El Consejo de Ministros aprobó este jueves el Real Decreto Ley de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, que cambia el sistema de venta individual por el centralizado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la nueva norma establece “las medidas de comercialización de los derechos y los criterios para la distribución de los ingresos entre los organizadores” y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, comentó que pretende también “garantizar la viabilidad de los equipos, el equilibro de la competición y apoyar al deporte aficionado”.
“Se trata también de consolidar mercados audiovisuales que tienen en España un desarrollo muy limitado, como la televisión de pago, y de mejorar los mecanismos económicos de control financiero de los clubes, ya que el conjunto de deuda que acumulan supera los 3.000 millones de euros. Los mayores acreedores son los bancos pero también Hacienda y la Seguridad Social con más de 600 millones de euros entre los dos”, explicó.
Para justificar la norma el ministro comparó los 800 millones de euros de ingresos que por este concepto obtuvo la Liga española en la temporada 2013-2014, frente a los 1.875 de la Liga inglesa y los 846 millones de la italiana; recordó que solo España no tenía regulada esta materia como ocurre en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania y se refirió al “enorme desequilibrio de los ingresos entre los participantes”
“El 45% de los ingresos se reparten 4 equipos, incluso el 33% 2 equipos y el ratio entre el que más ingresos obtenía y el que menos era totalmente anómalo en el contexto europeo”, señaló antes de detallar la forma de reparto de ingresos entre clubes de Primera y Segunda.
Según dijo, “la mitad de los ingresos se distribuirá entre todos los clubes de cada categoría a partes iguales y el resto, 50% en Primera y 30% en Segunda, en función de los resultados deportivos -las últimas 5 temporadas en Primera y la última en Segunda- y la implantación social”.
El nuevo modelo establece también porcentajes que los clubes deben ceder para objetivos sociales, centrados en la promoción del fútbol aficionado y el femenino, más una cantidad para la solidaridad y conseguir una mejor inserción laboral de los deportistas de alto nivel y su afiliación como trabajadores autónomos.
Se destinará un 3,5% para los equipos que desciendan de categoría; un 1% para la Liga de Fútbol Profesional (LFP), un 2% para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) -si se explota conjuntamente la Liga y la Copa del Rey- y un 1,5% para deportistas de alto nivel y fútbol no profesional (2ª B y fútbol femenino).
El ministro señaló que con los cambios se espera “un aumento de los ingresos nacionales, que alcance los mil millones de euros en un plazo razonable y los internacionales entre 400 y 500 millones de euros”, además de “mejorar la competencia, ensanchar los mercados de televisión y el control económico de acuerdo al juego limpio financiero de la UEFA”.
La implantación del sistema está prevista para la temporada 2016-2017, aunque se contemplan mecanismos para su anticipación.
Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, mostró su satisfacción por la aprobación del Real Decreto Ley, que calificó como “una medida histórica, necesaria para el fútbol español, que de esta forma tendrá un campeonato competitivo y no se alejará del nivel de las grandes Ligas del sector en Europa”.
Por su parte, el presidente de la LFP, Javier Tebas, consideró que la normativa permite que “nazca una nueva Liga, que se desarrollará de forma imparable para igualar y superar” a sus competidores“ con una medida ”necesaria para el desarrollo y crecimiento“ del ”sector“ del fútbol profesional español.