La valla de Melilla mide aproximadamente 10 metros y tiene una longitud de aproximadamente 12 kilómetros. Altura y extensión suficiente como para dificultar a cualquier ser humano su escalada y éxito en traspasar tal amasijo de hierros cortantes. Es una frontera, un límite entre lo políticamente europeo y africano. Y también ha sido el máximo exponente de la brutalidad policial en las últimas fechas. Curiosamente en Europa estos días se han abierto fronteras por el este, pero sin embargo por el sur, la humanidad no ha cobrado el mismo sentido.
El caso de George Floyd en Estados Unidos, los mencionados abusos en la valla, el caso de Wubi en Catalunya, la muerte de Jonathan Carrillo, la brutalidad contra Elhadji en Pamplona, la misteriosa pérdida de Emad Efrrali en Algeciras… todos estos casos comparten en común la brutalidad e impunidad policial. Un terrible problema de carácter mundial que combina racismo institucional con injusticia de estado.
Por eso estamos ante una revolución pendiente, la de lograr unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sin miedo a limpiar aquellos elementos que alejan al cuerpo de ser considerado ejemplar. Se trata también de aclarar más de 570 casos de brutalidad policial en los últimos 20 años, tal como acredita la ONG SOS Racismo. De todas esas situaciones, solo 4 agentes fueron condenados en la vía penal.
En Estados Unidos cada vez cobra más importancia el movimiento Defund The Police. Su principal objetivo no es la desaparición de la policía, sino que se aborde de manera integral la formación policiaca y que los sesgos étnicos o políticos se puedan corregir a través de la concienciación. Pero no solo se queda en ese aspecto, sino que también propone la necesidad de reducir el gasto en seguridad, para poder aumentarlo en cuestiones sociales que permitan reducir las problemáticas asociadas a la inseguridad.
¿Supone mayor seguridad un mayor número de policías? ¿Es correcto afrontar los problemas sociales mediante reformas policiales? ¿Es reformable la actual concepción policíaca? Son preguntas de difícil resolución. Pero la gran cuestión es si la policía es el cuerpo más adecuado para resolver todas las situaciones comprometidas. Un problema de salud pública como las drogas, tal vez debería recaer en autoridades relacionadas con la salud pública. Los problemas relacionados con la salud mental, si se tratasen con más recursos desde sanidad, probablemente tendrían menos incidencia en llamadas a la policía.
Aunque Chicago quede lejos de nuestro territorio, bien vale como ejemplo de nuestro mundo neoliberal en la agenda de prioridades. Su gasto en salud mental para servicios a la comunidad es de 10’5 millones de dólares al año. Su cuerpo de policía, gasta esa misma cifra en dos días.
La legitimidad es un arma más poderosa que cualquier pistola. Y sería interesante que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pudieran recuperarla cuanto antes. Probablemente porque el camino hacia una policía más preventiva y menos reactiva es o debería ser imparable. Y una vez en este punto, también sería de adecuada reflexión pensar si es posible hacer políticas sociales con policías. Si un cuerpo destinado al control y el cumplimiento de la ley, no es productivo ejecutor en la traducción de la violencia estructural a la violencia directa.
Decía la socióloga italiana Tamar Pitch que “la seguridad es patrimonio de las derechas, no declinable por parte de la izquierda”. Por lo tanto, este necesario cambio no tiene tanto que ver con cambios políticos, sino con cambios de paradigma profundos. De esos que se labran en las calles y en movimientos de base con repercusión en medios de comunicación, capaces de afianzar cambios sociales de calado.
Gabriel Rufián escribió un tweet al ver la serie Antidisturbios y la calificó como documental. Algunos sindicatos policiales la calificaron como “porquería”. Las imágenes de estos últimos días en Melilla vuelven a poner el debate encima de la mesa. Y la revolución pendiente vuelve a surgir.