Alternativas a los CIE: cerca de 1.000 personas alojadas en espacios gestionados por ONG

Privadas de libertad bajo supervisión de la Policía Nacional. Esta es la realidad a la que se enfrentan las personas en Canarias que, tras cruzar la ruta migratoria a bordo de una patera o un cayuco y llegar a las Islas, son encerradas en un centro de internamiento de extranjeros (CIE). Al estar el de Hoya Fría (Tenerife) y el de Barranco Seco (Gran Canaria), casi al máximo de su capacidad, las administraciones se han visto forzadas a adoptar medidas alternativas al internamiento, cediendo una decena de espacios a las ONG para prestar atención humanitaria a cerca de 1.000 personas, sin contabilizar los menores (si bien este dato oscila continuamente en función de las llegadas, las deportaciones, las derivaciones a otras comunidades autónomas o las decisiones personales de los migrantes.)

Desde 2019 hasta la actualidad, han alcanzado las costas de Canarias más de 3.000 personas que atravesaron la ruta migratoria en más de 140 embarcaciones, según la Delegación del Gobierno.

Antonio Rico, presidente de Cruz Roja en el Archipiélago, considera que atender a las personas migrantes en un “régimen abierto”, que posibilite la libertad de movimiento, es “ideal”, como a su juicio ha puesto de manifiesto esta realidad migratoria en las Islas. “Se ha demostrado que han colaborado y no hay ningún tipo de problema; no hay ninguna causa que requiera su internamiento”.

Y Juan Carlos Lorenzo, delegado de CEAR en el Archipiélago, considera que esta realidad ha generado que, “ante la ausencia de plazas en los CIE, la acogida humanitaria de emergencia está funcionando como dispositivo de acogida”.

Las personas en situación administrativa irregular que procedan de países extracomunitarios pueden ser encerradas en los CIE un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión, algo que se efectúa en un porcentaje muy bajo pues, entre otras razones, solo se puede llevar a cabo si España mantiene acuerdos de repatriación con sus países de origen.

Con todas las plazas de los CIE ocupadas, estos meses las personas migrantes han pasado al programa de atención humanitaria de emergencia del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, gestionado por ONG, de entre dos y tres meses de duración, que presta una atención “puntual” y con plazas se han ido habilitando de forma improvisada en función de la llegada de personas.

La mayoría de los espacios habilitados en función de este programa en Canarias los gestiona Cruz Roja: en Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno estatal cedió la Casa del Marino, que acoge a 200 personas; en San Bartolomé de Tirajana, el ayuntamiento facilitó un albergue en Tunte (120 personas); en Moya, el consistorio habilitó el albergue del Corvo (40 personas), un espacio en el que se suelen alojar senderistas y que fue un colegio durante la dictadura franquista; en la capital de Fuerteventura, un albergue en Tefía (140 personas) y en Tenerife, otro albergue en Garachico (120 personas).

Además, el presidente de Cruz Roja, Antonio Rico, ha explicado que también se han habilitado “hostales y centros turísticos” para evitar que las personas migrantes se queden en la calle, como sucedió en octubre en la capital grancanaria y en noviembre en Maspalomas, al sur de la Isla, poniendo de relieve la descoordinación e improvisación con la que se ha actuado ante la realidad migratoria, que experimentó un aumento del tráfico de pateras a las Islas a partir de septiembre de 2019, cuando solo estaba activo el CIE de Hoya Fría (en Tenerife), pues el de Barranco Seco (Gran Canaria) reabrió de forma parcial en noviembre. Una ONG que visitó sus instalaciones un mes después constató que los internos sólo disponían de una muda de ropa, no podían comunicarse por teléfono ni tenían asistencia letrada.

El Ministerio del Interior ha informado que actualmente el CIE de Gran Canaria cuenta con 100 plazas y están todas ocupadas y en el de Tenerife, con 238 plazas, hay internadas 215 personas.

800 personas

Aproximadamente, Cruz Roja presta atención humanitaria de emergencia a unas 800 personas, pero Rico ha reclamado al Ejecutivo regional más plazas, sobre todo en Fuerteventura, donde el Ejército ha habilitado casetas militares. “Seguirán llegando más personas y con las que hay no es suficiente”.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado que desde que remitiera en noviembre un oficio a diferentes administraciones para que, en la medida de sus posibilidades, ofrecieran espacios al ministerio para alojamientos, las instituciones que se han ofrecido a colaborar han sido los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Garachico (Tenerife); Frontera (El Hierro); Vallehermoso y Valle Gran Rey (La Gomera); Hospitalito de Ampuyenta (Fuerteventura); Las Palmas de Gran Canaria, Firgas, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Artenara, Teror, Arucas, Ingenio y Valsequillo (Gran Canaria). Además del Gobierno estatal, el regional y el Cabildo de Fuerteventura.

Sin embargo, Rico explica que los espacios que le han ofrecido a Cruz Roja para aumentar el número de plazas de atención humanitaria en las Islas y sumarse a los ya existentes “no son adecuados” al no reunir un “mínimo de condiciones”. “Lo ideal son colegios o infraestructuras deportivas”, asegura.

También Cáritas gestiona el centro de Protección Civil de El Polvorín, cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha acogido a 66 personas; la Misión Cristiana Moderna atiende una veintena en un albergue en Fuerteventura. Y CEAR acoge 78 personas, dentro del programa de atención humanitaria integral, de tres meses de duración (ampliable a seis) que está destinado a aquellas personas en “situación de vulnerabilidad” a causa del deterioro físico, la carencia de apoyos sociales o familiares, además de la falta de medios económicos. Según el Gobierno central, no solo se debe facilitar una atención integral de las necesidades básicas, también ha de incluir el aprendizaje del idioma, orientación o formación que favorezca su integración.

Lo que ocurre después de la acogida en la atención humanitaria de emergencia en Canarias, Rico no lo sabe. “Estamos llegando al límite” de tiempo establecido para acoger a las personas migrantes en determinados espacios, y supone que el Ministerio podrá ampliarlo “a seis meses”. Y “lo normal” es que, si no pueden ser repatriadas, estas personas entren en el “sistema de atención integral” si no tienen familiares o amigos que puedan ayudarle en este sentido. Cruz Roja cuenta con 8 plazas de atención humanitaria integral en Tenerife y otras 8 en La Palma, pero Rico asegura que se ampliarán a 120. Pero la decisión compete al Gobierno central.

Mejorar la coordinación

Sin embargo, el delegado de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha explicado que muchas de las personas que pasan a formar parte del programa de atención humanitaria integral acaban abandonándolo porque conciben Canarias como un lugar de paso en su tránsito migratorio.

Pero, en general, Lorenzo estima que “se ha reforzado la coordinación entre entidades sociales y administraciones para ofrecer una respuesta más garantista” y Rico concluye que “dentro de lo razonable, ha sido aceptable”, aunque, reconoce, “siempre se puede mejorar”.

En este sentido, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reconocido que la coordinación entre administraciones “se puede mejorar” y, para ello, ha anunciado que celebrará antes de que finalice enero para tratar esta situación una cumbre junto al Ministerio de Interior y de Seguridad Social, Inclusión y Migración, la Fecam, la Fecai y colectivos sociales que atienden a los migrantes.

Tras un Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife el pasado 16 de enero, Pérez reclamó “compromiso” a todas las administraciones para dar una respuesta adecuada a la llegada de los migrantes, entre las que destaca el aumento de medios y recursos materiales, los acuerdos de derivación con otras comunidades autónomas o el aumento de los fondos para desarrollo en África.

Aunque el Ejecutivo regional aboga por mejorar la acogida de las personas que llegan, también considera que para hacer frente a esta realidad se deben agilizar las expulsiones, frenar las migraciones en origen o reabrir el CIE de El Matorral (Fuerteventura). En este sentido, obtuvo el pasado 8 de enero el compromiso del Gobierno central para llevar a cabo estas peticiones, aunque el Ministerio de Interior matizó que primero valorará el estado de la infraestructura en la isla majorera, que cerró en 2018 porque sus condiciones no se adaptaban a la normativa. Cabe recordar que desde 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy gastó, al menos, 4 millones de euros en servicios como limpieza o alimentación a pesar de que entre sus muros no se encerró a ninguna persona.