España, donde se mata lobos para cazar votos

Sobre el lobo ibérico corren ríos de tinta. Desde antiguo ha sido objeto tanto de veneración como de persecución. Quizá sea el animal que mejor represente la libertad y la lucha por la supervivencia frente a la dominación humana. Su conservación se presenta como un gran reto para las generaciones futuras. En su defensa cuenta cada vez con más aliados pero también con poderosos e intrincados intereses que lo quieren muerto, extinto o cautivo y exhibido como vergonzante atracción turística.

Para identificar adecuadamente el problema hay que conocer qué se esconde tras la decisión política de matar lobos, qué intereses anidan y confluyen en nuestro país con el objetivo común de diezmar la población de lobos.

No entraré en las razones que han llevado desde antaño a buena parte de la población rural a focalizar todos sus males en un animal salvaje al cual debemos la riqueza, la “salud” y el equilibrio de nuestros cada vez más reducidos espacios naturales. Existen sin duda razones sociológicas y culturales dignas de estudio; sin embargo, no resultan novedosas ni aisladas. Para el ser humano existe una arraigada creencia conforme a la cual los animales salvajes entran en competición directa con los intereses humanos y, por ello, son considerados “alimañas”, animales dañinos que hay que exterminar o cuanto menos, mantener a raya. No debemos olvidar que hasta hace relativamente poco en España existían por orden de los Ministerios de Agricultura las llamadas Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza, cuyo cometido, por obvio, no necesita ser explicado. Hoy en día, la figura del alimañero, lejos de desaparecer, se está volviendo a potenciar en determinadas regiones como en Castilla y León, donde es reconocido mutatis mutandis por la vigente Ley 4/96 de Caza de Castilla y León bajo el eufemismo de “Especialista en Control de Predadores”.

Desde esta perspectiva antropocéntrica, en la que todo gira en torno a los intereses exclusivamente humanos y en la que los demás animales están supeditados a ellos, queda patente que la posición de jerarquía que ocupan los lobos en la cadena trófica los convierte ipso facto en enemigo público número uno. Cuando se parte de esta visión que no deja de ser el germen del especismo más primitivo, de poco sirven los mil y un argumentos que se pueda esgrimir para defender la coexistencia o la necesidad de su conservación.

No es menos cierto que, al margen de la posición que cada animal ocupe dentro del ecosistema, cada individuo tiene valor moral por sí mismo, existe por sus propias razones, por lo que ha de ser respetado sin que ello pueda hacerse depender de si favorece o perjudica los intereses de determinados empresarios. Una vez aclarado esto, tampoco podemos dejar de lado que, sin duda, el lobo cumple un papel esencial al mantener el equilibrio natural de nuestros montes, evitando que proliferen enfermedades entre otros animales salvajes, ya que el lobo atacará siempre para subsistir a aquellos individuos enfermos o debilitados, favoreciendo con ello el equilibrio y la selección natural de los animales más sanos y fuertes.

Una vez recordada la herencia que arrastramos, quizá cueste poco entender por qué determinados colectivos ven en el lobo a un enemigo o un competidor: así sucede con buena parte de los ganaderos y del gran lobby de la caza (que no sólo incluye a los cazadores sino también a los grandes empresarios del sector cinegético). Mientras los ganaderos creen que el lobo es el responsable de los ataques a los animales que explotan, el lobby de la caza no está dispuesto a perder “piezas” que cobrarse, ni poder, ni desde luego el dinero invertido en el sector y del que esperan obtener beneficios.

Aunque el planteamiento parezca sencillo y las posiciones claras, lo cierto es que el mundo es hoy más complejo y menos bucólico de lo que era en la época de nuestros abuelos. Ahora están en juego las luchas de poder, la encarnizada defensa de intereses económicos, la presencia y representación en Consejos, Juntas y demás órganos colegiados de naturaleza pública que existen por toda la geografía nacional y en los que están fuertemente representados estos dos colectivos. Es de resaltar que precisamente en ellos, a pesar de que se decide sobre la vida y la muerte de miles de animales, no existe hasta la fecha representación animalista alguna y los colectivos ecologistas representados están en clamorosa minoría.

Por el contrario, en el panorama actual tienen especial trascendencia los llamados lobbies o grupos de presión que representan los intereses de estos colectivos, que han declarado la guerra a todo animal que se escape a la hegemonía humana e interfiera en sus planes estratégicos. Tal es la presión e influencia que ejercen sobre los cargos públicos con capacidad de decisión sobre esta materia que tenemos el mejor ejemplo de ello en la política nacional con la figura del anterior Ministro de Medio Ambiente y Ganadería (todo en uno), Miguel Arias Cañete, quien se ha convertido en el mejor aliado para que el lobo pierda la protección jurídica que posee como especie de interés comunitario en Europa. No olvidemos que el ex ministro viajó hasta en dos ocasiones, que se sepan, a Bruselas con el objetivo de lograr una reforma del derecho comunitario en relación con los lobos y conseguir que en toda España los puedan matar libremente y por deporte. Y no contento con ello, convirtió la caza del lobo y la eliminación de su protección en una de sus principales bazas electorales en las pasadas elecciones europeas.

Y si el entramado de poder e intereses en torno al lobo es complejo, el estatus legal del lobo en España tampoco es sencillo. Por un lado, tanto la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como la ley que la transpone en España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, catalogan al lobo (Canis lupus signatus) como Especie de Interés Comunitario. Por otro lado, hay que recordar que esta protección tendrá distinto alcance según las poblaciones de lobo estén situadas al norte o al sur del río Duero. De este modo los lobos que vivan al sur del Duero, al ser poblaciones que la acción humana ha llevado prácticamente al borde de la extinción, son incluidos en los Anexos II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren protección estricta). Los lobos al norte del Duero se encuadran dentro del Anexo V y son considerados especies animales de interés comunitario que pueden ser objeto de medidas de gestión.

Esta fragmentación en la protección del lobo se traduce en que aunque al sur del Duero no puede ser objeto de caza ni de medidas de control, tampoco se han llevado a cabo programas de recuperación, lo cual es como dejar que ellos solos se extingan por el aislamiento y la consanguinidad. Al norte del Duero la situación se hace aún más alambicada y menos alentadora. En cada una de las Comunidades Autónomas con asentamientos más o menos estables de lobos, dentro de sus competencias, deciden las “medidas de control” a las que someten al lobo y ello lo llevan a cabo considerándolo o no especie cinegética y así nos encontramos con el siguiente reino de taifas lobero:

En Galicia, Castilla y León, Cantabria, Euskadi y La Rioja el lobo es considerado especie cinegética y por tanto susceptible de ser cazado legalmente siguiendo los requisitos que administrativamente dispongan. Cada año fijan los cupos y los períodos hábiles de caza del lobo. En Cataluña, pese a considerarse en peligro de extinción en el Proyecto de Decreto del Catálogo de Fauna Amenazada de Cataluña, no existe plan de recuperación.

La situación en Asturias merece una mención especial. En esta Comunidad Autónoma a pesar de no ser considerada especie cinegética, la situación demuestra estar muy lejos de ser idílica, pues se aprueban programas de control de población que autorizan matanzas de lobo, sin respetar la época de cría ni los espacios protegidos, y todo ello tanto en Parques Naturales como incluso en el Parque Nacional de los Picos de Europa. También se matan lobos adultos para robar las crías y mantenerlas en cautividad y se llevan a cabo las controvertidas y de dudosa legalidad erradicaciones de poblaciones locales, decretando las llamadas “zonas libres de lobos”. Tal es la magnitud de la animadversión a este animal que el año pasado el Principado autorizó la muerte de 90 lobos y ha firmado la pena de muerte de 50 lobos más para el año actual.

Además, el gobierno asturiano ha elaborado un nuevo texto del Plan de Gestión del Lobo, al que el Observatorio Justicia y Defensa Animal presentó alegaciones y que, al igual que sucede con el texto del Plan del Lobo precedente, parece haber sido elaborado como un mero instrumento legal que sirva, no para proteger la conservación del lobo o para disminuir el grado de animosidad que existe hacia este animal en determinadas zonas rurales, sino para llevar a cabo las batidas “a demanda” y bajo la apariencia de legalidad. Entre las novedades que incorpora el texto, destacan, por lo dañinas que serán, la previsión de que en las matanzas participen cazadores locales y que se haya establecido como objetivo principal la “erradicación de perros” que vaguen por los montes asturianos, sin contar para tal fin con presupuesto económico alguno que permita llevar a cabo la captura humanitaria de esos perros, que no son más que otras víctimas del abandono, del maltrato humano y de la desidia de las Administraciones. Hay que recordar que el mandato legal obliga a capturar vivos a los perros, y a que su captura se lleve a cabo con medios no crueles y por personal especializado en rescates. Es de resaltar que, sin embargo, ya tienen fijado ex ante el presupuesto de un millón de euros para indemnizar a los ganaderos por los supuestos daños que les causen los lobos. Cobro de daños que, por cierto, está siendo investigado por la Fiscalía, al objeto de determinar si hay responsabilidad penal en un presunto fraude que afectaría a más de 300 ganaderos que supuestamente se habrían enriquecido ilícitamente con el cobro de esos daños.

En Asturias el malestar social por esta difícil situación no para de crecer y ha llevado a que más de una docena de colectivos animalistas y conservacionistas se hayan unido y trabajen conjuntamente para hacerle frente. Dentro de esas acciones llevadas a cabo en defensa del lobo destaca que el Observatorio Justicia y Defensa Animal lleve ya recogidos más de 110.000 apoyos que se oponen a las matanzas. En esa misma dirección el Observatorio también ha mantenido reuniones tanto en Bruselas con el Comisario Europeo de MedioAmbiente, Janez Potocnik, como con el Ejecutivo asturiano, para informarles del creciente malestar social que sus políticas están generando y del auge sin precedentes del movimiento en defensa del lobo en la región. La recogida de firmas seguirá abierta mientras esta situación se mantenga.

Como resumen final que nos permite alcanzar una idea global de cuál es la delicada situación por la que pasa la supervivencia de este animal en nuestro país y de los múltiples intereses que se mueven en su contra, se puede decir que no resulta tolerable que la ciudadanía permanezca impasible mientras desde los despachos se estén cocinando, al dictado de determinados colectivos, nefastas políticas que se ejecutan comprometiendo la conservación de un animal que, según las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), está catalogado como “casi amenazado” e incluido en el Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España.

Que las generaciones futuras puedan contar con el privilegio de compartir territorio con los lobos y no se vean abocadas a saber de ellos sólo a través de los libros, es una gran responsabilidad del presente y una ardua batalla que debemos seguir librando las ONG's animalistas y conservacionistas desde los planteamientos compartidos y contando con el apoyo e implicación de toda la sociedad. Juntos debemos tener la valentía de plantar cara a la necedad y exigir con firmeza a los poderes públicos y políticos en España respeto y contundencia en la protección de los animales en general y del lobo en particular.

Sobre el lobo ibérico corren ríos de tinta. Desde antiguo ha sido objeto tanto de veneración como de persecución. Quizá sea el animal que mejor represente la libertad y la lucha por la supervivencia frente a la dominación humana. Su conservación se presenta como un gran reto para las generaciones futuras. En su defensa cuenta cada vez con más aliados pero también con poderosos e intrincados intereses que lo quieren muerto, extinto o cautivo y exhibido como vergonzante atracción turística.

Para identificar adecuadamente el problema hay que conocer qué se esconde tras la decisión política de matar lobos, qué intereses anidan y confluyen en nuestro país con el objetivo común de diezmar la población de lobos.