¿Cuántos socios tiene el Gobierno?

Los miércoles son los días del Congreso en que la oposición sacude al Gobierno y viceversa. Los jueves, al menos los jueves de los últimos meses, son las jornadas en que los aliados del Gobierno, presuntos o reales, se atizan entre ellos cuando toca votar leyes y decretos ley. En general, se intentan mantener las formas, excepto si algunos partidos creen jugarse mucho. El jueves de esta semana fue uno de ellos, porque los tortazos se oyeron en el hemiciclo y los pasillos. Un espectáculo muy gratificante para la derecha. 

Se votó una enmienda que pone fin al impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y petroleras. Fue aprobada por 183 votos a 166 al unirse PP, Vox, Junts y PNV. Ese impuesto, que en realidad es más correcto llamar gravamen, ha recaudado 1.164 millones de euros este año. La izquierda tuvo que rendirse a la evidencia de que la mayoría del Congreso es de derechas. Otra cosa es que no sea viable políticamente, con lo que no hay posibilidades de que prospere una moción de censura, como bien sabe el PP. Aun así, obliga a ajustar el tiro y saber qué es lo que se puede aprobar. Algunos grupos parlamentarios parecen no tenerlo claro. Más bien, se hacen los locos.

El final de 2024 está a la altura de lo que se ha visto en el primer año de la legislatura. No hay una mayoría sólida, como existía con todos sus problemas en la anterior legislatura. No la hay porque depende del estado de ánimo de Carles Puigdemont, que digamos que pasó a ser volátil al comprobar que el Tribunal Supremo consiguió impedir que se beneficiara de la ley de amnistía. En la campaña de las elecciones catalanas, le preguntaron si le preocupaba ser encarcelado si se presentaba en España. Le restó importancia y dijo que si se producía, sería “una detención con poco recorrido”. De momento, continúa viviendo en Waterloo y no tiene previsto hacer la mudanza.

No es sólo Junts quien hace sufrir al Gobierno. Una vez que los nacionalistas catalanes muestran su rechazo a una medida, eso abre una vía para que el PNV se cuele por ella y se posicione en contra de propuestas que quizá hubiera apoyado en la anterior legislatura. Y luego está Podemos. Libre de responsabilidades de gobierno, puede oponerse a todo lo que no le guste. Ya ha decidido que el Gobierno ha dado “un giro a la derecha” –así lo definió Ione Belarra– sin importarle cómo influye la correlación de fuerzas de la Cámara en la producción legislativa del Gobierno.

Las relaciones de Puigdemont con el PSOE ya son oficialmente malas. No es sólo que el expresidente dijera que “Pedro Sánchez no es de fiar”, un mensaje habitual en el PP, sino que el último encuentro en Suiza acabó mal. En otras ocasiones con declaraciones públicas enfrentadas, al menos esos contactos funcionaban. De momento, la ruptura total no es inminente y habrá que esperar a enero a ver cómo se define. Puigdemont espera que Sánchez pague lo que cree que le debe, “aunque también cabe pensar que poco o nada espera del PSOE y que lo que pretende es dejar claro que ha hecho todo lo posible y justificar ante la opinión pública catalana más fácilmente la ruptura”, según ha escrito José Antich en El Nacional, un medio que suele expresar sus puntos de vista, los obvios y los ocultos.

Gabriel Rufián, que no desaprovecha ninguna oportunidad de castigar a Junts, lo dejó más claro. “Creer que a Junts le desgasta votar iniciativas profundamente reaccionarias y antisociales con el PP y confiar en que jamás hará a Feijóo presidente mientras Vox exista es desconocer el ecosistema mediático catalán y su enorme capacidad de blanqueamiento de cualquier posición convergente”, dijo el portavoz parlamentario de Esquerra.

A todo esto hay que unir otro divorcio. Las relaciones entre el PNV y Podemos han pasado al nivel del enfrentamiento personal. Belarra dijo el viernes a Aitor Esteban que lo mejor es que “ceda el escaño” a Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol desde 2014, porque lo único que hace es defender los intereses de la petrolera. Ya antes había llamado al PNV y Junts “cachorritos de Repsol”.

Esteban se molestó y salió al pasillo a cargar contra Podemos. Dijo que los que amenazan la estabilidad parlamentaria son los que ignoran que “no hay una mayoría de izquierda en el Congreso, y me refiero a la señora Belarra”. Y fue más lejos: “Por mucho que chille la señora Belarra, las cosas no van a cambiar”, afirmó en un tono desabrido que reveló que estaba nervioso. Y luego más estacazos en Twitter. Esteban acusó a Belarra de mentir, porque una enmienda aprobada del PNV no estaba dirigida a los desahucios de personas sin recursos, sino a los allanamientos de morada, que ya son ilegales, para que culminen en juicios de procedimiento abreviado. La líder de Podemos respondió llamándole “diputado de Repsol” y acusándole de criminalizar la pobreza: “De lo que estamos hablando es de quién manda aquí, si manda Repsol o mandan los intereses de la gente”.

Hay varios duelos cruzados en esta historia. El PNV no está preocupado por Podemos en Euskadi. A quien mira de reojo es a EH Bildu, que amenaza su posición hegemónica en las urnas. Esquerra contempla que sus años en el Govern le han pasado factura hasta verse superada por Junts en las últimas autonómicas. Sumar no levanta cabeza desde su pésimo resultado en las europeas e intenta que la reducción de la jornada laboral le sirva de impulso, lo que a su vez ha originado un enfrentamiento público de Yolanda Díaz con el Ministerio de Economía. “Pensaba que, una vez que se había marchado Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar pero los comportamientos son los mismos”, ha dicho Díaz. También está fino el patio gubernamental.

Podemos pretende que cada negociación sea una forma de demostrar que es el único partido con un mensaje netamente de izquierda y que el Gobierno tiene que ganarse su voto. Las encuestas no le están siendo muy fructíferas. La última del CIS le ha dado una cierta alegría al pasar del 3,4% al 4,1%, pero las también recientes de El País (3,1%), El Periódico (3,5%) y La Vanguardia (3,4%) siguen colocando a Podemos en una posición muy secundaria. Los porcentajes que conceden estos cuatro sondeos a Sumar son respectivamente 7%, 5%, 8% y 5,9%.

Menos mal que enseguida llega el espíritu navideño, es decir, las vacaciones, y todos los protagonistas de esta historia no se van a ver la cara en varias semanas. No son malas fechas para reflexionar sobre lo que tienen por delante. Todos deberían saber que si lo único que les une es que no gobierne la derecha, se puede pronosticar que, con o sin presupuestos, es poco probable que la legislatura dure otros tres años más. Y ninguno llegará en muy buen estado a las urnas si se adelantan las elecciones.

Michael Moore y el sistema sanitario de EEUU

Tras el asesinato del consejero delegado de una de las mayores aseguradoras sanitarias de EEUU, varios medios intentaron ponerse en contacto con Michael Moore, autor de los documentales 'Bowling for Columbine' y 'Fahrenheit 9/11'. El joven detenido por el crimen, Luigi Mangione, dejó escrito que Moore había mostrado la perversión del sistema sanitario. Lo hizo en el documental 'Sicko'. Todos querían preguntarle si condenaba el asesinato del directivo. Les ha respondido con un texto en el que recuerda que siempre ha sido pacifista, que por eso condenó las muertes de todos los iraquíes y norteamericanos tras la invasión de Irak, como también de “los 50.000 americanos que mueren cada año a manos de la industria de las armas y de nuestros políticos que no hacen nada para evitarlo”. 

“Sí, condeno el asesinato y por eso condeno la inmoral, disfuncional, vil, rapaz y sangrienta industria sanitaria y condeno a cada uno de los consejeros delegados que la dirigen y condeno a todos los políticos que aceptan su dinero y mantienen vivo ese sistema en vez de destrozarlo, hacerlo pedazos y finiquitarlo”. 

Nadie merece morir, dice Moore, como tampoco debería morir nadie por no tener un seguro sanitario que cubra sus enfermedades más graves. Tienen tanto derecho a vivir como un consejero delegado. 

Moore ha colgado su documental 'Sicko' en YouTube. Se puede ver aquí. 

La foto

El alcalde de Nueva York tuvo la idea de convertir en un gran espectáculo la llegada en helicóptero de Luigi Mangione, acusado del asesinato del consejero delegado, desde Pennsylvania donde había sido detenido. En vez de subirlo de inmediato a un vehículo, organizó un desfile a mayor gloria de las cámaras, en el que él también estaba y presumió de ello en un tuit, con un impresionante e innecesario despliegue policial. El alcalde, Eric Adams, está procesado por corrupción y quería ganar puntos. Algunas reacciones muestran que consiguió lo contrario.

“Este masivo desfile policial hace que este tipo (Mangione) parezca un héroe. Parece una escena de 'Con Air' o una película basada en un cómic”, escribió un concejal de Nueva York. Un concejal de Brooklyn dijo que todo ese despliegue costaba tanto como financiar una biblioteca durante un año. Es una escena que podría haber firmado Christopher Nolan para alguna película de Batman. 

¿Cuánta gente vive en España?

Ya somos 48,6 millones de habitantes en España. Lo ha anunciado este mes el INE con los últimos datos del censo. En concreto, 48.619.695. Con respecto a 2023, la población ha crecido en 534.334 personas, lo que supone un aumento del 1,1%. El incremento se ha debido fundamentalmente a la población extranjera. Su número creció en 412.662 personas. En total, los habitantes de origen extranjero superan por primera vez los seis millones y medio. 

La población extranjera, es decir sin nacionalidad española, alcanza el 13,4% del total. Quédense con ese porcentaje, porque luego en muchas encuestas la gente piensa que es mucho mayor, lo que por otro lado ocurre en muchos países. 

Los miércoles son los días del Congreso en que la oposición sacude al Gobierno y viceversa. Los jueves, al menos los jueves de los últimos meses, son las jornadas en que los aliados del Gobierno, presuntos o reales, se atizan entre ellos cuando toca votar leyes y decretos ley. En general, se intentan mantener las formas, excepto si algunos partidos creen jugarse mucho. El jueves de esta semana fue uno de ellos, porque los tortazos se oyeron en el hemiciclo y los pasillos. Un espectáculo muy gratificante para la derecha. 

Se votó una enmienda que pone fin al impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y petroleras. Fue aprobada por 183 votos a 166 al unirse PP, Vox, Junts y PNV. Ese impuesto, que en realidad es más correcto llamar gravamen, ha recaudado 1.164 millones de euros este año. La izquierda tuvo que rendirse a la evidencia de que la mayoría del Congreso es de derechas. Otra cosa es que no sea viable políticamente, con lo que no hay posibilidades de que prospere una moción de censura, como bien sabe el PP. Aun así, obliga a ajustar el tiro y saber qué es lo que se puede aprobar. Algunos grupos parlamentarios parecen no tenerlo claro. Más bien, se hacen los locos.