiento de la luz y la menor bajada de los carburantes. Con esta medida, que no ha tenido impacto en los pecios como se ha podido comprobar. se han dejado de ingresar por parte del Estado más 4.500 millones de euros. Estamos hablando de una rebaja fiscal que no convence prácticamente a ningún experto y que simplemente ha engordado el margen de las cadenas de supermercados. Mientras, Bruselas apremia a España a presentar la reforma fiscal para evitar más retrasos en el plan de recuperación, cuando ya hay propuesta de reforma de los impuestos que el Gobierno tiene guardada en un cajón desde 2022. Aquí te explicamos por qué la bajada del IVA de los alimentos no funciona para bajar sus precios.

El Dato

200.000 euros

de multa le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la aseguradora Allianz por permitir la filtración de una de sus pólizas de automóvil, así como un informe de la Dirección General de Tráfico. Esta documentación la utilizó la expareja del asegurado en “un procedimiento judicial de modificación de medidas paternofiliales”. El hombre presentó la reclamación ante la AEPD cuando su expareja le envió un correo electrónico con ambos documentos. En fin. Aquí te contamos el multazo que le han puesto a Allianz por filtrar la póliza del coche a una mujer, que usó como prueba contra su exmarido.

Más sanciones alrededor de la privacidad. Una empresa de armamento ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a readmitir a una trabajadora y a pagar una indemnización por daños morales tras demostrar que la compañía infringió las leyes de protección de datos en la recolección de pruebas para su despido. Es una sentencia relevante ya que las indemnizaciones por violaciones del derecho de protección de datos son todavía muy pocas en en España. En este enlace te explicamos cómo una empresa no puede utilizar el documento de tu vida laboral como prueba para despedirte.

Letras que son un Tesoro

La desigualdad es uno de los principales problemas de España. Frente a teorías desplegadas por la ultraderecha que culpan a los inmigrantes o manipulaciones propuestas por centros de estudios vinculados a intereses económicos que posicionan a jóvenes contra viejos, en el libro que recomendamos esta semana, 'La desigualdad en España' (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes), 30 expertos apuntan que “la brecha entre ricos y pobres se puede y se debe reducir” y subrayan que “la desigualdad es, en última instancia, una decisión política”. Aquí tienes una entrevista con los tres coordinadores de esta 'enciclopedia' de la desigualdad en España: Berna León, Javier Carbonell y Javier Soria.

Entrepreneur

Instalación de almacenamiento del grupo estadounidense Invenergy.

Ha llegado el gigante estadounidense de energía renovables Invenergy a España y casi no nos hemos enterado. En 2022 compró una empresa coruñesa de mantenimiento de parques eólicos y ha anunciado un megaproyecto de molinos flotantes en aguas gallegas. Ahora bien, dónde Invernergy ha echado el resto es en la creación de una veintena de sociedades holding en Madrid que se han ido acogiendo al régimen ETVE entre diciembre de 2016 y septiembre de 2021. Empresas con activos en varios casos multimillonarios, sin apenas actividad real y controladas en su mayoría desde el microestado de Delaware (EEUU). Una fórmula más para eludir impuestos. Aquí te contamos cómo ha sido el silencioso desembarco español de un gigante renovable de EEUU y su ingeniería financiera.

Bien público

María Antonia, una parada de larga duración, en Cádiz Román Ríos

El empleo en España pasa por un buen momento: en mayo la afiliación marcó su máximo histórico con 21,3 millones de trabajadores, y el paro registró la cifra más baja desde el mismo mes de 2008. Sin embargo, el mercado laboral de nuestro país sigue teniendo graves problemas. Entre ellos, están los parados de larga duración. Más de un millón de personas lleva más de un año buscando trabajo en España. Con las cifras de contrataciones, es normal que estas personas caigan en enfermedades mentales propias de la desesperación por no encontrar trabajo, muchas veces con la losa del edadismo. Aquí tienes un reportaje de David Noriega, lleno de testimonios, sobre la pesadilla de pasar años sin encontrar empleo.

Nos gusta la competencia

En esta sección os mostramos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

España: ambición climática a medio camino. La derecha acusa al Gobierno de ecologismo radical, mientras que las ONG piden que suba el listón. (Alternativas Económicas)
Estrógenos SA: el gran negocio en torno a la menopausia. La menopausia, hasta ahora muy desatendida, está conformando un negocio millonario. Solo el mercado de medicamentos tiene el potencial de alcanzar los 230.000 millones de dólares a escala mundial. (El País)
El gigante chino ZTE cierra con acuerdo una regularización fiscal tras la inspección. La compañía incrementa los pagos al incluir la refacturación de servicios al grupo con un margen del 2% y la incorporación de los salarios de la cúpula en la base imponible al no ser deducibles. (La Información)
El papeleo lastra el tsunami verde español: hasta 200 pasos, siete años y una factura de tres millones antes de levantar cada parque renovable. La acción legislativa del Gobierno para frenar la especulación en la compraventa de permisos ha desencadenado un efecto no deseado, una sucesión de tapones burocráticos que exasperan al promotor. (El Mundo)
Contratar trabajadores de fuera de la UE exige un salario mínimo de 36.255 euros. El Gobierno exigirá a las empresas un umbral salarial mínimo de 36.255 euros anuales, para autorizar la tarjeta de residencia a los trabajadores muy cualificados que contraten fuera de la Unión Europea. Su duración será de tres años prorrogables. (Expansión)
Defensa estrecha lazos comerciales con Lockheed Martin, que acaba de acordar la entrega de 25 aviones de combate a Israel. La Armada se ha reunido con Lockheed Martin y le ha pedido que profundice en sus relaciones con Navantia, Indra o Sener. Esta empresa estadounidense proporciona armamento a España desde hace más de 60 años, pero también provee al Ejército de Israel. (La Marea)
Uría Menéndez, de coordinar el ‘forensic’ de BBVA por el caso Villarejo a asesorar a Sabadell en la opa. El despacho de abogados fue contratado en 2019 por la cúpula de Carlos Torres para localizar, junto a Garrigues, los encargos realizados al comisario jubilado y depurar responsabilidades internas. (Cinco Días)
Razones del furor por invertir en pistachos sin obtener beneficios durante ocho años. La principal razón es que este cultivo se adapta muy bien a la falta de agua, una cualidad muy valorada en medio de las repetidas sequías que azotan al campo español. (El Confidencial)
Inquietud en la banca española por una sentencia europea sobre la obligación de analizar la solvencia de los clientes. Las entidades no creen que la sentencia del TJUE tenga impacto en España por el amparo que ofrece la legislación, pero han contactado con consultoras para evaluar sus análisis de 'scoring'. (El Periódico de España)
Autodespido: el empleado al que su patrón llamó “maricón” en la nómina nos descubre un derecho laboral poco conocido. El trabajador de una panadería malagueña reclama en los tribunales poder desvincularse de la empresa con la indemnización de un despido improcedente y acceso a prestaciones. (Infolibre)

Aquí llegamos al final del boletín, el próximo jueves, más. Si tienes una propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. En dos semana celebramos el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC), un evento gratuito y abierto al público donde participarán Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre otros. Os esperamos en Barcelona los días 28 y 29 de junio, vente.

¡Buena semana!