El caballo de Nietzsche es el espacio en eldiario.es para los derechos animales, permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa. Porque los animales no humanos no son objetos sino individuos que sienten, como el caballo al que Nietzsche se abrazó llorando.
Editamos Ruth Toledano, Concha López y Lucía Arana (RRSS).
El 21 de octubre de 2001 un hombre encarcelado en la prisión de Long Lartin, en Reino Unido, retaba al Gobierno británico comenzando su tercera huelga de hambre. Cumplía una condena de dieciocho años de cárcel por causar daños valorados en 5,8 millones de libras en incendios provocados en protesta contra la experimentación animal. Más allá de los daños materiales, nadie salió herido; sin embargo, su condena a modo ejemplarizante serviría de escarmiento para un movimiento que llevaba años perdiendo el miedo y que manifestaba su rechazo a la explotación animal con la acción directa.
Antes de todo esto, y mientras este hombre esperaba a ser juzgado, en 1997 Tony Blair ganaba las elecciones generales con una gran mayoría que no se conseguía desde 1974. Una victoria histórica para el Partido Laborista que se fraguó con muchas promesas y propuestas en plena campaña electoral contra el Gobierno conservador.
En la contienda electoral, el laborista Blair se comprometió a crear una comisión que examinaría el uso de animales en la experimentación científica y la situación en la que estos se encontraban, además de realizar una consulta popular en relación con las prácticas de estudio de los órganos en animales vivos, una práctica conocida como vivisección.
Quizá, visto ahora, pueda parecernos una quimera, pero para entender este escenario hay que remontarse a mediados de los años 90, cuando el discurso y las acciones de los movimientos animalistas y del Frente de Liberación Animal habían calado en gran parte de la sociedad británica. Consciente de ello, el Partido Laborista supo aprovechar la coyuntura social para vender su promesa, llegando a distribuir propaganda electoral comprometiéndose a ofrecer una “nueva vida para los animales”.
Mientras que por un lado los políticos hacían promesas, por otro tachaban de terroristas a activistas como Barry Horne. Él fue quien, cansado de esperar años desde su celda a que las promesas del Gobierno se materializaran, decidió comenzar varias huelgas de hambre que no cesaron hasta fallecer. Horne intentó hasta el final que los políticos cumplieran su palabra, pero su riñón falló, y el 5 de noviembre de 2001 su cuerpo no pudo aguantar los casi 150 días que acumulaba de huelgas de hambre.
Han pasado 21 años desde aquel fatídico día y el legado que ha dejado Barry es el compromiso y la inspiración para seguir en la lucha por la liberación animal. Su muerte supuso un cambio para el activismo. Sin embargo, para los políticos no ha cambiado nada. Sus mentiras y promesas son incumplidas en cualquier campaña electoral y siguen a la orden del día en cada sesión parlamentaria. Son el modus operandi de cualquier democracia.
Toda esta historia de Barry Horne con el Gobierno británico debería servirnos para aprender una lección: los políticos mienten mientras los animales siguen muriendo.
Tras la publicación de las imágenes obtenidas en el laboratorio Vivotecnia por Carlota Saorsa, la avalancha de declaraciones institucionales no tardó en desmarcase del horror destapado. Instituciones públicas mostraron su rechazo y organismos políticos cesaron rápidamente la actividad al laboratorio, todo en medio de un clima electoral donde las promesas y las buenas intenciones primaban para satisfacer al posible votante que clamaba justicia.
¿Qué pasó después?, ¿dónde han quedado las promesas?, ¿qué ha pasado con los animales? Durante los primeros meses tras destaparse el horror de los animales en el laboratorio, un cruce de misivas entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 nos hicieron partícipes de un baile de mentiras que nada tienen que envidiar a las del Gobierno británico. Tras la muerte de Barry, la reacción del Gobierno laborista se basó en desmarcarse de los acercamientos y negociaciones, siendo el ministro George Howarth quien tildó al activista de chantajista con las huelgas de hambre que había realizado.
En el caso Vivotecnia tenemos por un lado al Gobierno autonómico de Madrid que a las pocas horas de la publicación de las imágenes condenaba lo sucedido, pero que con el paso de los días se diluyó en la ambigüedad de una niebla informativa donde decía estar tutelando a los animales con veterinarios in situ, pero sin esclarecer a qué entidad pertenecían y si se trataba de empleados de la CAM o subcontratados para la ocasión. Por otro lado, Sergio García Torres, el Director General de Derechos Animales, afirmaba a las puertas del laboratorio que los animales saldrían en los próximos días, que estaban trabajando en coordinación con el resto de los organismos públicos, en este caso CAM y SEPRONA, y que era cuestión de tiempo. Por último, tenemos a los cuerpos de seguridad del SEPRONA, que en las primeras horas del escándalo se mostraban más empeñados en dar con la persona que había grabado los vídeos que en proteger y custodiar a los animales.
Al otro lado, la ciudadanía consternada por el horror de las imágenes clavadas en las retinas y las activistas a las puertas del laboratorio creímos con todas nuestras fuerzas que los animales saldrían de Vivotecnia. Los transportines aguardaban a las puertas del laboratorio, y las urnas estaban a la vuelta de la esquina. El 4 de mayo se celebraron elecciones a la Comunidad de Madrid, en un clima donde la pandemia se pasaba a golpe de terraza y solo se gritaba libertad. Paradójico que el lema de campaña de Ayuso fuese precisamente esa palabra que tanto ansiaban los animales del laboratorio de Tres Cantos.
Tirando de hemeroteca, recordamos como el 13 de abril de 2021, cinco días después de la publicación de las imágenes de Carlota Saorsa por Cruelty Free International, la Comunidad de Madrid afirmaba contemplar el traslado de los animales a centros de acogida para su posterior adopción. Un día antes, el 12 de abril de 2021, el Director General de Derechos Animales decía en los informativos de Antena 3 que a partir de ese mismo día había en marcha un mecanismo de coordinación entre las diferentes administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, el SEPRONA y la Dirección General de Derechos de los Animales, para dar a los animales que permanecían en Vivotecnia una ubicación de protección, prometiendo que a lo largo de los próximos días saldrían de allí. Desde las redes sociales del partido Podemos Madrid, no tardaron en colgarse la medalla con la publicación de un texto que, además de agradecer el trabajo realizado a Sergio García Torres, resolvía el caso con las siguientes palabras: “La presión ha llevado a la clausura de las instalaciones y al traslado de los animales a centros de protección animal”.
Palabras que, además de ser mentira, todavía resuenan en un imaginario colectivo difícil de borrar. Cuando las activistas salen a la calle pidiendo la libertad de los animales de Vivotecnia, la respuesta de la gente suele ser de desconcierto, ya que la gran mayoría piensa que este es ya un tema resuelto. Ayuso ganó las elecciones, y con el tiempo hemos sabido que, aunque Vivotecnia, en suspensión de actividad, no podía acceder a nuevos contratos, los experimentos en curso nunca se detuvieron. Además, Vivotecnia volvió a presentarse a concurso público en mayo, justo a tiempo para cuando la Comunidad de Madrid levantó la suspensión en junio, alegando que la empresa ya había puesto cartas en el asunto, a pesar de seguir en pleno proceso judicial con todas las acusaciones sin resolver.
Como bien explica Lucia Arana en su artículo en El Caballo de Nietzsche Defender lo indefendible: “La ”preocupación“ inicial parece haberse diluido y allí siguen trabajando prácticamente las mismas personas, que siguen realizando los mismos procesos. No se trata de evitar el mal, se trata de defenderlo y de ocultarlo para que no se vuelva a filtrar”.
Qué podemos esperar de un laboratorio que manipula los resultados en los estudios realizados, o de una comunidad científica que criminaliza a quien denuncia el maltrato animal en lugar de apostar por una investigación sin el uso de animales. Qué más podemos pedir a políticos que nunca cumplen su palabra. Solo quedan sus mentiras frente al compromiso de seguir luchando por los demás animales.
El 21 de octubre de 2001 un hombre encarcelado en la prisión de Long Lartin, en Reino Unido, retaba al Gobierno británico comenzando su tercera huelga de hambre. Cumplía una condena de dieciocho años de cárcel por causar daños valorados en 5,8 millones de libras en incendios provocados en protesta contra la experimentación animal. Más allá de los daños materiales, nadie salió herido; sin embargo, su condena a modo ejemplarizante serviría de escarmiento para un movimiento que llevaba años perdiendo el miedo y que manifestaba su rechazo a la explotación animal con la acción directa.
Antes de todo esto, y mientras este hombre esperaba a ser juzgado, en 1997 Tony Blair ganaba las elecciones generales con una gran mayoría que no se conseguía desde 1974. Una victoria histórica para el Partido Laborista que se fraguó con muchas promesas y propuestas en plena campaña electoral contra el Gobierno conservador.