Los secretos del Supremo

En una caja fuerte, en el Tribunal Supremo, el juez Ángel Luis Hurtado guarda un disco duro lleno de secretos. Allí están volcadas todas las comunicaciones de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado: todos sus mensajes y archivos; todo lo que había en su ordenador, en su tablet y en su teléfono móvil.

Es un material muy sensible. El fiscal general del Estado es una pieza clave: la Fiscalía, bajo sus órdenes, participa en todos los juicios, en todas las investigaciones judiciales. En ese disco duro se guarda –en palabras de la abogacía del Estado– “información que afecta a otros países” y “que puede comprometer la seguridad del Estado”. 

Imagino que estás al tanto de los precedentes de esta historia: la investigación por un presunto delito de revelación de secretos que ha puesto en marcha el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado tras la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En esta carta, del 19 de octubre, te lo conté con detalle. Y ya entonces avisaba de lo que vendría: “No descarto que el Supremo ordene investigar el teléfono móvil del fiscal general del Estado”– escribí hace unas semanas–. “Y me apuesto lo que quieras a que esas comunicaciones privadas terminarán filtradas a la prensa”.

Es lo que ha ocurrido y es casi una parodia. El Tribunal Supremo ha puesto en marcha una investigación por “revelación de secretos”. Y casi en tiempo real, en cuestión de minutos, cada nuevo paso que da esa investigación es filtrada a los medios. Ya se han publicado en la prensa pantallazos de las conversaciones por whatsapp del fiscal general del Estado, de su número dos, de Juan Lobato… Y eso que por ahora la Guardia Civil solo ha presentado un informe, sobre el teléfono y el correo electrónico de María Pilar Rodríguez, la fiscal provincial de Madrid. Aún faltan por analizar todos los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado. 

La investigación sobre el fiscal general del Estado ya no es secreta. Pero eso no significa que se pueda filtrar. El propio juez Hurtado, en el auto donde dio traslado de toda esa documentación a las acusaciones, avisó de que “está prohibida su difusión a terceros”. Algo que no se cumplió. 

¿Está investigando el Supremo esas filtraciones? Por supuesto que no. Y esta es una de las claves de la Justicia española: el doble rasero. Los mismos hechos que en un caso se ignoran, en otro se convierten en la excusa para una investigación desproporcionada, a ver qué se pesca.

Pero volvamos al disco duro, el que se guarda en una caja fuerte del Supremo. El pasado 30 de octubre, antes de decidir ninguna otra diligencia, el juez Ángel Luis Hurtado ordenó a la Guardia Civil un registro a todas luces desmesurado. Pidió una copia de todos sus dispositivos electrónicos. De su móvil. De su ordenador. De su tablet. Y también las contraseñas de todas sus cuentas de correo electrónico, redes sociales u otras plataformas digitales. En el auto de Hurtado –en la parte dispositiva, a partir de la página 7– está todo descrito con sumo detalle. La Guardia Civil estaba incluso autorizada a modificar las contraseñas. Todo esto, sin que Hurtado considerara necesario –lo añade expresamente– que estuviera presente el abogado del fiscal general del Estado.

Toda esa información se volcó en ese disco duro. Pero ocho días después de ordenar el registro, Ángel Luis Hurtado se corrigió a sí mismo. En un nuevo auto, de apenas un párrafo, ordenó “limitar el análisis pericial del material intervenido” a solo una semana: “a las fechas que abarcan del día 8 al 14 de marzo”. 

En su primera orden, Hurtado pedía analizar las comunicaciones del fiscal general del Estado durante ocho meses: mucho más de lo que solicitó el abogado de Alberto González Amador. En la segunda, solo durante una semana. 

¿Por qué este cambio de criterio? Hay una razón. No es muy presentable. 

La abogacía del Estado –que defiende al fiscal general– había recurrido ese registro por desproporcionado. Cuando esto ocurre, debe resolver ese recurso una sala superior: otros tres jueces del Supremo. Según distintas fuentes, el Supremo no iba a validar un registro tan masivo. Y uno de estos jueces avisó a su compañero, Ángel Luis Hurtado, de que le venía un varapalo: que no podían aceptar una intervención de las comunicaciones tan excesiva. Por eso Hurtado cambió su criterio, antes de que se lo ordenaran. Por eso limitó a siete días lo que antes había ordenado por ocho meses. 

Esta semana, Ángel Luis Hurtado abrirá esa caja fuerte en presencia del acusado, del fiscal general del Estado. Y un perito informático, delante de ambos, descargará de allí solo sus comunicaciones de esa semana: del 8 al 14 de marzo. Será ese material lo que después analizará la Guardia Civil. 

Pero, ¿qué pasará con el resto de los archivos intervenidos? ¿Con ese disco duro, con las copias íntegras de su teléfono y el resto de los equipos informáticos? La abogacía del Estado ha pedido su destrucción. No está claro lo que decidirá el Supremo. 

En esa caja fuerte de Ángel Hurtado ya no está solo el teléfono móvil del fiscal general del Estado. También se guarda desde ayer un volcado del teléfono móvil de Juan Lobato, el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid.

La manera de actuar con Lobato también explica lo del doble rasero.

El lunes, el diario ABC publicó que Lobato había ido a un notario para certificar una conversación por whatsapp con una asesora de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que además era parte de su Ejecutiva. Y apenas unas horas después de aparecer la noticia, el juez Hurtado citó a Juan Lobato como testigo. 

¿Quién dijo que la justicia es lenta?

La velocidad con la que Hurtado adoptó esta decisión contrasta con la parsimonia con la que se toma todas las declaraciones como testigo que propone la defensa del fiscal general. Hace más de dos semanas que la abogacía del Estado pidió que se llamara a declarar a Miguel Ángel Rodríguez y a los periodistas que publicaron la famosa carta cuya filtración se investiga. Hace una semana, la abogacía volvió a insistir al juez para que resuelva sobre estas declaraciones. Hurtado ni siquiera ha contestado. 

¿Doble rasero? Sin duda lo parece. Como la propia investigación en sí, desde su origen.

En la Fiscalía, antes de que lo publicáramos los medios, hubo cuatro personas que accedieron a ese correo. El fiscal que llevaba directamente el caso –Julián Salto–, la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra–, la fiscal jefa provincial –María Pilar Rodríguez– y el fiscal general del Estado. Además, al buzón de correo donde llegó ese mail –que es una dirección genérica– tienen acceso 17 personas más: otros 13 fiscales y cuatro funcionarios.

De todos ellos, el juez Hurtado ha decidido investigar a solo dos: al fiscal general y a la fiscal provincial. 

Había solo una razón para considerar al fiscal general del Estado como responsable frente al resto: la nota de prensa que emitió la Fiscalía desmintiendo el bulo que había lanzado Miguel Ángel Rodríguez. Álvaro García Ortiz había asumido públicamente toda la responsabilidad de emitir esa nota. Pero el Supremo, al aceptar la investigación contra él, ya dejó claro que en esa nota de prensa no había delito alguno. Aún así, la investigación ha seguido adelante.

Tampoco se investiga –ni siquiera se le ha llamado aún como testigo– a la persona que filtró el primer correo que se publicó entre el abogado de González Amador y la Fiscalía: a Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso sigue amenazando cada día desde las redes sociales, impunemente. 

¿Doble rasero? Lo parece. El juez Ángel Hurtado es también el mismo que se opuso a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional, para que explicara lo que sabía sobre esos pagos a M. Rajoy que aparecían en los papeles de Bárcenas. En su voto particular –los otros jueces de ese tribunal sí admitieron esa prueba– Hurtado argumentó que no hacía falta su declaración porque ya estaba probada tanto la caja B del PP como el beneficio para el PP de esas mordidas.

Más tarde, en la sentencia de la Gürtel, Hurtado también planteó un voto particular. En contra, precisamente, de la condena del PP a título lucrativo: por beneficiarse de esas mordidas; la razón contraria a la que esgrimió para oponerse a que M. Rajoy declarara. 

Tras su polémica posición en la sentencia de la Gürtel, como presidente de ese tribunal en la Audiencia Nacional, Hurtado fue promocionado por la derecha. La mayoría conservadora del anterior Consejo General del Poder Judicial –en funciones, ya fuera de su mandato democrático– le ascendió al Tribunal Supremo. Estará allí hasta que cumpla 72 años. En los análisis que se han publicado sobre la victoria de Donald Trump, siempre se resalta el dominio que el nuevo presidente tendrá del Tribunal Supremo estadounidense, que se extenderá por décadas. Lo mismo ocurre con el Supremo español después de años de bloqueo en el CGPJ y una estrategia de décadas para “controlar la Justicia desde detrás”. 

Tras la declaración de Juan Lobato, los futuros pasos de Ángel Luis Hurtado parecen cantados. Sus mensajes demuestran que Pilar Sánchez Acera tuvo acceso al famoso correo electrónico con la confesión de González Amador antes de que fuera publicado por la prensa –cuando ya los medios habíamos informado de ese correo, pero antes de que se reprodujera íntegramente–. La respuesta que le da Sánchez Acera a la pregunta de Lobato de “cómo tenemos la carta” es ambivalente: “Porque llega, la tienen los medios”. 

Con casi total seguridad, Sánchez Acera será citada a declarar. Una copia de su teléfono móvil acabará en la caja fuerte de Hurtado. La Guardia Civil investigará todos sus mensajes del 13 y 14 de marzo y –si la investigación avanza como esperan en el Supremo– las fichas de dominó seguirán un poco más arriba. 

No hay que perder de vista el bosque, para no desorientarse. Porque esto no va de ese presunto delito de revelación de secretos –que se comete en los juzgados españoles constantemente: cada día los medios publicamos filtraciones secretas y muy rara vez se investiga–. Esto va de otra cosa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a sus colaboradores más cercanos una certeza: cree que acabará imputado ante el Supremo. No porque crea merecerlo sino porque da por hecho que ese ha sido siempre el objetivo. Solo así se explica lo lejos que han llegado. Es un plan que avanza, de forma simultánea, por cuatro carriles: la investigación contra su mujer, la investigación contra su hermano, los extraños movimientos del caso Aldama y esta anómala investigación contra el fiscal general del Estado.

No todos las vías abiertas llegarán a la meta. No todas tienen la misma solidez: el caso de Ábalos es sin duda pura corrupción y los indicios contra el exministro y su inseparable asesor, Koldo García, son bastante contundentes. Pero otras son realmente endebles y de nuevo se aplica el doble rasero. Como en el caso de la mujer de Pedro Sánchez y el papel que jugó una asesora de Moncloa. ¿Es una malversación que la mujer del presidente tenga una asistente a su cargo? ¿O es solo cuando lo hace la izquierda? Porque la mujer de Rajoy tenía un “personal shopper” a su disposición –hoy es diputado por el PP–. Y los cuidados de su padre los pagaba también La Moncloa. 

Muchas de estas causas penales tienen elementos en común. El uso del bulo, por ejemplo. La denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez arrancó con la mentira de que había cobrado una subvención –era otra mujer con el mismo nombre–. La denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez recogía también el bulo de esos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA que nunca tuvo. 

Luego la causa avanza. Y lo que empieza por una esquina acaba en otra. Porque una de las claves del lawfare siempre ha sido esa: no importa la sentencia, importa el proceso. Y los titulares que se consiguen en el camino.

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme, especialmente cuando me extiendo tanto como hoy. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo.

Ignacio Escolar

P.D. Varios me preguntáis por esa plataforma llamada X que en tiempos mejores se llamó Twitter: qué vamos a hacer con esa red social, que cada día es más tóxica, que se ha convertido en una herramienta para la desinformación. Hemos tenido mucho debate al respecto en la redacción y, tras mucho meditarlo, decidimos seguir. La extrema derecha ya controla muchísimos espacios como para que voluntariamente entreguemos otro más. 

También hemos decidido otra cosa: abrir una nueva cuenta en Bluesky. Puedes seguir allí a elDiario.es (y a muchos de nuestros periodistas también). 

En una caja fuerte, en el Tribunal Supremo, el juez Ángel Luis Hurtado guarda un disco duro lleno de secretos. Allí están volcadas todas las comunicaciones de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado: todos sus mensajes y archivos; todo lo que había en su ordenador, en su tablet y en su teléfono móvil.

Es un material muy sensible. El fiscal general del Estado es una pieza clave: la Fiscalía, bajo sus órdenes, participa en todos los juicios, en todas las investigaciones judiciales. En ese disco duro se guarda –en palabras de la abogacía del Estado– “información que afecta a otros países” y “que puede comprometer la seguridad del Estado”.