Es de público conocimiento que la situación en los municipios españoles de las llamadas “perreras municipales”, los centros zoosanitarios y los centros de recogida y atención de animales abandonados es mala o muy mala, pero a veces nos encontramos casos que hacen estremecer hasta a los más curtidos animalistas.
Sobre la Perrera Municipal de Jaén, se vienen sucediendo desde hace ya algunos años las denuncias de asociaciones animalistas, de PACMA y de algunos concejales de la corporación de la capital jienense, y se han publicado en redes sociales numerosas fotografías que dan fe del lamentable estado de dichas instalaciones.
En la página web del Ayuntamiento informan de que dicho espacio, ubicado en el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la capital (el vertedero municipal), consta de una nave con doce cheniles con patio posterior. Estos son de distintos tamaños para albergar a uno o a varios perros.
En las fotos y vídeos publicados en redes sociales puede apreciarse el calamitoso estado físico de las instalaciones, carentes de las más mínimas dotaciones higiénicas y con un espacio escandalosamente insuficiente para una capital de provincia cuyo eslogan es 'Capital del Paraíso Interior'.
Las denuncias anteriormente comentadas, y presentadas ante el Ayuntamiento y el SEPRONA, hacen referencia básicamente al insostenible estado de hacinamiento de los animales, que ya ha provocado numerosas muertes de perros por enfrentamientos, y al ruinoso estado físico del edificio y su precario mantenimiento, lo que provoca que los animales vivan en unas condiciones tan terribles que solo con ver las fotos producen escalofríos.
Al indagar un poco más en el funcionamiento de este centro municipal, averiguamos que la gestión del mismo corresponde a la conocida constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), quien por adjudicación del consistorio viene gestionando dicho servicio municipal desde hace varios años.
A pesar de las citadas denuncias, el Ayuntamiento ha vuelto a licitar este servicio municipal a finales de 2017, incluyéndolo en la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, desratización, desinsectación, gestión de animales abandonados (o sus cadáveres) y mantenimiento de parques y jardines. Lo que nos da idea de la sensibilidad con la que abordan el tratamiento de seres sensibles en una situación de absoluta vulnerabilidad, tratándolos como otro residuo sólido urbano más y haciendo caso omiso a las denuncias sobre el insostenible estado del centro, que reclamaban la licitación independiente de este servicio o su municipalización, así como su ubicación separada del vertedero municipal.
Si acudimos al pliego técnico que regula esta licitación, y al apartado 1.4.5. RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS, VAGABUNDOS Y PERDIDOS, nos encontramos con su referencia a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Cap. VI, art. 27-3 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales, art. 7 y anexos IV y VI de la Orden de 19 de abril de 2010, indicando que estos trabajos serán gestionados por el adjudicatario y será por su cuenta la ampliación o modificación de las instalaciones existentes si se considerase oportuno por parte de la Dirección del Contrato, y que este servicio habrá de reunir los requisitos establecidos en el artículo 20-3 de la citada Ley.
Igualmente, el adjudicatario seguirá escrupulosamente todas las demás instrucciones establecidas en dicha Ley, en las posteriores y en todas las vigentes del sector de animales (Orden de 19 de abril de 2010 y otras), así como en las Ordenanzas Municipales vigentes en cada momento relativas a ellos.
Animo a cualquiera a que se lea la citada Ley 11/2003 (una ley a todas luces ya obsoleta) y que valore, a la vista de las fotos y de las denuncias, si se cumplen siquiera mínimamente los artículos relativos a:
- Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales que alberguen.
- Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
- Disponer de comida y agua suficiente y sana, y contar con personal preparado para su cuidado.
- Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
La adjudicación del paquete de servicios municipales que incluye el tratamiento de animales abandonados y perdidos ha vuelto a recaer de nuevo en FCC con un contrato por 12 años, lo que limita la capacidad de actuación municipal directa sobre este servicio por tres legislaturas completas, hipotecando con este contrato al actual equipo de gobierno o a futuros gobiernos municipales salidos de las urnas.
En este caso, como en otros tantos, estamos asistiendo a la externalización de servicios básicos para los municipios, y somos muchos los ciudadanos y votantes que consideramos el tratamiento que nuestras instituciones dan a los animales como una prioridad y un servicio básico, que debería cumplir al menos los estándares europeos de bienestar animal.
En este caso, el Ayuntamiento de Jaén ha ignorado las denuncias recibidas en relación al estado de la perrera municipal y no ha tenido en cuenta en el procedimiento para la contratación de dicho servicio ninguna de las peticiones recibidas para mejorar el estado de las instalaciones y el bienestar mínimo de los animales.
En esta licitación el Ayuntamiento de Jaén ha optado por externalizar el maltrato a sus animales, derivando la responsabilidad a una empresa constructora, en el marco de un macrocontrato de 240 millones de euros, donde el capítulo relativo a los animales abandonados es una ínfima parte del mismo, y no ha incluido en su pliego técnico la obligatoriedad de mejorar el estado de las instalaciones y la atención a los animales, a pesar de las denuncias previas que constaban en el Ayuntamiento y el SEPRONA.
Por otro lado está la responsabilidad social de FCC -una de las principales constructoras de este país, que acaba de lograr un contrato para construir tres líneas del metro en Riad (Arabia Saudí) por un valor de 6.070 millones de euros, el mayor de la historia de la construcción española en el exterior-, por ser capaz de permitir que unas instalaciones de las que es responsable, y que deben albergar a animales en situación de abandono y pérdida, esté en unas condiciones de absoluto deterioro e insalubridad.
Los ciudadanos debemos exigir a nuestras instituciones un trato digno a nuestros animales, asumiendo las responsabilidades necesarias para que así se produzca, y en el caso de que opten por externalizarlo, que cumplan con su obligación de vigilancia de las obligaciones de los contratos que de dicha externalización se deriven.
Desde luego sería deseable que en estas externalizaciones se tuviera en cuenta y se facilitara el acceso a las mismas a las asociaciones de protección animal que trabajan por todo el país y sin cuya ayuda, y la de sus voluntarios, ya habrían colapsado todas las perreras y zoosanitarios del país, o se habrían multiplicado exponencialmente los sacrificios de animales.
En cualquier caso, es absolutamente necesario que estos procedimientos cuenten con pliegos técnicos exigentes que garanticen el tratamiento y atención a los animales, y que ante flagrantes vulneraciones de las obligaciones de los adjudicatarios (como hemos visto tristemente en el caso de Jaén con Fomento de Construcciones y Contratas, y en otros muchos) se apliquen las correspondientes penalizaciones y/o se resuelvan los contratos con dichas empresas y se propicie la adjudicación del servicio a empresas realmente especializadas en el trato a animales, y no a constructoras.