La compasión no es un crimen

La compasión no es un crimen. Así lo ha entendido el juez David Harris (Ontario, Canadá) en la sentencia dictada el pasado día 3 de mayo en la que la activista en defensa de los derechos de los animales Anita Krajnc quedaba absuelta.

Anita fue acusada de un delito criminal cuya condena pudo haberla llevado a pasar hasta 10 años en la cárcel por facilitar agua a los 190 cerdos que viajaban hacinados en un camión a altas temperaturas hacia el matadero Fearmans Pork Inc. Fue durante un caluroso día de junio de 2015 cuando Krajnc se detuvo en una carretera de Burlington junto al camión de transporte de cerdos. Empuñando una cámara y una botella de plástico, ofreció agua a los sedientos animales que se agolpaban ansiosos contra los estrechos respiraderos del tráiler.

Sus armas eran dos de las más peligrosas, porque ofrecer un último trago de agua fresca a un animal que está a punto de ser acuchillado tiene una enorme carga simbólica. Supone detener la gigantesca maquinaria de producción por unos instantes para humanizarla, introduce la idea de los cuidados en un escenario violento, macabro y sangriento como es la entrada de cualquier matadero cuando se llena de animales aterrados tratando de evitar su turno. Pero, sobre todo, nos obliga a ver con sobrecogedora claridad que detrás de los productos que consumimos hay dolorosas historias protagonizadas por animales que sienten nuestro mismo miedo, nuestra misma sed.

Y porque una cámara en manos de una activista es la principal amenaza para industrias tan opacas y herméticas como las de explotación animal. Que la sociedad conozca cómo viven, cómo son transportados y cómo mueren los animales de consumo es su mayor miedo, hay muchos millones en juego si la ciudadanía decide replantearse con qué está llenando su cesta de la compra.

Prueba de ello son las leyes Ag-gag, leyes mordaza diseñadas en los últimos años específicamente para proteger a las grandes empresas del sector agropecuario. En 2011, el escritor del New York Times Mark Bittman acuñó el término 'leyes ag-gag' para referirse a las propuestas en varios estados de EEUU que harían ilegal llevar a cabo investigaciones en instalaciones ganaderas.

Desde entonces, el lobby de la producción animal ha estado detrás de la introducción de estos proyectos de leyes en 16 de los estados de Estados Unidos. Su objetivo es silenciar a los denunciantes que revelan abusos hacia los animales en las granjas industriales. En ocho estados se han aprobado leyes Ag-gag que tipifican como delitos los actos relacionados con la investigación de las actividades cotidianas de las granjas industriales, incluida la grabación, posesión o distribución de fotos, vídeos y/o audios en una granja.

Estos proyectos de ley afectan por igual a periodistas, activistas e incluso a los trabajadores de las granjas, por lo que, prohibiendo cualquier tipo de grabación encubierta, también a los propios empleados se les está impidiendo obtener pruebas con las que denunciar riesgos para la seguridad alimentaria o violaciones de derechos laborales.

Numerosas organizaciones de defensa de los animales vienen realizando investigaciones y denunciando situaciones de extrema crueldad en granjas y mataderos, como la llevada a cabo en 2008 por la Humane Society of the United States en la que se obtuvieron imágenes que provocaron la mayor retirada de carne del mercado en la historia de los EEUU.

Estas propuestas legislativas son la respuesta de la industria ganadera a este tipo de investigaciones. En Idaho, por ejemplo, la organización Mercy for Animals filmó a los trabajadores de Bettencourt Dairies propinando puñetazos y patadas en la cara a las vacas. La revelación de estas imágenes tuvo como resultado varias condenas por maltrato animal, situación ante la cual la industria láctea reaccionó redactando la nueva ley Ag-gag de Idaho.

Casos similares se vienen sucediendo desde que, tras los atentados del 11-S, se empezase a utilizar el término “terrorismo” para perseguir tanto al movimiento ecologista como al animalista, situación que analiza en profundidad el periodista, conferenciante y escritor Will Potter en su libro Los verdes somos los nuevos rojos.

El impacto del creciente fenómeno de las leyes ag-gag traspasa las fronteras de EEUU y las industrias de explotación animal comienzan a presionar para impulsar proyectos similares en todo el mundo, dejando a los animales más desprotegidos si cabe y criminalizando la labor informativa de periodistas y activistas.

El caso de Anita Krajnc en Canadá ha vuelto a dejar en evidencia cómo desde el sector agropecuario se practica activamente aquello de “matar al mensajero” tratando de convertir un gesto de solidaridad en un delito criminal. Pero han ganado el sentido común, la empatía y los animales. Hemos ganado todas y todos, y nuestro derecho a la información.

La compasión no es un crimen, y proteger a los animales frente a la crueldad es una idea a la que le ha llegado su tiempo. En palabras de la propia Anita a su salida del juzgado tras el veredicto: “Así es como los movimientos sociales difundimos lo que defendemos: saliendo de nuestra zona de confort y haciendo lo que es correcto”.

La compasión no es un crimen. Así lo ha entendido el juez David Harris (Ontario, Canadá) en la sentencia dictada el pasado día 3 de mayo en la que la activista en defensa de los derechos de los animales Anita Krajnc quedaba absuelta.

Anita fue acusada de un delito criminal cuya condena pudo haberla llevado a pasar hasta 10 años en la cárcel por facilitar agua a los 190 cerdos que viajaban hacinados en un camión a altas temperaturas hacia el matadero Fearmans Pork Inc. Fue durante un caluroso día de junio de 2015 cuando Krajnc se detuvo en una carretera de Burlington junto al camión de transporte de cerdos. Empuñando una cámara y una botella de plástico, ofreció agua a los sedientos animales que se agolpaban ansiosos contra los estrechos respiraderos del tráiler.