Brecha digital y transparencia

En el Pleno del Parlamento de Canarias que se ha celebrado el día 19 de julio, ya con los calores propios del verano y antes de cerrar este periodo de sesiones, compareció en el hemiciclo el comisionado para la transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, para dar cuenta de su primer informe anual referido al ejercicio 2015. Es la primera vez en nuestro país que comparece un comisionado ante un Pleno del Parlamento para dar cuenta de su gestión, hacer un balance de la puesta en marcha de toda la política de transparencia y enumerar las dificultades que en una materia tan novedosa es lógico que comiencen a aparecer en los momentos iniciales de su arranque práctico. Canarias ha sido pionera en la puesta en marcha de los mecanismos propios de la transparencia en la gestión pública. Un empeño decidido del PSOE que impulsó en la anterior legislatura a través de la ley de 12 de diciembre de 2014 de transparencia y acceso a la información que es el arranque legislativo en esta materia en nuestras islas y que está desarrollando en esta con la puesta en marcha en el pasado mes de febrero del nuevo portal de transparencia. Todo ello tras la aprobación a nivel nacional de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que puso a España en el mapa de la transparencia puesto que hasta ese momento era el único país de la UE que aún no había desarrollado una normativa sobre el derecho al acceso a la información y la transparencia.

El informe del comisionado dejó algunos datos interesantes y que desde luego merecen una reflexión. Desde el alto grado de incumplimiento de las administraciones canarias obligadas a facilitar los datos sobre la aplicación de la normativa sobre transparencia, de 96 administraciones solo respondieron 37, hasta la ausencia de portales de transparencia a poner en marcha aun por parte de algunas administraciones locales muy importante de nuestras islas.

Al margen de lo expuesto, en mi intervención en el Pleno al respecto de la comparecencia del comisionado quise poner el foco sobre una cuestión que en mi opinión merece una reflexión y la adopción de medidas para corregirlo y así garantizar el acceso de todos los ciudadanos a estas nuevas herramientas, y por tanto el ejercicio pleno de los derechos que se derivan del nuevo marco legal sobre transparencia y acceso a la información. Esta reflexión se centra en el hecho de que toda la estructura sobre el ejercicio del derecho al acceso a información y transparencia rota sobre herramientas digitales y el uso de las mal llamadas nuevas tecnologías. Es un mundo del de la transparencia cuya puesta en práctica, después de detallar derechos de ciudadanos y obligaciones de las administraciones, se centra en el mundo digital. Son los portales de transparencia de las distintas administraciones las herramientas en las que los ciudadanos y las administraciones se encuentran, y el hecho indiscutible es que, aunque cada vez más generalizado aun el acceso a internet y a las nuevas formas de comunicación y herramientas tecnológicas, generan en nuestra sociedad una brecha digital, corriendo el riesgo de que el mundo de la transparencia y el acceso a la información no llegue a todos. Canarias sigue estando por debajo de la media nacional y europea en cuanto al acceso a fibra óptica, existe más de un 25% de hogares sin acceso a internet, y una buena parte de la población sigue estando fuera del mundo digital por circunstancias sociales o generacionales. Y esta fue la preocupación que trasladé como diputado en el Parlamento en la última sesión plenaria. El riesgo de que esta conquista en cuanto al control de las administraciones en su gestión por parte de los ciudadanos y el ejercicio del derecho al acceso a la información desarrollado a través de la normativa sobre transparencia, genere una nueva brecha entre ciudadanos. Que la brecha digital se convierta en una brecha sobre la transparencia. Que una vez más condicionantes sociales, económicos, territoriales incluso por la dificultad del acceso a la fibra óptica, o generacionales deje fuera a un porcentaje significativo de ciudadanos. Canarias ha sido pionera y ejemplo en la puesta en marcha de estos mecanismos, hagamos ahora posible que todos lo disfrutemos en condiciones de igualdad.

En el Pleno del Parlamento de Canarias que se ha celebrado el día 19 de julio, ya con los calores propios del verano y antes de cerrar este periodo de sesiones, compareció en el hemiciclo el comisionado para la transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, para dar cuenta de su primer informe anual referido al ejercicio 2015. Es la primera vez en nuestro país que comparece un comisionado ante un Pleno del Parlamento para dar cuenta de su gestión, hacer un balance de la puesta en marcha de toda la política de transparencia y enumerar las dificultades que en una materia tan novedosa es lógico que comiencen a aparecer en los momentos iniciales de su arranque práctico. Canarias ha sido pionera en la puesta en marcha de los mecanismos propios de la transparencia en la gestión pública. Un empeño decidido del PSOE que impulsó en la anterior legislatura a través de la ley de 12 de diciembre de 2014 de transparencia y acceso a la información que es el arranque legislativo en esta materia en nuestras islas y que está desarrollando en esta con la puesta en marcha en el pasado mes de febrero del nuevo portal de transparencia. Todo ello tras la aprobación a nivel nacional de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que puso a España en el mapa de la transparencia puesto que hasta ese momento era el único país de la UE que aún no había desarrollado una normativa sobre el derecho al acceso a la información y la transparencia.

El informe del comisionado dejó algunos datos interesantes y que desde luego merecen una reflexión. Desde el alto grado de incumplimiento de las administraciones canarias obligadas a facilitar los datos sobre la aplicación de la normativa sobre transparencia, de 96 administraciones solo respondieron 37, hasta la ausencia de portales de transparencia a poner en marcha aun por parte de algunas administraciones locales muy importante de nuestras islas.