¿Quién investiga en Canarias los delitos contra los animales?

“Antes, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) casi nunca venía cuando se le llamaba. Y si venía, llegaban a un acuerdo con el dueño del perro maltratado. Compadreo, le llamamos aquí”. Así explica María Rivero, presidenta de la protectora Huella a Huella, la realidad a la que se enfrentan muchas asociaciones. Las protectoras venían a cubrir el trabajo que deberían hacer los ayuntamientos de recoger y buscar adopciones a los animales abandonados, pero estaban muy desanimadas cuando se trataba de denunciar malos tratos. Lo mismo ocurría en el plano medioambiental. Aunque organizaciones ecologistas, ciudadanos particulares, fundaciones -como la César Manrique- e incluso diputados canarios advertían de que la caza ilegal de la pardela se seguía produciendo pese a ser un ave altamente protegida, hasta 2015 no se realizó una gran operación policial que acabó con 19 detenidos en una de las islas del archipiélago de Chinijo (Espacio Natural Protegido al norte de Lanzarote).

Los detenidos son miembros de las clases privilegiadas lanzaroteñas, así como de otras islas: empresarios, propietarios de gasolineras y apartamentos turísticos, médicos e incluso un agente de la Policía Nacional. No generó sorpresa en el archipiélago, ya que en los años 90 el propio ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, fue sorprendido cazando y asando las pardelas en un islote. Se trata de una tradición muy arraigada en las altas esferas por su supuesta 'calidad culinaria', y que muchos se niegan a dejar de realizar. Un ambiente complicado que en 1996 provocó que dimitieran los cuatro guardias forestales que vigilaban la zona, ante la imposibilidad de hacer su trabajo por la permisividad oficial que existe con el furtivismo.

Poco antes de la gran operación de 2015, una agente ya advierte de que podrían estar avisando a los pardeleros de las investigaciones del Seprona. Esa agente es la sargento jefe Gloria Moreno, una segoviana que un año antes había aterrizado en Lanzarote con la vocación de proteger la naturaleza y los animales. “Cuando llegó la sargento”, sigue Rivero, “se corrió la voz de que había alguien que se tomaba en serio las denuncias y muchas proyectoras nos animamos a seguir esa vía”. Desde Tenerife -donde ya hay más de 40 asociaciones- le dan la razón: “Nos cuesta mucho denunciar, no es hacer una llamada de teléfono, como con cualquier otro delito. De hecho, la inmensa mayoría de las denuncias son interpuestas por las asociaciones, no por los agentes. Es un trabajo que se añade al de los rescates, las adopciones, la sensibilización…”, comenta Yaiza Rodríguez, activista por los animales, que como Huella a Huella lucha contra el abandono y el maltrato en las islas.

A esta protectora llegaron en poco espacio de tiempo tres graves casos de maltrato. Se trataba de tres perros, Duque, Linx y Athenea, que habían sido encontrados por separado pero en similares circunstancias: falta de higiene y de condiciones adecuadas y sin haber recibido la más mínima atención sanitaria. De hecho, como consecuencia de sus heridas, la podenca Athenea falleció. Estos tres casos fueron denunciados en marzo de 2016 al Seprona y ante el juzgado de guardia por la protectora. Pese a que pidieron seguimiento del caso a la Guardia Civil, las noticias llegaron antes desde los tribunales, ya que el caso de Duque había avanzado y se iba a juzgar al dueño del terreno donde se fue encontrado el perro por una falta de atención.

Ante la extrañeza de no saber nada del Seprona sobre la marcha de esas tres denuncias, Rivero hizo una solicitud de información en febrero de 2017. Le respondió la sargento jefe Moreno, recién incorporada al servicio tras una baja por maternidad, quien le informó de que esas denuncias no estaban registradas. “Por fortuna teníamos copia de los registros, así que pusimos una queja formal y nos respondieron que iban a depurar responsabilidades”.

Así que Rivero no se extrañó cuando la llamaron a testificar. “Había más protectoras testificando ese día por causas similares, aunque en ese caso, y en presencia de los agentes ante los que había puesto las denuncias, me dijeron que no iba a poder declarar”. Un mes y medio después le pidieron que volviese, solo que en esa ocasión no fue para saber qué había pasado con su denuncia sino para responder sobre otra cuestión: “Me interrogaron sobre por qué había puesto la queja, como si no fuera evidente. Y me insistieron sobre si alguien me había presionado para ponerla, cosa que negué rotundamente”, recuerda la presidenta de la ONG, que en ese momento ya sospecha que se está cuestionando la labor de Gloria Moreno.

El caso King y su impacto en la sociedad canaria

Entre las protectoras que estaban declarando cuando María Rivero tiene que ir por primera vez está la Asociación Protectora de Animales y Plantas Sara. Un año antes habían recibido la llamada de la policía de Haría (en el norte de Lanzarote) para que se hicieran cargo de un perro que acababan de recoger. Una pareja vio cómo dos hombres apaleaban con palos y piedras a un pequeño perro en el Volcán de la Corona. Como el estado del animal era muy grave, avisaron a la Guardia Civil, pues podía tratarse de un delito y no solo de una falta por malos tratos. “Vino el Seprona a abrir diligencias, pero se estancó la investigación”, detalla Obelesa Hernández, de la Junta Directiva de la protectora Sara.

Al perro le llamaron King. Pese a que la ciudadanía se volcó para identificar a los dos maltratadores, no parecía que hubiera novedades en el caso. “No podíamos dejarlo así. Como éramos parte interesada, presentamos una sugerencia para que avanzara la investigación. Había muchos indicios para saber quiénes eran”. Como en el caso anterior, hasta que no se reincorporó Moreno a su puesto no se volvió a poner en marcha el proceso. “La incorporación de Gloria al caso fue fundamental para su resolución”, reconocen desde Sara, donde destacan el enorme impacto que tuvo y sigue teniendo el caso de King en la sociedad canaria.

No solo se acaba de conocer que la sentencia contra sus maltratadores es firme -tres meses de cárcel más una pena de un año y un día de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, así como para la tenencia de los mismos-, sino que puede ser de los primeros casos por maltrato animal donde los condenados pisen la cárcel.

El pasado 2 de agosto la Audiencia Provincial rechazaba el recurso presentado por los condenados para suspender la condena y tendrán que entrar en prisión. Hay otros casos con penas de prisión, pero aún deben ser ratificadas, al ser en todos ellos inferiores a los dos años. Desde la protectora Sara consideran que “llegar al juzgado de lo penal con un caso de maltrato animal ya es un triunfo”, por lo que es importante el mensaje contra la impunidad que se hace llegar a través del cumplimiento de las condenas.

El caso de King -quién logró recuperarse y encontrar una familia, pese a la gravedad de sus heridas- marcó un hito en la sensibilización animal en Canarias porque además de lograr la movilización ciudadana ha estado presente en el debate parlamentario para cambiar la Ley de Bienestar Animal autonómica.

Expedientes en lugar de medallas y condecoraciones

Pese al aparente éxito de las fuerzas de seguridad contra el maltrato animal, la vida de la sargento jefe Moreno empezó a complicarse el verano pasado. En menos de un año ha sido sancionada cinco veces. La primera sanción (leve) se produjo por la queja del director del Centro Isla de La Graciosa “por entender que Gloria no le ha tratado con la consideración debida al preguntar por el destino de gatos cimarrones que habían sido capturados en la citada isla”, explica María Jesús Díaz Veiga, la abogada de la agente. El segundo expediente (leve), un mes después, por “haber incentivado a una ciudadana a poner queja”, en relación a las denuncias no registradas por maltrato animal presentadas por Huella a Huella. El tercero (grave), otro mes después, ya en octubre, por “tramitar denuncias de maltrato presentadas por protectoras durante la baja maternal de Gloria y que estaban en un cajón”. En enero de este año llegó la cuarta (grave), por solicitar copia de las declaraciones prestadas por testigos en otros expedientes. Y la quinta y última (muy grave), por una queja del veterinario de la perrera de Arrecife cuando la agente investiga las denuncias por irregularidades que recaen sobre él.

“De los cinco expedientes que se le abren a Gloria en menos de un año, de dos ha sido absuelta, un tercero ha caducado y ahora estamos a la espera del recurso del cuarto y de que se termine de tramitar el quinto”, resume Díaz Veiga, que destaca la gravedad del último. Se trata de un expediente por el que acaba de cumplir tres meses de suspensión de empleo y sueldo y por el que le piden, si se confirmara, seis meses de cese y que le sea retirada la especialidad durante dos años, lo que supondría separar a la agente de su trabajo en el Seprona.

“Las acusaciones son de una falta de peso total, no se sostienen”, afirma la abogada, que insiste en que el superior de Moreno -el coronel Ricardo Arranz es quien lleva a cabo todos los expedientes junto con el capitán Germán García- da credibilidad completa al denunciante sin investigación previa, llegando a reproducir fragmentos de su denuncia en su parte disciplinario. Un expediente que sigue abierto pese a que el propio denunciante, el veterinario Javier López, ha pedido en los juzgados el archivo de la causa penal contra Moreno, al haberse demostrado que los hechos ocurrieron cuando la agente del Seprona estaba de baja por maternidad.

El último intento de poner en entredicho el trabajo de Gloria Moreno ha llegado esta misma semana, cuando la Fiscalía ha solicitado para ella cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación por supuesta falsedad de documento oficial. Los hechos se remontan a la histórica operación contra el furtivismo de la pardela y a los ilustres denunciados, que aún esperan juicio. “Ella recibió una información referente al guardia Padial, en el sentido de que éste había dado un chivatazo a los pardeleros justo antes de que se fuera a hacer una inspección por el propio Seprona. Moreno tramitó esta información ante el entonces teniente y hoy capitán Germán García y ante el coronel Ricardo Arranz. Sus jefes no dieron importancia a esta denuncia y cerraron la investigación sobre el guardia Padial, circunstancia que éste aprovechó para denunciar a la sargento Moreno ante un juzgado penal de Arrecife por supuesta denuncia falsa. Es esa denuncia lo que ha dado lugar al escrito de acusación de la fiscal conocido ayer”, explicaba Díaz Veiga al día siguiente de conocerse la resolución.

La abogada destaca que Padial -con las siglas M. A. P. O. en los documentos- presentó una denuncia por acoso moral contra Moreno, que ya ha sido archivada, y que solo él podría haber filtrado el expediente de la perrera, pues era quien realizaba labores como jefe del Seprona durante la baja de la agente, “periodo durante el cual no se tramitaron las denuncias presentadas por los ciudadanos, teniendo que hacerse cargo de ellas la sargento Moreno a su vuelta tras el parto”. La abogada también subraya que la celeridad con la que se ha llevado hasta ahora el proceso parece haber cambiado de ritmo tras el anuncio del Tribunal Militar -que asegura que se vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia de Gloria Moreno-, sumado a las muestras de apoyo que se han dado en favor de la agente.

Cabe destacar que la falta que se le achaca a Moreno para su cese es ‘abuso de atribuciones’. “Ella no ha hecho nada que sobrepase sus funciones”, declara Díaz Viega, quien explica que el tipo de infracción de la que le acusan es el mismo que cuando un agente pide dinero a un conductor a cambio de quitarle una multa, o los casos de guardias civiles que han obligado a mujeres en prostíbulos a realizarles determinados servicios valiéndose de su autoridad. Preguntada sobre el presunto acoso y si considera que el género de la agente tiene algo que ver, la abogada responde afirmativamente: “En la Guardia Civil se espera obediencia, una actitud atribuida a las mujeres. Si una mujer no cumple obediencia, las consecuencias son más graves”.

En este sentido también se han manifestado asociaciones de mujeres como el Foro Contra la Violencia de Género y la Plataforma Feminista 8 de Marzo, ambas de Lanzarote, quienes en un comunicado han señalado que “el delito y las irregularidades para sus superiores es ser mujer, honesta, profesional, responsable con su trabajo y ejercer sus funciones de defensa del medio ambiente y lucha contra el maltrato animal (...) Sabemos que ser mujer en la Guardia Civil es trabajar en arenas movedizas, en las que te hundes si tu trabajo no gusta a la orden superior, y si cumpliendo con tu deber pones de manifiesto la pasividad con que hasta esa fecha han venido actuando los organismos y las administraciones obligadas a garantizar respeto con el medio ambiente en Lanzarote”.

Firmas y cartas pidiendo justicia para la agente Moreno

La sargento jefe del Seprona ha visto cómo su caso ha recibido numerosos apoyos, como la recogida de firmas que se lanzó en Change.org desde la plataforma Justicia para Gloria, que ya supera las 135.000 firmas y que está formada por numerosas asociaciones animalistas, ecologistas, de vecinos y culturales, entre otras. Además, un grupo de activistas ha recorrido despachos y oficinas en busca de explicaciones, desde la Jefatura General del Seprona, pasando por la Dirección General de la Guardia Civil y el Defensor del Pueblo, hasta llegar a los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como al del Interior. “Hemos enviado una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska”, comenta Teresa García Rodríguez, de la asociación PRODA (Profesionales para la Defensa Animal), quien ha logrado que el senador Joan Camorera presente una pregunta sobre el caso en la Cámara Alta y ha hecho lo propio en el Congreso con el diputado Manuel Marrero (ambos de En Comú Podem), junto a escritos a todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja.

Desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA) también se lamentan de que el Gobierno no haya respondido a las preguntas del senador Camorera y se haya limitado a indicar que “actualmente se encuentra en fase de instrucción el Expediente Disciplinario interesado, a fin de depurar las posibles responsabilidades que pudieran existir, considerando los principios inspiradores del procedimiento administrativo abierto según versa el artículo 38 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil”. Los últimos en pronunciarse, el pasado sábado, fueron los responsables de la ONG ecologista Greenpeace, que piden que se investigue “en profundidad el posible acoso a la sargento Moreno como consecuencia de su labor de protección del la naturaleza”.

Al margen de la situación judicial de la agente, los activistas canarios en defensa de los animales están preocupados por el mensaje de impunidad que se envía y por la aparente parálisis de estos meses en los casos abiertos y en los nuevos. “Es increíble que nadie investigue lo que ella está denunciando. Solo la sancionan porque lo dice su superior”, comenta Teresa García Rodríguez, que no entiende “cómo se puede sancionar y luego investigar”, en referencia al tiempo que ya ha estado la agente suspendida sin estar ratificados los últimos dos expedientes. “Si ya es difícil que un agente venga cuando se le llama, que haga un informe y que incluso declare en un juicio, con todo esto ya no va a venir nadie cuando llamemos”, se lamenta Teresa.

Entre esos casos pendientes de investigar o de llevar ante la justicia están los presuntos sacrificios irregulares de la perrera de Arrecife (de donde también se denuncia el traslado de 300 cachorros a Alemania, “entregados a una pareja que no tiene protectora, asociación ni nada, solo se dedican a sacarlos de la isla”, según denuncia Podemos); el caso de Tarro Canelo (que afecta a aves protegidas); las denuncias de maltrato animal por parte de particulares; los zulos de podencos encontrados en Los Realejos; los abandonos que se presuponen cuando acabe la temporada de caza (que empezó el pasado 5 de agosto); las peleas de perros que se siguen produciendo pese a la prohibición...

Además de la batalla de los animalistas por aprobar una nueva ley de protección animal, ya que Canarias fue la primera comunidad autónoma en prohibir las corridas de toros o el tiro al pichón pero aún mantiene las peleas de gallos como una actividad legal y está a la cabeza del maltrato animal en el Estado español.

“Antes, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) casi nunca venía cuando se le llamaba. Y si venía, llegaban a un acuerdo con el dueño del perro maltratado. Compadreo, le llamamos aquí”. Así explica María Rivero, presidenta de la protectora Huella a Huella, la realidad a la que se enfrentan muchas asociaciones. Las protectoras venían a cubrir el trabajo que deberían hacer los ayuntamientos de recoger y buscar adopciones a los animales abandonados, pero estaban muy desanimadas cuando se trataba de denunciar malos tratos. Lo mismo ocurría en el plano medioambiental. Aunque organizaciones ecologistas, ciudadanos particulares, fundaciones -como la César Manrique- e incluso diputados canarios advertían de que la caza ilegal de la pardela se seguía produciendo pese a ser un ave altamente protegida, hasta 2015 no se realizó una gran operación policial que acabó con 19 detenidos en una de las islas del archipiélago de Chinijo (Espacio Natural Protegido al norte de Lanzarote).

Los detenidos son miembros de las clases privilegiadas lanzaroteñas, así como de otras islas: empresarios, propietarios de gasolineras y apartamentos turísticos, médicos e incluso un agente de la Policía Nacional. No generó sorpresa en el archipiélago, ya que en los años 90 el propio ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, fue sorprendido cazando y asando las pardelas en un islote. Se trata de una tradición muy arraigada en las altas esferas por su supuesta 'calidad culinaria', y que muchos se niegan a dejar de realizar. Un ambiente complicado que en 1996 provocó que dimitieran los cuatro guardias forestales que vigilaban la zona, ante la imposibilidad de hacer su trabajo por la permisividad oficial que existe con el furtivismo.