La intrahistoria de la negociación entre PSOE y Junts

La famosa foto entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont, que se tomó en Bruselas el 30 de octubre de 2023, no fue la primera. Ni la segunda. Ni la tercera reunión entre el secretario de organización del PSOE y el líder de Junts. Era la séptima ocasión en que ambos se veían en persona, desde su primer encuentro secreto, que fue en agosto. 

Aunque lo primero no fue esa reunión. Mucho antes, pactaron el sistema para comunicarse entre sí. 

Cuando el PSOE negoció con Podemos el primer intento para un gobierno de coalición, uno de los pasos importantes fue acordar el sistema de comunicación. El PSOE era de Whatsapp; Podemos, de Telegram. Y ese lío de plataformas estuvo detrás de algunos malentendidos y teléfonos escacharrados, mensajes que no se leyeron a tiempo entre Carmen Calvo y Pablo Echenique en la investidura fallida de julio de 2019.

Estas negociaciones no han sido por Telegram. Tampoco por Whastapp. Los interlocutores del PSOE se tuvieron que instalar otra app: Signal, el sistema de mensajería y llamadas supuestamente más seguro; el que usan desde hace años en el partido de Puigdemont, conscientes de que, en su caso, el espionaje de sus comunicaciones ha sido constante. Instalar esa aplicación en sus teléfonos fue lo primero que los negociadores del PSOE tuvieron que aceptar.

Pero no solo han hablado por Signal. También se han comunicado por otra plataforma encriptada para videoreuniones que suele utilizar Puigdemont, cuyo nombre en Junts no quieren revelar. Y gran parte de las conversaciones más delicadas solo se han dado en persona, cara a cara. En un hotel de Ginebra, en otro hotel en París y en la casa de un empresario en la capital francesa. En Barcelona, en domicilios particulares e incluso en un piso turístico alquilado por Airbnb. Y por supuesto en Bruselas, donde vive Puigdemont. 

Hasta allí, hasta París, hasta Ginebra, hasta Bruselas, se ha desplazado Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y principal negociador socialista. Tenía que ser en el extranjero, porque Puigdemont no puede viajar a España. Y era importante verse: porque el principal escollo con el que arrancó esta negociación era la falta de confianza entre ambos partidos, que estaba completamente rota.

Durante años, el PSOE de Pedro Sánchez no había mantenido ningún canal abierto con el partido de Puigdemont, con el que apenas se comunicaba por medio de duras críticas en los medios de comunicación. No solo era una posición política: también la regla no escrita número uno de los acuerdos de los socialistas con ERC, un partido que, en la anterior legislatura, pidió sacar a su gran rival, Junts, de toda negociación con el PSOE para, de ese modo, capitalizar cualquier acuerdo con el Gobierno central. 

Pero el deshielo entre PSOE y Junts no empezó este verano, tras las elecciones del 23 de julio. Las primeras conversaciones arrancaron semanas antes. Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, cuando Pedro Sánchez encargó a Santos Cerdán que abriera una vía de comunicación con Junts. Que pusiera en marcha una interlocución que, hasta ese momento, apenas existía. 

Santos Cerdán no solo es el número tres del PSOE. Es también la persona que, entre bambalinas, ha cerrado muchos de los pactos del PSOE con el PNV y con EH Bildu: con unos partidos con los que ha logrado construir una estrecha relación de confianza e incluso de amistad, que explica en gran medida muchos de los acuerdos de la legislatura anterior. Con la ayuda de los vascos, el navarro Santos Cerdán entró en contacto con Junts. Una de las primeras reuniones fue en junio, en la casa familiar de un diputado de Junts. En aquel momento, el objetivo era empezar a tejer una relación de confianza, ante la posibilidad de que los escaños de Puigdemont pudieran ser relevantes en la siguiente legislatura. 

Con lo que no contaba entonces el PSOE es con la importancia que esa vía incipiente iba a tener.

Por parte de Junts, el principal negociador ha sido Jordi Turull, el secretario general del partido, junto con Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Por la parte jurídica, Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. Toni Comín mantuvo, mientras tanto, una vía abierta y conversaciones permanentes con Jaume Asens, de Sumar. Y por encima de todos ellos, el propio Carles Puigdemont, que ha participado directamente en varias de las reuniones. 

Tras las elecciones, Sánchez pidió a Santos Cerdán que abriera completamente la negociación. A la que también se incorporó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, principal negociador de Pedro Sánchez en prácticamente cualquier gran cuestión. 

Del lado socialista también ha tenido un papel fundamental el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quien hacía años que defendía –en público y en privado, cuando en su partido casi nadie lo veía así– que era imprescindible encontrar una solución política para Carles Puigdemont como paso obligado para la superación del procés.

El pago adelantado

La primera prueba de fuego para la investidura fue el pacto para la Mesa del Congreso que hizo presidenta de esta cámara a Francina Armengol. Un paso previo que se cerró la noche antes de la votación. 

Todas las negociaciones entre PSOE y Junts han estado marcadas por una cuestión: la pugna del partido de Puigdemont con ERC y la larga hemeroteca de críticas del partido de Puigdemont a su gran rival político dentro del mundo independentista. Durante años, Junts ha cuestionado muy duramente los pactos del partido de Oriol Junqueras con el PSOE, con tres argumentos. Que solo pensaban en su interés particular –los indultos– y no en el interés general del movimiento independentista –que sería la amnistía–. Que estaban más pendientes de “concesiones autonómicas”, los temas económicos o los trenes de cercanías, que de arreglar el “problema nacional” catalán. Y, por último, que el PSOE siempre les engañaba, y al final no les daba lo que les prometía. Algo que, decían: “A nosotros no nos va a pasar”.

Estas críticas a ERC, estas posiciones previas de Junts, son clave para entender cuáles han sido las líneas estratégicas de su negociación. Y la primera vez que resultaron determinantes fue en el acuerdo para la mesa del Congreso, donde Junts exigió “el pago por adelantado” para evitar que “el PSOE después no cumpliera”.

Aquel acuerdo, el 17 de agosto, se terminó de cerrar ese mismo día por la mañana. PSOE y Junts habían pactado que el Gobierno español pediría a Europa que el catalán fuera aceptado como otra lengua oficial de la UE. Pero los de Puigdemont exigieron que la solicitud fuera presentada antes de la votación. Eso era el pago por adelantado.

Más importante. Esta parte del acuerdo –que Junts había pactado con el PSOE que pediría este importante avance en Europa para el catalán– se guardó en secreto hasta el último minuto. “Nos preocupaba que ERC se levantara de la mesa si veía que nosotros habíamos conseguido esto”, aseguran fuentes de Junts. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió la carta con la solicitud, con el sello de salida del documento desde la representación permanente de España ante la Unión Europea a las 6:45. “No nos vale con el sello de salida”, respondieron en Junts. “Necesitamos el resguardo con la fecha y hora de entrada en el registro”. Y así fue. La carta con el sello de entrada llegó a las 8:12 de esa mañana.

En Junts, en ERC y también en el PNV vieron con buenos ojos la elección por parte del PSOE de Francina Armengol para presidir el Congreso, una expresidenta de Illes Balears que había gobernado esta autonomía con los apoyos de partidos catalanistas y que era percibida, desde el mundo independentista, como alguien no hostil contra ellos. 

Armengol salió elegida por 178 votos a favor. La primera gran prueba de que la investidura de Pedro Sánchez era posible, a pesar del complejo puzzle parlamentario.

Tras la elección de la Mesa, con el paso adelante de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura, la negociación siguió avanzando. En esa última quincena de agosto, la dirección del PP puso en marcha una discreta aproximación a Junts, para sondear la posibilidad de un acuerdo que permitiera a Feijóo la investidura. Fue en esos días, en los que el vicesecretario del PP Esteban González Pons llegó a elogiar a Junts como “un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”. Fue cuando el propio Feijóo aseguró en otra entrevista que él “no era un rival político e ideológico de Junts”. 

Probablemente algún día se conocerán más detalles de las conversaciones que entre agosto y septiembre se produjeron entre la dirección del PP y el equipo de Puigdemont. Desde el PSOE, aseguran que el PP llegó a ofrecer a Junts el uso del catalán en el Congreso si votaba a favor de la presidencia de Cuca Gamarra. El PP lo niega. En Junts ni confirman ni desmienten esta cuestión.

El verificador internacional: uno y trino

El 5 de septiembre, Carles Puigdemont fijó sus condiciones para la investidura. Una importante conferencia ante los medios donde dejó tres mensajes clave. El primero, que era imprescindible la amnistía para acordar la investidura. El segundo, que no bastaba con ella: también hacía falta abrir un diálogo para la solución del conflicto político catalán, un “acuerdo histórico” en esa dirección. El tercero, que el referéndum de autodeterminación –la línea roja permanente del independentismo– no sería un obstáculo en esta ocasión.

Un día antes de esa conferencia hubo otro hito importante: la reunión pública de Yolanda Díaz, Jaume Asens, Toni Comín y Carles Puigdemont en el Parlamento europeo. Una reunión que también ayudó a romper el cerrojo político sobre el líder de Junts; un primer paso hacia la normalización y el diálogo. El viaje de la vicepresidenta y ministra de Trabajo a Bruselas se filtró a la prensa la noche antes –en Sumar sospechan del CNI–. La reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont también provocó malestar en el PSOE, donde solo el presidente Pedro Sánchez sabía por adelantado que se iba a producir. “Junts quería negociar de forma conjunta con el PSOE y con Sumar, pero el PSOE se negó”, aseguran fuentes de la negociación. A lo largo de todo el proceso, en varias ocasiones, Sumar estuvo mejor informado por Junts y ERC que por sus propios socios de Gobierno.

No era la primera vez que Asens se veía con Puigdemont y Comín en Bruselas –el negociador de Sumar tiene con ellos, desde hace años, una excelente relación–, pero sí la primera ocasión en la que un miembro del Gobierno se reunía públicamente con Carles Puigdemont desde su salida de España. Fue una foto que provocó la ira de la derecha, pero que ayudó a dar pasos hacia el acuerdo. Es difícil pactar una investidura si no aceptas sentarte, públicamente, con quien quieres que te vote a favor.

“En la práctica, esta negociación ha ido de amnistía por investidura”, explican fuentes del PSOE. “Un punto final a un problema político que había que solucionar”. “Hemos logrado el acuerdo, entre otras razones, porque en Junts querían volver a participar en la vida política, y salir del aislamiento en el que estaban hasta ahora”.

“La amnistía es solo el principio”, insisten en Junts. Que ponen en valor la puesta en marcha de un proceso de diálogo “histórico” para resolver el problema de fondo en Catalunya. “En el PSOE se pensaban que Puigdemont iba a ceder a cualquier cosa, como pasó con Junqueras, y no ha sido así”. 

En un primer momento, el PSOE sondeó otras vías alternativas a la amnistía. Pero en Junts se negaron en redondo a cualquier otra opción. Después de las duras críticas que habían vertido contra Junqueras por aceptar los indultos, Puigdemont no se lo podía permitir. Su discurso se basaba en ese punto: que no aceptaría una salida individual que no fuera, al mismo tiempo, una solución colectiva para todos los independentistas procesados penalmente. En palabras de Jordi Turull, “no dejar a ningún soldado atrás”. 

Puigdemont también pedía algo muy difícil de aceptar para el PSOE: el “pago adelantado”. Que Pedro Sánchez subiera a la tribuna del Congreso en su debate de investidura “con el BOE de la ley en la mano, con la amnistía aprobada”. 

Para los socialistas esto no era una opción. Los plazos legales no daban, por mucho que se intentara correr, salvo que se aceptara un trámite de urgencia cuyo coste político el PSOE no quería asumir desde un gobierno en funciones. Y había un obstáculo añadido: la mayoría absoluta del PP en el Senado, que podía retrasar el procedimiento por mucho que se quisiera acelerar.

Ante ese nudo, los de Junts plantearon al PSOE una segunda opción: el famoso mecanismo de verificación internacional. Es decir, que hubiera una suerte de árbitro, reconocido por ambos partidos y que estuviera al tanto de todos los acuerdos para garantizar su validez. Un verificador que, en caso de que llegara un incumplimiento, pudiera certificar cuál de las dos partes se había saltado lo pactado.

El PSOE se salió con la suya: no hubo pago por adelantado y la ley de amnistía no se tramitará a todo correr. Pero a cambio tuvo que aceptar este mecanismo de verificación entre partidos, de cuya composición se ha especulado mucho y cuyos nombres se quieren mantener aún en secreto. No es una persona: es un triunvirato que tendrá “las funciones de acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso de negociación”. Se compone de dos organismos internacionales y una persona de reconocido prestigio que, por ahora, no saldrán a la luz. Pero que, de forma discreta, ya han empezado a trabajar.

Los tres documentos

El siguiente aspecto que pactaron los negociadores es el formato de lo que se iba a presentar ante los ciudadanos. Son tres documentos, de los que por ahora solo se conoce uno: el acuerdo político, el que este jueves se presentó. El segundo en importancia es el preámbulo de la ley, un medido texto de varios folios donde se detallan los objetivos de la “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya”. El tercero, y más importante, el propio articulado de la amnistía. Una ley de 16 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

Tanto en el PSOE como en Junts acordaron que, con este preámbulo, no podía pasar lo mismo que ocurrió con el del Estatut catalán, que fue de las partes mutiladas por el Constitucional, a pesar de que, en teoría, no tiene rango legal. Es un texto que se conocerá en unos días y que está medido y pulido hasta la saciedad para evitar que haya en él nada que pueda escandalizar a los jueces o que no pase por el filtro del Tribunal Constitucional. En el preámbulo, de forma explícita, se elogia a los policías y funcionarios que intentaron frenar el 1-O, se defiende que España es un país democrático y se pone en valor la Constitución. Nada que ver con esa “humillación al Estado de derecho” que la derecha se ha empeñado en vender, antes de conocer siquiera qué hay exactamente en esa ley.

En cuanto al comunicado político, este documento de poco más de tres folios, el acuerdo que lo hizo posible es sencillo de resumir: “Pactar las discrepancias”. Ya que la interpretación de los hechos previos es tan distinta entre PSOE y Junts, ya que las soluciones propuestas también lo son, ya que era tan difícil llegar a un relato común, los negociadores acordaron dejar claras las posiciones de cada uno en el documento político. Mostrar aquello en lo que discrepan y en lo que están de acuerdo, apostando por la voluntad de negociar. Como dice el propio acuerdo, “abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”. 

“En el fondo, lo sucedido hasta ahora es el proceso de diálogo que ha permitido construir las confianzas mínimas e imprescindibles para iniciar una auténtica negociación”, recalcan en Junts.

Para el PSOE, el punto más valioso de ese texto es que Junts, en la práctica, abandona la vía unilateral al “proponer” un referéndum a través del artículo 92 de la Constitución. Es decir, una consulta no vinculante y pactada con el Gobierno. No un referéndum unilateral. “Hace seis años, esta gente estaba fuera de la Constitución y fuera de las instituciones”, aseguran desde el PSOE. “Sin duda es un paso a mejor”.

Para Junts, al margen de la ley de amnistía –que no es poca cosa– pueden vender a los suyos el reconocimiento de la ‘lawfare’, aunque sea dentro de una enrevesada frase en condicional y en el acuerdo político, no en la ley. Unas líneas que, al tiempo, se han convertido en el principal ariete de la derecha contra un acuerdo político en el que –aunque no lo digan en público– hay bastantes menos cesiones del PSOE al independentismo de las que esperaban en el PP.

El principal escollo, el mismo que impidió un acuerdo hace diez días, como pretendía el PSOE, siempre ha estado en uno de los párrafos del primer artículo: el perímetro de la ley

Pero el texto más complejo, el que más ha retrasado el acuerdo, siempre ha sido el mismo: los 16 artículos de la ley. Que llevan semanas en discusión y donde aún faltan dos líneas por acordar. Un último fleco que se cerrará este fin de semana.

El principal escollo, el mismo que impidió un acuerdo hace diez días, como pretendía el PSOE, siempre ha estado en uno de los párrafos del primer artículo: el perímetro de la ley. Qué casos concretos están incluidos en la amnistía y cuáles no. 

Para el PSOE, era clave delimitar el alcance de la amnistía exclusivamente a los delitos cometidos en relación con el procés, y no otros: “Solo aquello que tuviera que ver con el proceso soberanista”, con los hechos directamente relacionados con el referéndum del 1 de octubre o la consulta del 9 de noviembre. Para Junts, la línea roja es que ninguno de los suyos, de los que han “sufrido la represión”, quede fuera de la amnistía.

Para complicar aún más el acuerdo, salió a jugar en el último momento el juez Manuel García Castellón, con ese auto donde acusa de terrorismo a Puigdemont por una pieza que lleva cuatro años en investigación –a pesar de que, hace apenas un mes, la Audiencia Nacional respondió al Parlamento Europeo que no había nada en ese juzgado contra él–. “Es otro de los flecos que aún faltan por cerrar”, confirma uno de los negociadores.

¿La última clave de la negociación? ¿Una de las razones que ha permitido que se llegara con éxito a un acuerdo? Un detalle importante: que ambas partes acordaron un “pacto de silencio”; mantener en secreto, fuera de las portadas de los periódicos, los detalles de la negociación, y así lo hicieron. Protegiendo el acuerdo hasta el momento final: hasta la firma de este jueves en Bruselas, entre Jordi Turull y Santos Cerdán.

Una noticia, por cierto, que adelantamos la noche antes, en elDiario.es.

Los detalles finales de la ley orgánica de amnistía se conocerán a principios de la semana. El miércoles arrancará el debate de investidura. Y el jueves, Pedro Sánchez, casi con seguridad, será elegido presidente del Gobierno con 179 escaños a favor, una holgada mayoría que no permite dudar de la legitimidad del Gobierno. Por mucho que el PP lo presente como una “dictadura”.