El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como Convenio CITES, busca preservar la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Fue firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 por 21 países, entrando en vigor en 1975. En la actualidad se han adherido 183 Partes, es decir, casi todos los países del mundo. La adhesión de España al Convenio CITES se efectuó el 16 de mayo de 1986.
La Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, explica que el “Convenio CITES establece una red mundial de controles del comercio internacional de especies silvestres amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales para autorizar su comercio. Por tanto, la protección se extiende a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados o productos que los contengan; es decir, también se protegen las pieles, marfiles, caparazones, instrumentos musicales, semillas, extractos para perfumería, etc. elaborados a partir de especímenes de especies incluidas en el Convenio”.
Todas las indicaciones científicas y las evaluaciones de los ecosistemas naturales realizadas en numerosos países indican claramente que nos hallamos ante la denominada 'sexta extinción de especies' a nivel global, protagonizada y ejecutada por la especie más dominante del planeta, la humana. La destrucción de las selvas tropicales y la constante extracción de los recursos naturales hacen que estemos viviendo lo que los investigadores ya llaman “la era del antropoceno”, que comenzó con la revolución industrial, en la que el ser humano está arrasando el único planeta donde vivimos y poniendo en peligro la supervivencia de la vida, incluso la suya propia.
Los datos son estremecedores. Las poblaciones de las especies terrestres han disminuido en un 38% debido a la pérdida y la degradación del hábitat y a la sobreexplotación; las de agua dulce, en un 81% por su pérdida, contaminación de las aguas y degradación de su hábitat; y las marinas en un 36% por sobreexplotación, agotamiento de los caladeros de pesca y pérdida y degradación de los ecosistemas marinos. Los porcentajes se incrementan alarmantemente según pasan los años y por el momento no hay voluntad social ni política para que estas cifras disminuyan. Por el contrario, aumentan de forma precipitada, acercándonos al caos.
El tráfico de especies se añade irremediablemente a la extinción, en un desenfrenado acoso a los seres vivos para disfrute y beneficio de los humanos. Junto al tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de humanos y control de la soberanía alimentaria, el tráfico de especies actúa como jinete del apocalipsis que arrasa la voluntad de nuestras sociedades y mantienen secuestrados a muchos gobiernos del mundo mediante la indiferencia, el negocio y la corrupción.
Aunque es verdad que el CITES es un instrumento válido para combatir el tráfico de animales, y que lo han firmado numerosos países que cada año añaden a la lista de especies en peligro de extinción aquellas que están desapareciendo en sus territorios o que necesitan entrar en un tipo de protección intermedio, el Convenio no deja de tener importantes lagunas. Para empezar, los documentos CITES que deben acompañar a los animales para mostrar la legalidad de su procedencia no son iguales para todos los países y son fácilmente falsificables.
Por otro lado, el tráfico se ha extendido a las nuevas tecnologías y en internet existe un verdadero descontrol y un acceso rápido, eficaz y más seguro para seguir anunciando ventas de especies en peligro de extinción. Cuando los animales son pequeños (loros, titis, tortugas, serpientes, etc.) son enviados con frecuencia por paquetería, sin que el remitente corra riesgo alguno. Se ha comprobado que existen fincas y naves clandestinas donde se realiza la cría ilegal en cautividad y de las que los animales salen bajo pedido. Quienes los solicitan desprecian las leyes y fomentan uno de los negocios más rentables.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) es uno de los cuerpos policiales mejor preparados del mundo para perseguir delitos contra el medio ambiente, así como contra la fauna y flora protegidas. Pero se topa muchas veces con la torpeza de los políticos y con las distintas competencias de las Comunidades. Incluso con frecuencia no saben qué hacer con las incautaciones, siendo los zoológicos de animales exóticos los principales receptores de los incautados. Esto genera un grave problema añadido: ¿con qué autoridad moral denunciarán a esos zoológicos concertados su ven que se incumple la normativa? El Estado es el responsable de esta situación, pues debe tener centros de rescate oficiales, precisamente para evitar situaciones de este tipo o que más tarde esos zoológicos que han recogido animales de especies intervenidas pidan dinero público para mantenerlos.
Proyecto Gran Simio lleva denunciando desde hace tiempo esta situación en España y ha tenido que recurrir a la Unión Europea para que sea admitida a trámite una denuncia contra diversos artículos del Real Decreto 1333/2006, que regula el destino de especímenes CITES incautados en España. El citado RD infringe la normativa internacional sobre CITES, estando muy lejos de los objetivos reales de su creación, ya que en su artículo 8 dice textualmente: “En el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal”.
Según este artículo, en caso de que, por ejemplo, un chimpancé o un elefante no pudiera ser cedido a un centro colaborador, como suelen ser zoológicos o centros privados, podrá ser entregado a un centro de experimentación e incluso ser sacrificado. ¿Acaso se protege a las especies amenazadas de extinción con un artículo donde se autoriza su sacrificio por el mero hecho de no encontrar un lugar para su cesión o mantenimiento? ¿Quién legisla de esta forma y se permite que salga adelante cuando hablamos de tráfico de especies? ¿Es realmente el CITES en España un organismo de protección animal o sólo un organismo recaudatorio?
Por otro lado, a los infractores se les aplica la Ley de Contrabando, siendo solo delito cuando el valor de lo incautado supera cierta cantidad. Pero, ¿quién pone precio a la vida? Nos encontramos una vez más con la ineptitud de los políticos a la hora de luchar contra este tipo de delincuencia. Debería ser delito todo aquel que traficara con especies protegidas. ¿Con qué razonamiento vamos a multar a una persona que ha traficado con un animal y se lo hemos intervenido, si por ley ese mismo animal puede ser sacrificado o entregado a un centro de experimentación? ¿Es así como se trata a las especies protegidas en peligro de extinción en España?
Por lógica, y porque hay muchos técnicos expertos que saben más de animales, la Secretaría CITES debería estar ubicada en el Ministerio de Transición Ecológica, en una Dirección General de Protección Animal que englobara todo lo referente a los animales. Tal vez de esa forma se podría conseguir una mayor coordinación y avance contra la tenencia de animales exóticos y el control de especies en peligro de extinción. Su tráfico a nivel global es un negocio redondo, en el que se maneja mucho dinero y existen coleccionistas sin escrúpulos, ricachones de chistera que no saben emplear el dinero que tienen y convierten sus jardines en zoos privados solo por el orgullo de sentirse superiores a otras especies. Muchos centros y zoológicos de Asia son verdaderas plataformas de blanqueo de animales.
Recientemente, la BBC News, en una investigación que ha durado un año, ha comprobado in situ que el tráfico de especies de grandes simios, y en concreto de chimpancés. Esta continúa de manera alarmante, al existir su demanda como mascotas para domicilios particulares de gente adinerada o para zoológicos, donde un bebé de chimpancé tiene un precio mínimo de 12.500 dólares. El coste de este tráfico es terrible para las poblaciones en libertad, ya que asesinan a todos los adultos de la familia y del resto del grupo para que no impidan la captura del bebé. Una vez en poder de los furtivos, los adultos muertos son vendidos en mercados como carne de caza. Para obtener un bebé vivo son sacrificados más de 10 adultos.
Esta investigación avala el informe presentado en septiembre de 2016 por el Proyecto Gran Simio, en el cual se denuncia la desaparición de todas las poblaciones de grandes simios por diversas causas, entre ellas el tráfico furtivo y la destrucción de su hábitat.
En esa cadena que se extiende desde los cazadores furtivos a los intermediarios, falsificadores de documentos CITES de exportación, transportistas y, en última instancia, compradores, muchos de los animales mueren de miedo, de tristeza o de hambre. Debido a la fuerte demanda y los altos precios en el mercado negro, este tráfico internacional se extiende a los países del Golfo, Asia sudoriental y China, siendo muchos de ellos blanqueados y pasando a formar parte de la población cautiva o dirigidos después a otros países.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, unos 3.000 grandes simios (chimpancés, orangutanes, gorilas y bonobos) son extraídos de su hábitat con destino a la cautividad. Pero el número es mucho más alto que el que dan las cifras oficiales, ya que no hay un control sobre sus poblaciones y además se añade la muerte de los adultos de su familia. Sobre el resto de las especies, ni se sabe qué cantidades son las empleadas para este tráfico criminal de la vida.
La obtención de permisos falsos, su comercio ilegal, la corrupción de los organismos oficiales, las conexiones en las redes, la facilidad de las leyes internacionales sobre la compra y venta de especies en peligro y los papeles CITES, que son fáciles de falsificar e incluso de amparar más de un individuo utilizándolo las veces que sea necesario, hacen de este comercio ecocida un imparable. y jugoso negocio.
La sexta extinción de especies, originada por la inconsciencia y brutalidad del ser humano, es un hecho lamentable en unos tiempos donde se supone que la sociedad se ha desarrollado hacia una inteligencia más elevada y tiene suficiente capacidad de información como para poder proteger los ecosistemas esenciales para la vida en la Tierra. Ahora no se manda a la hoguera a nadie por decir que la tierra es redonda, pero nos comportamos exactamente igual permitiendo la desaparición de miles de especies a causa de nuestra avidez por destrozar los recursos naturales y no por buscar otras soluciones viables y más inteligentes.
Que el tráfico de especies continúe de forma alarmante tiene su origen en la incapacidad de los políticos, ya sea por ignorancia, por una gestión lamentable, por unas leyes obsoletas y pocos rigurosas o por la corrupción existente en muchos lugares del mundo, que facilita el negocio de la vida.
La Comisión de Peticiones de la UE, que aceptó a trámite la denuncia del Proyecto Gran Simio, ha comunicado que se prosigue con el examen de la petición, teniendo debidamente en cuenta la respuesta de la Comisión Europea, en la que informa de que no está en condiciones de intervenir en este asunto, puesto que el trato dado a los animales confiscados es competencia de los Estados miembros de la Unión.
No obstante, la propia Comisión informa de que se hizo un llamamiento a los Estados miembros para que mejoren el cuidado de las plantas y animales vivos incautados o confiscados, y uno de los objetivos necesarios es que se disponga de instalaciones en todos los Estados miembros para el cuidado temporal de los animales incautados, cosa que en España no se hace. Lo que hacen son acuerdos, principalmente con zoológicos o centros privados, que incluso se permiten criticar al Estado al no recibir de la Administración el dinero esperado para su cuidado.
Es por ello importante que España tenga su propio centro CITES oficial del Estado, así como una nueva legislación que blinde la protección de los animales incautados, su vida y un destino justo adecuado para cada especie.
La propia Comisión de Peticiones informa a su vez de que, tras un debate de sus miembros, ha decidido solicitar información adicional a las autoridades españolas y estudiando la denuncia planteada por Proyecto Gran Simio.
¿No está cometiendo el Estado una infracción grave al CITES por abrir una vía de exterminio por Real Decreto a especies incautadas y en peligro de extinción? No es ético ni moral denunciar a personas por posible tráfico animal cuando por ley se permite el sacrificio o la entrega de animales a centros de experimentación si no se encuentra un lugar adecuado para su depósito. Es la propia Administración la que tiene que dar ejemplo de protección y conservación. No estamos tratando con objetos económicos, sino con seres vivos que han sido sustraídos ilegalmente de sus ecosistemas y se merecen un respeto a la vida como seres sintientes y cuyas poblaciones, además, se encuentran en situación crítica de extinción.
El Real Decreto debe ser derogado al incumplir la normativa Europea y el Convenio CITES. Por ello la Unión Europea ha abierto un expediente de investigación contra España para determinar su responsabilidad ante tamaño abuso legislativo. En breve y a pesar de haberse reunido esta ONG con tres formaciones políticas sin que hayan hecho por el momento nada para proponer ante el Congreso de los Diputados, por parte del Proyecto Gran Simio se va a lanzar una campaña de recogida de firmas ante este abuso impresentable, a través del que se permite la muerte de animales o su entrega a centros de experimentación.
Cada vez son más los municipios y ciudades que están cerrando la entrada a los circos donde utilizan animales en sus espectáculos. Ante la presión de la sociedad, algunos están reconvirtiéndose y solo los humanos realizan sus representaciones artísticas. Pero, ¿qué ocurre con todos los animales que esos circos ya tienen? ¿Qué se hace con ellos? Existe el peligro de que sean sacrificados, ya que en la actualidad los zoológicos suelen rechazar especies que supongan un gasto económico fuerte, como pueden ser leones, tigres o elefantes.
El Estado debe crear, como le ha aconsejado la Unión Europea, un centro nacional de recuperación especies CITES, donde tengan cabida todas las especies que se incauten en las fronteras o por parte de las fuerzas de seguridad, y un lugar donde puedan ser acogidos los animales de los circos que se reconvierten. Este centro debe ser gestionado por profesionales de calidad, donde los animales se encuentren bien y en espacios suficientes, y donde se intervenga con métodos no invasivos para evitar su reproducción. Casi todas las Comunidades Autonómicas ya tienen su propio centro de rescate pero solo para especies autóctonas locales.
Además de dar puestos de trabajo y de ser un refugio seguro para los animales CITES incautados, deben realizarse las gestiones oportunas para que las denuncias contra el tráfico y tenencia ilícita de especies estén castigados por el Código Penal y los infractores puedan ser sancionados, y que el dinero recaudado sea empleado para la gestión de dicho centro.
Llevar a los actuales zoológicos a los animales de los circos que cesan en su actividad es aumentar la problemática, considerar los zoológicos como centros de depósito y condenar al SEPRONA a tener las manos atadas para denunciar las irregularidades de esos zoológicos de acogida. Las soluciones deben ser realizadas conjuntamente para poder avanzar hacia un mundo donde el maltrato animal haya sido desechado de nuestras sociedades.
Precisamente, este 21 de septiembre se celebrarán las V Jornadas de Protección Animal organizadas por la Asociación Parlamentaria por los Derechos de los Animales (APDDA), bajo el lema 'Hacía la prohibición del uso de animales en los circos en España'. Se debatirán soluciones y medidas para que los circos dejen de maltratar animales. La entrada es gratuita, previa inscripción y hasta completar aforo. Qué mejor lugar que en la casa del pueblo para llegar a conseguir acuerdos conjuntos y tratar entregar a los políticos un manifiesto en contra de la esclavitud de los animales en los circos, incluidos en su mayoría en el Convenio CITES.
Bajo mi criterio, y de forma urgente, se deben poner en práctica soluciones inmediatas para paliar, en la medida de lo posible, la sexta extinción de especies que estamos originando en todo el planeta. Para ello, al menos en España, debemos implantar una batería de medidas que dificulte el tráfico de especies, con unas leyes impecables que castiguen a los infractores. Algunas de ellas podrían ser:
Esta batería de medidas por parte de España podría suponer una disminución importante en el tráfico de especies. No hay que olvidar que España es sobre todo un lugar de paso indispensable de ese tráfico para las especies procedentes de América o Norte de África.
Como en muchas otras causas, los políticos son responsables de este tráfico de la vida porque tienen en sus manos el poder de legislar y tomar las medidas suficientes para evitar, o al menos paliar en gran parte, este negocio abusivo de la biodiversidad de nuestro planeta. La sociedad tiene a su vez la responsabilidad de evitar este tráfico mediante el uso responsable de la razón. No hay que olvidar que sin comprador no hay vendedor y sin vendedor la vida florece en todo su esplendor, protegiendo la belleza de nuestros ecosistemas que son el motor de nuestro planeta. Es el único que poseemos y tenemos la obligación de protegerlo para las generaciones futuras.
Sobre este blog
El caballo de Nietzsche es el espacio en eldiario.es para los derechos animales, permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa. Porque los animales no humanos no son objetos sino individuos que sienten, como el caballo al que Nietzsche se abrazó llorando.
Editamos Ruth Toledano, Concha López y Lucía Arana (RRSS).
