Alba y Rosell

Hace unas pocas fechas, escribimos en nuestro muro de facebook, a raíz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenaba al juez Salvador Alba, en su obsesión confabuladora contra la magistrada Victoria Rosell, como autor de delitos de cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial: “Qué poco edificante para la justicia que un juez vaya a prisión”. Lo es, aunque los más constructivos encuentran la salida de que lo ocurrido sirve para demostrar que el sistema, o la administración de justicia -tan mal considerada- funciona. O que no escapa nadie, ni los jueces.

Al juez Alba le han caído seis años y medio de prisión y dieciocho años de inhabilitación (cabe dudar que vuelva a ejercer), así como a indemnizar a su colega con sesenta mil euros por los daños morales ocasionados. No, por muy bien que esté planteada la apelación, por mucho que la sentencia sea desmenuzada y revisada, la naturaleza de los delitos cometidos revela un modo de conducirse del juez Alba bastante cuestionable e inaceptable.

Es un episodio triste y vergonzante en la historia de la Justicia democrática española y del TSJC en particular. Lo ocurrido, con las connotaciones políticas del caso, precisaba de una resolución contudente.

Porque Victoria Rosell se vio, en su momento, sensiblemente perjudicada. Recordemos que la diputada de Unidas Podemos por la provincia de Las Palmas tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera una querella que el ex ministro popular José Manuel Soria había presentado contra ella, apoyándose en un informe de Alba que ahora ha sido declarado falso. Soria, como se sabe, tuvo que dimitir al año siguiente. Una red de sociedades en paraísos fiscales tenía la culpa.

A Rosell le abrieron en su momento un expediente disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, tras una denuncia interpuesta por un abogado a raíz de unos hechos ocurridos en noviembre de 2014, determinantes de una recusación por supuesta intervención de la juez en un procedimiento judicial por presunto fraude fiscal que la mayoría de los miembros de la Comisión Disciplinaria del Consejo consideró que no fue acreditado acreditada.

En mayo de 2017, escribíamos que la juez salía del laberinto. Ahora, recuperado ese escaño en la cámara baja, tiene razones para el talante desenvuelto con que se comportó en la siempre difíci prueba de Wyoming, en El Intermedio (La Sexta). Seguro que han sido años de sacrificio, de incertidumbre y de inestabilidad, tanto en lo profesional como en lo personal y familiar. Demostró no arrugarse cuando vinieron mal dadas. La metieron en una jungla, en uno de esos laberintos que no tiene fácil salida y en el que se corren riesgos de perder la carrera.

Pero la verdad, la sensatez, la rectitud siempre terminan imponiéndose.

Hace unas pocas fechas, escribimos en nuestro muro de facebook, a raíz de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenaba al juez Salvador Alba, en su obsesión confabuladora contra la magistrada Victoria Rosell, como autor de delitos de cohecho, prevaricación y falsedad en documento oficial: “Qué poco edificante para la justicia que un juez vaya a prisión”. Lo es, aunque los más constructivos encuentran la salida de que lo ocurrido sirve para demostrar que el sistema, o la administración de justicia -tan mal considerada- funciona. O que no escapa nadie, ni los jueces.

Al juez Alba le han caído seis años y medio de prisión y dieciocho años de inhabilitación (cabe dudar que vuelva a ejercer), así como a indemnizar a su colega con sesenta mil euros por los daños morales ocasionados. No, por muy bien que esté planteada la apelación, por mucho que la sentencia sea desmenuzada y revisada, la naturaleza de los delitos cometidos revela un modo de conducirse del juez Alba bastante cuestionable e inaceptable.