Cazadores, un colectivo autoestigmatizado

El viernes 21 de enero, muy oportunamente, la Federación Andaluza de Caza recordó a través de un comunicado que hace varios meses la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) habían acordado comenzar a trabajar de manera conjunta para intentar frenar, en la medida de lo posible, “los graves ataques que está recibiendo el colectivo de cazadores a través de las Redes Sociales”.

Al día siguiente, el cazador Ismael Rodríguez mató, disparándoles a la cabeza, a dos guardias rurales desarmados. Ninguno de esos supuestos graves ataques de los animalistas ha dejado dos viudas y dos huérfanos de nueve y diez años. La ONC considera de extrema gravedad la supuesta “escalada de violencia” que se está registrando en las redes sociales. ¿Cuán nocivos pueden ser unos comentarios que condenan a un colectivo que caza, o mejor dicho mata a animales, por diversión? ¿Pueden dejar en un instante dos viudas y dos huérfanos, y destrozar a tres familias (ya que también hay que incluir la del asesino confeso)?

La Federación Andaluza de Caza se querelló recientemente contra una animalista que había insultado a los cazadores a través de Facebook, que tuvo que rectificar públicamente y pedir disculpas. ¿Serán suficientes las disculpas de este cazador para dos hijos privados de su padre, para dos viudas privadas de sus maridos? Obviamente no, pero seguramente las disculpas y el arrepentimiento puedan ser suficientes para reducir su condena, alegando enajenación mental transitoria o algún otro eufemismo.

Según la abogada del asesino confeso, este solo recuerda que los guardias rurales le dieron los buenos días y le dijeron que descargara el arma. Según las fotos aparecidas en diferentes medios, esto ocurrió al lado de un camino. Según el reglamento de caza de la mayoría de las comunidades españolas, los cazadores no deben llevar las armas cargadas en caminos y otras vías transitables. Por lo tanto, lo poco que el cazador recuerda (según su abogada) da fe que los guardias se le acercaron educadamente (le dieron los buenos días) y le dijeron que descargara el arma (algo totalmente razonable y acorde al reglamento). Supuestamente el cazador reaccionó disparándoles a la cabeza a ambos. No recuerda cómo disparó cuatro tiros con un arma que solo permite tres. No recuerda cómo acertó dos tiros en la cabeza a cada uno de los guardias, cuyos cadáveres estaban a más de cinco metros el uno del otro. Posiblemente ni siquiera llegaron a pedirle su documentación y a saber si tenía o no la licencia al día, y si tenía la licencia apropiada para el arma que llevaba (algo que ha sido difundido por los medios: sí tenía licencia, pero no para ese tipo de arma).

Si tenía licencia, tenía que haber aprobado un examen psicotécnico. Hasta prueba contraria, el examen psicotécnico es el mismo para diferentes calibres. ¿Acaso dos tiros en la cabeza de un calibre menor, para el que Ismael Rodríguez sí estaba autorizado, no habrían sido letales? El conseller de l’Interior, Jordi Jané, y la consellera d’ Agricultura, Meritxell Serret, dicen que sería muy injusto estigmatizar al colectivo de los cazadores por este doble homicidio. ¿Injusto por qué? Los más de un millón de cazadores en España (según la Real Federación Española de Caza) han pasado el mismo psicotécnico que Ismael Rodríguez.

En el juicio escucharemos los tópicos de siempre, “es una bellísima persona, es muy amigo de sus amigos, para él lo mas importante es su familia y su trabajo, nadie se hubiera podido imaginar que haría eso”, etcétera. Y, por supuesto, como ya han declarado a los medios algunos vecinos y conocidos, “llevaba la caza en las venas, un hombre sano, que no bebe, ni fuma y amaba tanto la caza mayor como la menor”, apasionado también de las motos y los toros.

Pero ese examen psicotécnico no ha podido prever que este cazador dispare antes que atienda a la más que razonable solicitud de los desarmados guardias rurales. ¿Que garantía tenemos de que el otro millón de cazadores que lo han pasado no pueda tener una reacción similar? Recordemos que el contingente militar que sometió Irak en la Guerra del Golfo estaba integrado por solo doscientos mil hombres armados. ¿Merecemos convivir con cinco veces esa cantidad de individuos capaces de dispararnos a la cabeza?

En un comunicado posterior a estos hechos, la Real Federación Española de Caza ha condenado firmemente el asesinato de los dos agentes rurales, pero parece considerarlo tan grave como la condena de este hecho por parte del Partido Animalista (PACMA), y anuncia que “va a tomar cartas en el asunto llevando a los tribunales semejantes vejaciones ante el mundo de la caza”. Su colectivo “no puede permitir que semejantes individuos falten al respeto, de esta manera, a los más de un millón de cazadores!!!”, pero sí puede permitir que sea frecuente que los cazadores respondan agresivamente a las solicitudes de los rurales, amenazándolos e incluso apuntándoles con sus armas, como recuerda la Agrupación de Agentes Rurales de CCOO de Cataluña, que lleva 20 años alertando de que se podía producir una situación como esta.

De esto tampoco se ha preocupado la Fiscalía General del Estado. Tampoco la Real Federación Española de Caza ni la Fiscalía General del Estado se han ocupado de las constantes amenazas por parte de los cazadores a ciclistas, paseantes o recolectores de setas que pretenden disfrutar del campo sin cazar, y mucho menos de las costantes infracciones al ya muy laxo reglamento de caza, ni por supuesto, aún menos, de las condiciones de los perros de los cazadores y sus decenas de miles de abandonos.

En Asturias hay una larga lista de agresiones a los Agentes del Medio Natural, ruedas rajadas, vehículos quemados, cabezas de lobo colgadas de señales de tráfico o introducidas en un vehículo. La prohibición del parany también ha ocasionado agresiones físicas. A raíz del asesinato del pasado sábado, los medios de comunicación están dando espacio a las reivindicaciones y quejas de los Guardias Rurales. El presidente de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (Asparc), Francesc Coll, cuenta que en los últimos años algunos compañeros han recibido perdigonazos y amenazas con armas de fuego a boca de cañón. Que a un compañero le han hecho arrodillarse en el Garraf poniéndole el cañón en la cabeza. Que a otro le han encañonado diciéndole, “si tienes que decomisarme el arma agárrala por el cañón”.

Ahora, para limpiar una imagen que ellos mismos han ensucido, los cazadores se presentan como acusación particular contra uno de los suyos, Ismael Rodríguez, a pesar de que hasta ahora a la Oficina Nacional de Caza no le preocuparon los mencionados antecedentes de violencia contra agentes rurales. Esta mal llamada institución, que representa a las diferentes federaciones regionales, quiere de paso desprestigar a PACMA, acusando a este partido de “aprovechar el luctuoso suceso para gritar violentamente en sus RRSS y criminalizar, cargados de odio ideológico, al conjunto del sector cinegético”. Pero no menciona que el asesino confeso ya había sido denunciado varias veces y que recientemente había puesto el arma del crimen a nombre de un amigo para no tener que entregarla a la Guardia Civil. Ni para la ONC ni para la RFEC parece relevante que las infracciones a la ley de caza sean tan frecuentes que existen docenas de bufetes de abogados especializados en recurrir sanciones por este concepto.

La desfachatez de la ONC es tal que, en este momento en el que se duda seriamente de que los requisitos para la posesión y el uso de armas sean suficientes para garantizar la seguridad de los no cazadores, exigen al Gobierno y a la Unión Europea que paralicen el proceso abierto en la actualidad para modificar la Directiva de Armas de Fuego, y reiniciar el procedimiento a principios de 2018 para tener un “debate sosegado en el que se cuente con los preceptivos informes de impacto, que hasta ahora no se han elaborado”. ¿Qué informes se necesitan para saber que tres millones de armas diseminadas por todo el territorio nacional, que se pueden obtener con unos requisitos mínimos, son superfluas y pueden ocasionar más y más desgracias?

El asesinato de los dos guardias acababa de conocerse cuando otra noticia generó consternación. Primero el Daily Mail y luego los medios nacionales publicaron que una familia inglesa que vive en Sierra de Baza, en Granada, en un terreno de 173 hectáreas, había encontrado la madrugada del 7 de enero cinco de sus perros tiroteados y su caballo fuertemente herido. Todo apunta a que los responsables son los cazadores de la zona.

Para quien no haya caído en la cuenta, España es un coto de caza. A diferencia de lo que cabría esperar, la caza está permitida prácticamente en cualquier terreno público o privado, a menos que haya una prohibición expresa. Si alguien, como el caso de esta familia, no quiere que se cace en su propiedad, tiene que llevar a cabo largos trámites para lograr que la administración pública lo desautorice, cuando por lógica debería ser al revés. La “estúpida inglesa”, como la llaman los cazadores de la zona, obtuvo la prohibición el pasado mes de mayo y, desde entonces, ella, su pareja y su hija de once años han sufrido insultos, amenazas y visitas intimidantes, así como afirmaciones de que seguirían cazando en sus terrenos.

Lo más seguro es que los autores de estos abominables hechos nunca sean castigados. Y por descontado el castigo que recibirá Ismael Rodríguez en ningún caso devolverá a la vida a las víctimas. Pero, aunque el brazo ejecutor haya sido el suyo, ¿él es el único y verdadero culpable y responsable de este asesinato? La Real Federación Española de Caza ejerce sus funciones bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, en el que está integrada, al igual que en el Comité Olímpico Español. Estos organismos dependen del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. ¿No es este Ministerio, que justifica la práctica de la caza, que la normaliza y la normativiza, igualmente responsable de la muerte de los guardias rurales, de los millones de animales asesinados y de los cien mil perros abandonados? Y no olvidemos que ese Ministerio forma parte del actual Gobierno, en manos de un partido que siempre ha incluido la defensa de la caza en sus campañas electorales.

El sector de la caza no necesita ser estigmatizado o criminalizado por parte de los defensores de los derechos de los animales. Se retrata solo por lo que es. Un colectivo que sigue disfrutando de una actividad violenta y que intenta disfrazarla definiéndola como tradición cultural, actividad necesaria para el equilibrio en el mundo rural, amantes de los animales y de la naturaleza, y un sinfín de contradicciones. La sociedad actual, tanto la urbana como la rural, ya no cree esas mentiras. La caza se mantiene gracias al apoyo de la industria de las armas y de un sector rancio y retrógrado del Gobierno.

Para expresar ese sentimiento mayoritario de la sociedad, que exige un mundo menos cruel también para los animales no humanos, el próximo 5 de febrero, en venticinco ciudades de la península y por octavo año consecutivo, se realizarán manifestaciones pidiendo la abolición de cualquier forma de actividad cinegética, convocadas por la Plataforma No A la Caza (NAC) con la adhesión de la mayoría de organizaciones animalistas del país. 

El viernes 21 de enero, muy oportunamente, la Federación Andaluza de Caza recordó a través de un comunicado que hace varios meses la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) habían acordado comenzar a trabajar de manera conjunta para intentar frenar, en la medida de lo posible, “los graves ataques que está recibiendo el colectivo de cazadores a través de las Redes Sociales”.