Fatou (nombre ficticio), marfileña de 18 años, convivía con al menos 182 personas hasta el pasado mes de junio en un espacio de acogida de Tenerife gestionado por la Cruz Roja, que había funcionado en años anteriores como prisión. Ella y una mujer embarazada fueron expulsadas del establecimiento. Según la ONG, “se saltaron las normas de manera reiterada” al introducir alimentos del exterior en las habitaciones, “con la consecuente aparición de plagas de insectos y roedores” y “desestabilizaban la convivencia”. “El centro es grande, tiene 185 plazas. En él conviven niños, mujeres y hombres. No es fácil”, reconoció entonces la entidad. Las dos mujeres que abandonaron el espacio y otra que permaneció en él se vieron obligadas a comprar comida en supermercados para satisfacer sus necesidades porque “Cruz Roja no las atendía”: “Cogemos la ropa de la basura, cuando estamos enfermas no nos dan medicamentos. Ni siquiera tenemos pasta de dientes. Tampoco entendemos lo que nos dicen en español”, comentaron en una conversación en francés con esta redacción.
Cruz Roja insiste en que la entidad se preocupó de garantizar que ambas contaran con redes de apoyo antes de salir del centro. “Se adelantó la reagrupación familiar”. Fatou asegura que pidió que no se le expulsara: “Soy una mujer ¿Qué hago si me violan?”. Pasó a vivir con un hombre. “No lo conocía. Es africano. Mi abogado le dijo que yo no sabía a dónde ir y él dijo que podía acogerme. Me trata bien”. Por su parte, la mujer embarazada asegura haber quedado en la calle sin nada, con la única voluntad de poder viajar a la Península. El “colapso continuado” de las plazas de acogida de las Islas, provocado por la falta de previsión ante las llegadas de pateras, el bloqueo en los traslados a la Península desde el Archipiélago y la ausencia de espacios habilitados, han mermado la calidad de los centros. En declaraciones recogidas por elDiario.es, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaban que la ocupación del sistema de acogida de las Islas se aproximaba al 100%. La Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC) sostiene que se están generando “problemas de todo tipo”, en especial sanitarios, psicológicos y sociales.
El pasado mes de agosto, el colectivo Caminando Fronteras también denunció las condiciones “degradantes” de un espacio de acogida en Lanzarote. En un vídeo, varias mujeres afirmaban vivir desde hace dos meses sin agua corriente (salvo en las duchas) y con un solo baño para un centenar de personas. También lamentaban no tener conexión a internet para comunicarse con sus familias. En Gran Canaria, la nave del Puerto de Las Palmas habilitada para la filiación policial también ha levantado críticas entre las organizaciones especializadas y las autoridades. “En la nave hay unos 70 migrantes que llevan unos diez días en libertad, pero siguen bajo custodia policial. El fuerte calor que hay en su interior está haciendo que se alteren. Sin duchas, comiendo comida para detenidos que no pueden estar más de 72 horas ahí”, declararon fuentes policiales a este medio ell miércoles 2 de septiembre. Esa misma tarde, una guagua amarilla se llevó a un grupo de migrantes del establecimiento. Sobre las condiciones de la nave, la Delegación del Gobierno en Canarias explicó que “se ha estado trabajando para ir mejorando las condiciones del espacio, teniendo en cuenta que está pensado para el trámite policial de como máximo 72 horas”.
El doctor Martín Castillo, que atiende a personas migrantes en Gran Canaria, explica que a las secuelas propias de pasar varios días a la deriva en una patera (traumatismos, deshidratación o úlceras de presión por pasar mucho tiempo sin moverse) se suman las consecuencias psicológicas de inadaptación social y anulación de la cultura. En el caso de las mujeres, en muchas ocasiones son sometidas a vejaciones durante el trayecto. El pediatra subraya la capacidad de adaptación de los menores, que pese a huir de guerras, como es el caso de los malienses, y de pasar al menos siete días en el mar, “descansan y al día siguiente juegan con lo primero que encuentren”.
El estado de salud una vez en tierra está condicionado por las primeras 72 horas, que en el caso de las últimas llegadas “tampoco han sido las óptimas”. “Hemos visto incluso como hay personas que pasan varios días en el muelle de Arguineguín”, recuerda. Más de un centenar de personas llegadas a finales de agosto han pasado más de seis días en este puerto a la espera de plazas de acogida disponibles.
La habitabilidad de los espacios acondicionados es determinante para la evolución del estado de salud de los migrantes. “La nave del Puerto de Las Palmas no reúne las condiciones. Personas que han estado incluso diez días en el mar no pueden asearse porque solo cuentan con baños químicos. En un primer momento tampoco había camas”, señala el doctor Martín Castillo. El pediatra insiste en que en las próximas semanas las embarcaciones seguirán llegando, en especial en estas fechas por el estado del mar. Ante esto, las Islas deben prepararse para una acogida digna: “Necesitamos espacios donde se puedan cumplir los aislamientos adecuados, donde se pueda prestar una asistencia ordenada y donde no se junten en un mismo centro personas de distintas pateras para no entorpecer los distintos periodos de cuarentena”, propone. “También necesitamos solidaridad para que las personas puedan alcanzar el libre movimiento hacia la Península y hacia Europa, con sus familias. Así como solidaridad entre islas para evitar hacinamientos y posibles nuevos brotes”.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha añadido complicaciones a la gestión migratoria en Canarias. En los últimos días, la Consejería de Sanidad ha registrado al menos tres brotes en centros de acogida para migrantes. El mayor en la Casa del Marino, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se notificaron 37 positivos el jueves. En este espacio permanecen además “en condiciones de hacinamiento”, según ha publicado la Cadena SER, otros migrantes que han dado negativo. Un segundo brote se ha localizado en Fuerteventura, con doce positivos vinculados a la llegada de una patera, como también ha sucedido en Agüimes, con tres casos. El Gobierno autonómico practica pruebas PCR a todas las personas que llegan por esta vía al territorio canario. Los brotes vinculados a la inmigración en la comunidad autónoma suponen un 3% del total, ya que de los 97 confirmados hasta el momento, 94 se han registrado en otros entornos como el familiar o el laboral.
La ruta que precede a las llegadas
El número de personas que ha sobrevivido a esta ruta, la más peligrosa para alcanzar Europa, gira en torno a 4.266 en lo que va de año, según los datos del Ministerio del Interior acumulados hasta el 31 de agosto, sumando las últimas embarcaciones registradas en las Islas en los primeros días de septiembre. De ellos, el Gobierno de Canarias ha contabilizado en torno a 768 menores no acompañados. La mayor parte del flujo se concentra en Gran Canaria, que corre el riesgo, según el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales (NC), de convertirse en una “isla cárcel” ante los obstáculos en las derivaciones en la Península, que han conducido a personas a cumplir más de nueve meses en espacios de acogida.
El “colapso” en tierra firme sucede a las tragedias que se sufren en el mar. Según datos de Caminando Fronteras, solo en agosto 127 personas murieron o desaparecieron en la ruta atlántica. Al menos veinte personas fallecieron en dos días tratando de alcanzar las costas canarias. La Guardia Civil recuperó quince cadáveres de un cayuco localizado al sur de Gran Canaria, y el Servicio Aéreo de Rescate localizó a otras cuatro a 100 millas de la isla. Ese mismo mes, diez personas naufragaron en Dajla (Sáhara Occidental) y siete murieron frente a Tarfaya (Marruecos). El 6 de agosto, el hambre y la sed acabaron con la vida de 27 personas en una patera a la deriva localizada en Nuadibú (Mauritania). Una lancha neumática con 63 personas a bordo buscada durante tres semanas también se dio por desaparecida ese mismo día.
El colectivo del que forma parte Helena Maleno sostiene que, pese a que la ruta canaria se ha intensificado desde 2019, la descoordinación entre países emisores y receptores continúa, ya que “están más centrados en el control migratorio que en la protección de la vida”. Los trabajadores de Salvamento Marítimo también se han sumado en lo que va de año a estas quejas, ya que en ocasiones es un solo tripulante el que debe encargarse de rescatar a grupos que pueden superar el centenar de personas: “Un rescate es gente gritando cuando se acerca el barco de Salvamento, saltando al océano sin saber nadar, mujeres cayendo al agua y personas pisando a niños por subir a cubierta”, describió a este medio Ismael Furió, secretario de organización del sector mar y puertos de la Confederación General de Trabajo (CGT).
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