Argentina y la impunidad

La dictadura militar argentina tiene sobre sus espaldas unos 30.000 desaparecidos y muertos, pero la represión semi oficial se reactivó antes, con el primer atentado terrorista de la Triple A. Todavía vivía Perón, pero fue después de su muerte cuando adquirió relevancia, ya bajo el mandato de Isabel (1974/1976). La Triple A fue una organización paramilitar de la extrema derecha, verdaderos escuadrones de la muerte, creada por represores ligados al ministro José López Rega. El periodista Ignacio González Janzen reveló que esta organización cometió más de 2.000 homicidios políticos. El juez Héctor Acosta solicita ahora el regreso de la viuda de Perón para procesarla por algunos de ellos.Hay quienes piensan que este tipo de juicios deben evitarse en beneficio de la buena salud de la memoria selectiva y la reconciliación nacional, y porque además sirven para bien poco. Pinochet, por ejemplo. Pero sucede que mientras los asesinos de entonces anden sueltos, los ciudadanos corren serios peligros hoy. Que le pregunten, si sigue vivo, a Julio Jorge López, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 18 de septiembre. Fue secuestrado por primera vez en octubre de 1976, permaneciendo durante casi tres años en centros clandestinos de detención a cargo de Miguel Etchecolatz, entonces director policial de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires. López fue sometido a torturas, presenció fusilamientos y tuvo el valor de señalar al verdugo Etchecolatz ante los tribunales.Ha vuelto a “desaparecer”, seguramente como castigo por su audacia y porque López y otros testigos del sufrimiento pensaban denunciar a más represores. Hay juicios pendientes. Apenas un 5% de los protagonistas de la represión salvaje están presos y el 95% restante sigue gozando de libertad e impunidad. Liquidar a este testigo sirve para asustar a los demás. El Gobierno argentino debe asumir la responsabilidad de proteger a los testigos de procesos contra los terroristas de la dictadura militar y, desde luego, avanzar en las investigaciones contra los responsables de la Triple A. El caso de Jorge Luis López ha desatado una campaña en Argentina y en otros países para conseguir su reaparición con vida. Posiblemente, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) tome cartas en el asunto, tras la petición formulada por miembros de organizaciones españolas respaldados inicialmente por más de 2.200 firmas.¿Puede procesarse a María Estela Martínez por violaciones de los derechos humanos en Argentina? Responde Esteban Cuya, de la Coalición contra la Impunidad: “La orden firmada por la viuda de Perón en 1975, de ‘eliminar a la subversiónÂ’, ofreció un marco legal para los actos ilegales que cometían los escuadrones de la muerte organizados por López Rega, que en corto tiempo asesinó a dirigentes barriales, sindicales y estudiantiles, entre otros (Â…). Ya en estos meses se gestó el Estado totalitario (Â…) Por todo esto considero que existe una responsabilidad penal de la señora Martínez de Perón en los dos casos concretos que se le acusa, como también del genocidio cometido por las juntas militares entre 1976 y 1983”. Dicho queda.

Rafael Morales

La dictadura militar argentina tiene sobre sus espaldas unos 30.000 desaparecidos y muertos, pero la represión semi oficial se reactivó antes, con el primer atentado terrorista de la Triple A. Todavía vivía Perón, pero fue después de su muerte cuando adquirió relevancia, ya bajo el mandato de Isabel (1974/1976). La Triple A fue una organización paramilitar de la extrema derecha, verdaderos escuadrones de la muerte, creada por represores ligados al ministro José López Rega. El periodista Ignacio González Janzen reveló que esta organización cometió más de 2.000 homicidios políticos. El juez Héctor Acosta solicita ahora el regreso de la viuda de Perón para procesarla por algunos de ellos.Hay quienes piensan que este tipo de juicios deben evitarse en beneficio de la buena salud de la memoria selectiva y la reconciliación nacional, y porque además sirven para bien poco. Pinochet, por ejemplo. Pero sucede que mientras los asesinos de entonces anden sueltos, los ciudadanos corren serios peligros hoy. Que le pregunten, si sigue vivo, a Julio Jorge López, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 18 de septiembre. Fue secuestrado por primera vez en octubre de 1976, permaneciendo durante casi tres años en centros clandestinos de detención a cargo de Miguel Etchecolatz, entonces director policial de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires. López fue sometido a torturas, presenció fusilamientos y tuvo el valor de señalar al verdugo Etchecolatz ante los tribunales.Ha vuelto a “desaparecer”, seguramente como castigo por su audacia y porque López y otros testigos del sufrimiento pensaban denunciar a más represores. Hay juicios pendientes. Apenas un 5% de los protagonistas de la represión salvaje están presos y el 95% restante sigue gozando de libertad e impunidad. Liquidar a este testigo sirve para asustar a los demás. El Gobierno argentino debe asumir la responsabilidad de proteger a los testigos de procesos contra los terroristas de la dictadura militar y, desde luego, avanzar en las investigaciones contra los responsables de la Triple A. El caso de Jorge Luis López ha desatado una campaña en Argentina y en otros países para conseguir su reaparición con vida. Posiblemente, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) tome cartas en el asunto, tras la petición formulada por miembros de organizaciones españolas respaldados inicialmente por más de 2.200 firmas.¿Puede procesarse a María Estela Martínez por violaciones de los derechos humanos en Argentina? Responde Esteban Cuya, de la Coalición contra la Impunidad: “La orden firmada por la viuda de Perón en 1975, de ‘eliminar a la subversiónÂ’, ofreció un marco legal para los actos ilegales que cometían los escuadrones de la muerte organizados por López Rega, que en corto tiempo asesinó a dirigentes barriales, sindicales y estudiantiles, entre otros (Â…). Ya en estos meses se gestó el Estado totalitario (Â…) Por todo esto considero que existe una responsabilidad penal de la señora Martínez de Perón en los dos casos concretos que se le acusa, como también del genocidio cometido por las juntas militares entre 1976 y 1983”. Dicho queda.

Rafael Morales